El blog jurídico de Sepín

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” Corintios 11:14

Y de prestar un servicio se pasa… si es esencial e insustituible, a la decisión, al poder.

En un duelo soterrado (o no tanto) en que las megaempresas tecnológicas de GAFAM[1] mantienen un pulso con las instituciones públicas que ha llevado incluso a que el demócrata David Cicilline, presidente del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en julio de 2020, donde se llevó a cabo la audiencia de los presidentes ejecutivos de Apple, Amazon, Google y Facebook, apelara con vehemencia a las esencias estadounidenses para defender la necesidad de poner límites al poder de las grandes tecnológicas. Tras recordar en su intervención inicial que “Nuestros padres fundadores no se inclinaron ante un rey”, que “tampoco nosotros debemos inclinarnos ante los emperadores de la economía digital”.

Cuando uno entra en una sala de mediación por primera vez, se dará cuenta de que, junto a la pregunta, figura otra herramienta estrella de comunicación: el silencio.

Resulta paradójico que la “ausencia de hablar”, tal como lo define la RAE en su primera acepción, o “la ausencia de ruido” como segundo significado, tenga tanta repercusión en un espacio que fomenta el diálogo, y lo estructura para poder encontrar soluciones a problemas que en un principio parecían imposibles de resolver, pero es que el silencio “habla” por sí mismo, y si no, que se lo pregunten a César cuando lanzó su pregunta «¿Tú también, Bruto?«, o cuando Napoleón dirigiéndose a sus generales en la batalla de Waterloo les preguntó «¿Creéis que ganaremos?«.

En los últimos años el espacio digital ha ocupado un papel protagonista en la comisión de hechos delictivos, dando lugar a una nueva forma de delinquir: “la ciberdelincuencia”. Esta forma de cometer delitos incide en cuestiones esenciales como la autoría, la acción, el objeto, el tiempo, el lugar y las consecuencias jurídicas.

En este artículo nos referiremos concretamente al “lugar de comisión del delito” mediante el uso de las redes sociales, a través del estudio de la STS 547/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1152509), la interesantísima reflexión de la Fiscalía y el voto particular.

Por fin el legislador reconoce que la reforma llevada a cabo en el Código Penal en el año 2019 supuso un sistema perjudicial para las víctimas de accidentes de tráfico, y por ello mediante la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, ha modificado el Código Penal (CP) en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y ha pretendido fijar determinados supuestos en los que la imprudencia merecía un reproche penal y que se analizan en este post.

El principio de relatividad de los contratos determina que los efectos del negocio contractual, solo se producen entre las partes intervinientes o sus herederos y tiene su plasmación normativa en el artículo 1257 Código Civil, que establece lo siguiente:

La Dirección General de la Seguridad Jurídica y la Fe Pública ha admitido la validez de las cláusulas por las que se permite la división, segregación, agrupación o agregación de elementos privativos sin necesidad de consentimiento de la junta de propietarios.  Pero en aquellos casos en que dicha cláusula no esté incorporada a los Estatutos, ¿cómo podemos dividirlo?

La solución radica en el artículo 10.3. b), por el que se establece la mayoría suficiente de 3/5 para modificar cuotas de participación de un régimen de propiedad horizontal, circunscribiéndose a un acto concreto: "la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte”

En anteriores publicaciones ya hemos tratado en Sepín la suspensión de vista por enfermedad de Letrado. Sin embargo, en este post nos vamos a centrar en la suspensión de vista por enfermedad de la Letrada, en concreto, el periodo de menstruación de esta cuando como consecuencia del mismo se produce la dismenorrea.

El objetivo de la nueva Ley 13/2022, de 7 de Julio, General de Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA), que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1808, de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es únicamente regular, como cabría esperar, la prestación de los servicios de comunicación audiovisual lineales, constituidos básicamente por los servicios radiofónicos y televisivos tradicionales (que se prestan para el visionado/audición simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación), sino que también normaliza por primera vez los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición o televisivos no lineales, es decir, los que se prestan para el visionado de programas en el momento elegido por el espectador sobre la base de un catálogo (donde se engloban las llamadas plataformas de “streaming”, como Movistar, Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+, entre otras.

