Sobre esta cuestión tan interesante se pronuncia el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid, en su sentencia de 17 de junio de 2022.
En esta ocasión, vamos a tratar de perfilar la llamada prescripción adquisitiva o usucapión como modo de adquisición de un bien mueble cuando se ha estado en posesión del objeto durante un determinado plazo.
El pasado lunes, 20 de junio de 2022, se dictó la sentencia del TJUE que pone fin al conflicto existente en relación a la reclamación frente a la aseguradora derivada por el desastre del Prestige, entre España y U.K. resolviendo sobre el conflicto entre un laudo arbitral y una sentencia firme distada por distintos Estados miembros y de contenido incompatible entre ambas.
Es una alegría, para todos aquellos que nos dedicamos al mundo del derecho, cada vez que la Sala Primera del Tribunal Supremo proporciona respuestas y soluciones a problemas procesales abiertos desde hace años y que, ante el silencio legislativo ha dado lugar a soluciones jurisprudenciales muchas veces contrapuestas.
En los Boletines Oficiales de las Cortes Generales de 27 de mayo y 6 de junio de 2022 se han publicado una proposición y un proyecto de Leyes Orgánicas, aprobados para su tramitación por mayoría del Congreso de Diputados y que afectan directamente a los delitos contra la libertad sexual recogidos en el Título VIII del Libro II del Código Penal.
La recientemente publicada Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura SP/LEG/37672 nace con el objetivo de “promover vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad” y como un instrumento para consolidar “un nuevo modelo de transición económica, energética y ecológica que promueva una mayor inclusión y cohesión social”.
Marta López Valverde
Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro
El delito de impago de pensiones conlleva la reclamación de la deuda generada por esa falta de pago como responsabilidad civil, generando el debate de si nace del delito o es anterior a este. Así, la Sala Segunda, de lo Penal, en su sentencia 323/2022, de 30 de marzo el Tribunal Supremo, reitera la doctrina de que existen supuestos de obligaciones civiles (o de otro orden) no nacidas directamente de delito que, sin embargo, por declaración legal expresa o por virtud de una interpretación jurisprudencial sí cabe ejercitar en el proceso penal, se han recogido en este post los criterios del Alto Tribunal sobre diversas cuestiones que ha ido generando ese tipo penal regulado en el art. 227 del Código Penal, pues en esta categoría hay que situar las pensiones no satisfechas.
Podemos encontrar la definición del contrato de transporte de mercancías en el artículo 2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (SP/LEG/5733), que dispone en su apartado 1: “El contrato de transporte de mercancías es aquél por el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato”.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha marcado un hito al reconocer, por primera vez, la nacionalidad de origen a una persona nacida durante el tránsito migratorio a España, en una breve y concisa sentencia.
Las temidas reuniones comunitarias; a última hora de la tarde, de pie en el portal o en un espacio reducido, encontrarnos con el temido vecino, el que todo lo sabe hacer o el que mejor se conoce la legislación en todas las materias. Estas Juntas de propietarios que nunca se celebran en el momento oportuno de todos los comuneros, somos muchos y eso sería imposible, por eso, no entran dentro de nuestras prioridades y las dejamos pasar, aunque, como ya he expuesto en alguna otra ocasión, mi consejo es siempre la asistencia, (SP/DOCT/118810), ya que, en caso contrario, se dejará, en la mayoría de las ocasiones, que los asistentes decidan, pues si bien, en los acuerdos de mayorías cualificadas o unanimidad, en los supuestos contemplados en la regla 8 del artículo 17, se necesita contar con la totalidad de cuotas y propietarios por eso es necesario, una vez adoptado el acuerdo, comunicarlo a los ausentes que se entenderán que se adhieren al mismo si no manifiestan su voto en contra en el plazo de 30 días, en el resto de los acuerdos no será necesario contar con los ausentes, pero además incluso en los acuerdos en los que sí se necesita el voto de los que no están presentes en la Junta, el citado acuerdo ya existe, deberá salir de la Junta, por lo que únicamente se podrá ratificar o dejar sin efecto.
La sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 365/2022, de 4 de mayo (SP/SENT/1144020) se podría resumir del siguiente modo, concurre caducidad de la acción de anulabilidad del contrato de adquisición de PPR (participaciones preferentes) y obligaciones subordinadas porque el plazo de cómputo comenzó cuando los suscriptores del contrato de adquisición conocieron la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y la imposibilidad de recuperar la inversión. Tampoco se estima el otro motivo peticionado de resolución del mencionado contrato porque el deber de información, que pesaba sobre el banco, se produce en fase pre- contractual y no contractual.
La crisis originada por la COVID-19 hace más de dos años no cabe duda de que ha producido enormes efectos negativos ante la imposibilidad de los arrendatarios de hacer frente al pago de la renta, debido a la disminución de sus ingresos por la paralización de la actividad laboral y económica.
Cuando una mujer víctima (ella o sus hijos y/o hijas) de uno o varios actos de violencia doméstica o de género —entendiendo por esta la que lleva a cabo su pareja, expareja o persona unida o que haya estado unida a ella por análoga relación de afectividad— interpone una denuncia, debe realizarse por la policía o por la guardia civil una valoración de la situación objetiva de riesgo, según el Protocolo establecido al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad.
La ineficacia contractual se produce cuando un contrato o negocio jurídico deja de producir efectos, y entre sus causas es preciso distinguir una categoría de ineficacia inicial, que se refiere a la nulidad absoluta o de pleno derecho (cuando un contrato carece totalmente de efectos desde el mismo momento de su celebración) de la ineficacia sobrevenida, la cual puede derivar de la anulabilidad o nulidad relativa, la rescisión, o la resolución.
