El Derecho a las visitas de los abuelos, a veces puede perturbarse por un malentendido o por una reacción inesperada. Esta perturbación puede ser resuelta por los Tribunales, pero también puede resolverse mediante una intervención mucho menos agresiva a través de la mediación familiar.
El protocolo de acoso laboral es un plan contra el acoso laboral que contempla aquellas medidas que son necesarias para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso laboral en la empresa, sea este acoso por razón de sexo, acoso sexual o acoso moral. Su objetivo es, por tanto, erradicar comportamientos nocivos que perjudican tanto a los trabajadores/as que los sufren como a la propia empresa, que es responsable del bienestar físico y psicológico de sus empleados.
Con base en la acertada e inteligente sentencia del Magistrado, José Luis Fortea Gorbe, Juzgado de lo Mercantil de Alacant n.º 4 de 5-9-2023 (no incluida en el cendoj) analizamos sus consideraciones en torno al papel que juegan las entidades de crédito -que los conceden a deudores personas físicas en situación de insolvencia- en la posterior generación de sobreendeudamiento, cuestión que no solo depende de la actuación económica, del deudor. Hablemos del crédito responsable.
Nuestro legislador esperó hasta el Real decreto 667/2015, de 17 de julio (SP/LEG/18142), por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados, para incluir una referencia a que todos los dispositivos de retención para niños que se utilicen a bordo de los vehículos deberán estar homologados, de acuerdo con las normas del Reglamento CEPE/ONU 44/03 o de la conocida como i-Size CEPE/ONU 129, en el que se recogen las últimas mejoras técnicas que deben cumplir esos dispositivos, disposición que ya se viene aplicando al haberse incorporado a nuestro ordenamiento a través de la normativa de industria que regula esta materia.
Hasta septiembre del año 2023 era posible conseguir la homologación de los sistemas de retención infantil atendiendo a estas dos normativas diferentes, pero a partir de septiembre del 2023 la norma ECE R129 es la única homologable en los 27 países miembros de la Unión Europea según estableció un nuevo reglamento, el 2022/1398.
Introducción
Desde el punto de vista del Derecho en general, el término “responsabilidad” al que hace referencia el art. 9.3 CE está referido al principio general de responsabilidad de los poderes públicos por el cual dichos poderes son responsables por los daños causados en el ejercicio de su actuación y, en consecuencia, se establece en el art. 106.2 CE el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
A día de hoy las redes sociales son una extensión de nuestra personalidad, y es raro encontrar a una persona sin algún perfil en alguna de ellas, incluso personas de más edad que a priori podrían estar más alejadas de estos entornos son estrellas en alguna plataforma.
La pretensión del Gobierno con la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, era solucionar o al menos mejorar el problema del alquiler de viviendas en España, ante su escasez y los precios desorbitados de los últimos años. Todo parece indicar que nada más lejos, los propietarios de viviendas para evitar el tan temido control de renta, los límites en la revisión de la renta, la ampliación de la duración con prórrogas extraordinarias y otras nuevas medidas incluidas en la Ley, han decidido cambiar el uso o destino de sus viviendas a otras modalidades que escapan a su regulación, como ya comentamos en otro post del blog de Sepín.
Un estudio del mercado del arrendamiento de temporada y del residencial, publicado por Idealista nos indica que el crecimiento de este tipo de alquileres se ha disparado durante el tercer trimestre, coincidiendo con el periodo tras la aprobación de la legislación en materia de alquileres, y la oferta ha aumentado un 39%. Por el contrario, en este mismo periodo, las viviendas en alquiler residencial que se rigen por la Ley de Arrendamientos urbanos han disminuido (-1%), acumulando una caída interanual del 12%.
La vinculación “ob rem” entre dos fincas se produce cuando existe una finca principal y una finca (o cuota de ella) accesoria, fincas que son independientes entre sí, pero entre las que existe un vínculo que las mantiene unidas, de tal forma que ambas fincas pertenecen al mismo dueño y esa titularidad no puede separarse, configurándose la titularidad dominical de una finca por referencia a la titularidad de la otra, a la que está conectada.
Sobre esta cuestión se pronuncia la interesante sentencia del TJUE de 26-10-2023 que comentamos, que tiene por objeto la interpretación de varios artículos (2, 4, 5 y 7) del Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
El desarrollo del presente ensayo requiere comenzar tratando de dar respuesta a una pregunta que ha sido objeto de discusión por gran parte de la doctrina. Sin embargo, la indeterminación propia de la respuesta constituye uno de los condicionantes más evidentes de la diaria lucha policial y judicial contra la violencia de género. Precisamente, es la necesidad de definir ese concepto, violencia de género, la que guía en última instancia las reflexiones que trataré de plasmar en las páginas siguientes.
De la propia definición de esta, Comunidad; conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses, hace que resulte preceptivo el consenso de sus componentes para cualquier acuerdo tendente a su regulación, además, en la Ley de Propiedad Horizontal, se determinan los quorum para la correcta adopción de los acuerdos.
Así, a estos efectos, habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 17 y 10.3.b) de la LPH, dónde se establecen las reglas a las que se han de someter estas decisiones comunitarias; un tercio, tres quintas partes, unanimidad o mayorías, estos son los porcentajes fijados por la Ley para cada supuesto, teniendo en cuenta que, en todos ellos, es necesario computar la doble mayoría, esto es, tanto de cuotas como de propietarios y que en algunos de estos casos, se ha contar no solo el voto de los propietarios presentes en la Junta sino también de los ausentes (SP/DOCT/108116), como señala la regla 8 del artículo 17.
El enriquecimiento injusto, en relación con los seguros, se recoge en el art. 26 de la Ley 50/1980 (SP/LEG/2685) de contrato de seguro, en el que se dice que este no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado.
Pero la cuestión es que normativamente no se define que se entiende por tal, y esto es fundamental, porque no es solo de aplicación en los seguros, sino que cabe su uso general, fuera de los contratos de seguro. Eso sí, de manera subsidiaria, en el sentido de que cuando la ley conceda acciones específicas no será válida su utilización (SAP Madrid, 1-7-2022, SP/SENT/1158638).
El pasado 23 y 24 de noviembre se celebró en Barcelona el V Congreso de Derecho de Consumo, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC) al que tuve el privilegio de poder asistir.