Nuestro Código Civil regula el derecho de propiedad en el art. 348, en el que establece que «es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla«.

En este post analizamos las cinco acciones principales que el ordenamiento jurídico concede al propietario o al poseedor para la protección de su derecho y que son: la acción declarativa de dominio, la acción reivindicatoria, la de deslinde, la negatoria de servidumbre y la acción de tutela de la posesión.

I. Introducción y estructura

Ya lo decía el anuncio de unos grandes almacenes, en un loable (aunque en ocasiones, vano) esfuerzo por fomentar el entusiasmo de los más pequeños por la vuelta a las aulas: “volver a empezar, otra vez”. Sin embargo, esta vuelta al “cole” pretende ser más movida e intensa de lo habitual y, además, parece que deberemos habituarnos a incorporar “nuevos amigos”. El nuevo año judicial trae consigo nuevas normas que pretenden suponer un antes y un después en la tradicional concepción de los delitos sexuales que se ha manejado, hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico. De forma prácticamente paralela a los discursos que se pronunciaban en el salón de plenos del Tribunal Supremo por parte de S. M. El Rey, el presidente del CGPJ o el Fiscal General del Estado, el Boletín Oficial del Estado publicaba el que ha venido siendo, en términos normativos, el “buque insignia” de los proyectos legislativos impulsados por el departamento ministerial de Igualdad que dirige Irene Montero: la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (SP/LEG/38227) (en adelante, LOGILS).

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 692/2022, de fecha 22/07/2022, recaída en el Recurso nº 701/2021[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la empleadora (titular del hogar familiar) frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Asturias nº 1762/2020, de fecha 20/10/2020, recaída en el Recurso nº  1051/2020[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se desestima el recurso de tal clase interpuesto por la trabajadora y se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, de fecha 30/01/2020, en los Autos nº 475/2019, en la que se desestimaba la demanda interpuesta frente a su empleadora por despido.

Decía Víctor Hugo que lo difícil no era ser bueno, que lo difícil era ser justo. Con la reforma de la Segunda Oportunidad sucede algo parecido, con el antecedente que teníamos en la Ley Concursal no era difícil hacer una ley buena, ya que partíamos de una ley que era en principio aceptable, lo difícil era reformar una ley buena para hacer una ley que también fuera justa. En la que ahora se ha aprobado no se ha conseguido.

La sentencia TS, Sala 1.ª, de lo Civil, Pleno, 579/2022, de 26 de julio (SP/SENT/1155337) vuelve a constituir un nuevo ejemplo de cómo el TJUE pide a nuestro Alto Tribunal una postura más ajustada a la Jurisprudencia comunitaria en una materia como la abusividad de las condiciones generales de la contratación, en contratos de adhesión seriados, que las entidades financieras suscriben con los consumidores y que tantísima repercusión y polémica generan y me temo, seguirá generando.

En el ámbito de los arrendamientos urbanos, no cabe duda de que las crisis económicas provocan un enorme desequilibrio en la relación arrendaticia ante la falta de pago de la renta por parte de los arrendatarios, lo hemos comprobado con la crisis sanitaria por la COVID-19, y actualmente por la guerra Rusia-Ucrania.

Ante estas situaciones, el Gobierno ha ido dictando numerosa normativa con efectos de paliar este grave problema, recordando que la vivienda es un bien de primera necesidad, estableciendo para ello medidas extraordinarias en numerosos Reales Decretos, continuando algunas en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022; por otra parte, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, igualmente fue aprobado el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, con otro paquete de medidas, que se han prorrogado por Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, ante los datos de la inflación.

I. Introducción

A punto de tomarnos las esperadas vacaciones y cuando ya pensábamos que la actividad legislativa nos daba un respiro hasta septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba “in extremis”, el viernes 29 de julio, una nueva Ley Orgánica, la número 9/2022, de 28 de julio (SP/LEG/38026), relevante desde el punto de vista penal, pues como asunto principal recoge una serie de reglas, como indica su propio título, a fin de facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.

Ante la existencia de una deuda en ocasiones nos consultan acerca de cómo se producirá el embargo por la Administración y, en especial, qué parte de la nómina se verá afectada tras la reciente resolución del TEAC de 17 de mayo de 2022 en unificación de criterio.