El blog jurídico de Sepín

La redacción original del art. 1 de La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, establecía en el párrafo primero del apartado 1, que «hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la Ley, no procedía el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.»

La naturaleza de la extinción del condominio a través de la división ha sido controvertida por largo tiempo. En este artículo nos centraremos en analizar la división de la cosa común sobre la que pesa una prohibición de disponer voluntaria, es decir, aquella establecida por los propios condueños o por el anterior propietario en caso de adquisiciones a título gratuito (artículo 26.3 de la Ley Hipotecaria-SP/LEG/2396). Por tanto, dejamos fuera las prohibiciones legales, judiciales o administrativas, así como el pacto de indivisión entre comuneros del art. 400 del Código Civil (SP/LEG/2311). 

La disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha procedido a modificar ciertos preceptos de Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacaciones de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (SP/LEG/9661), concretamente, modifica el apartado 6 del artículo 23, el ordinal 3º del apartado 1 del artículo 30 y añade una disposición adicional primera y una disposición adicional segunda.

La utilización en exclusiva por uno de los propietarios de un inmueble, con la consiguiente imposibilidad para el resto de poder utilizar ese bien, es uno de los problemas más comunes que surge cuando estamos ante un inmueble de titularidad común entre varios copropietarios.

Cuando se produce la titulización de un crédito o préstamo hipotecario surge la duda de quién está legitimado para instar la ejecución hipotecaria (o en su caso, el proceso declarativo ordinario) frente al deudor hipotecario que no ha abonado el préstamo o el crédito, siendo la cuestión a determinar si, dicha legitimación, corresponde a la entidad acreedora hipotecaria que emite las participaciones o por el contrario, el legitimado activamente sería el fondo de titulización que es el titular de las participaciones hipotecarias.

La apuesta por los profesionales del sector inmobiliario por la construcción sostenible es firme. Esta no busca únicamente reducir el impacto ambiental, sino que también debe estar amparado por un marco fiscal. Es por ello que resulta urgente desarrollar en nuestro país, una política fiscal, en los marcos del derecho inmobiliario, que incentive este tipo de construcción verde.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en adelante, DGSJFP), en su resolución de 27 de febrero de 2024 (SP/SENT/1215329) ha examinado la cuestión relativa a si cuando existen dos hipotecas con el mismo rango y se produce la ejecución de una de ellas, ello implica que el titular de la otra hipoteca de igual rango y que no es objeto de ejecución, tiene derecho a que, el sobrante del precio de remate, se aplique al pago de su crédito de forma preferente a los titulares de las cargas posteriores.

El TJUE, con fecha de 25 de abril de 2024, ha dictado dos nuevas sentencias sobre el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios y el momento en que debe empezar el inicio del cómputo.

En el presente post, vamos a intentar aclarar los aspectos claves que se deben tener en cuenta cuando, un comprador de una vivienda en construcción ha entregado cantidades anticipadas al promotor y quiere solicitar su devolución a la entidad financiera en la que fueron ingresadas, cuando esta no ha exigido al promotor la apertura de la cuenta especial ni la contratación del aval o seguro, ya sea tanto en contratos firmados bajo el ámbito de aplicación, de la hoy derogada, Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, como en contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2016 y a los que son de aplicación la normativa establecida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, en la redacción dada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.