Una vez más, ayer se entregaron los Premios AMMI que la Asociación Madrileña de Mediadores concede a aquellas personas o entidades que, o bien a través de una obra o trabajo concreto, o bien a lo largo de su trayectoria profesional, han contribuido al desarrollo y difusión de la mediación, aportando algún elemento capaz de acrecentar su implantación profesional y social.
Una de las novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre (SP/LEG/18524), consiste en un nuevo proceso, llamado “de aceptación por Decreto”, que se integra en el nuevo Título III bis [arts. 803 bis a) a 803 bis j)], dentro del Libro IV “De los Procedimientos Especiales” de aquella norma procesal penal, ubicado inmediatamente después de la regulación de los llamados “juicios rápidos”, y justo antes del también nuevo procedimiento de decomiso autónomo e intervención de terceros afectados por el decomiso.
La doble venta viene regulada en el art. 1.473 de nuestro CC y tiene lugar cuando una misma cosa es vendida por el mismo dueño a diferentes compradores. Cuando esta situación se produce, la propiedad se transferirá:
El frenesí legislativo vivido en los últimos meses nos ha puesto, en muchos momentos, los pelos de punta. Lo peor del caso es que no siempre han quedado cubiertas las expectativas ni las necesidades, por lo que se auguran próximas modificaciones que volverán a poner en jaque a toda la comunidad legal.
Pues efectivamente, en una de las muchas reformas que nos deja en herencia el Gobierno, se ha suprimido la responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados, en concreto mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que recoge en su preámbulo que dicho desaparición deviene por ser “escasísimamente utilizada en la práctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados públicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia.”. Los Cambios en mas de 100 artículos de la LOPJ se pueden examinar en el Cuadro comparativo, pero en este post nos centramos en esta especialidad.
Cada vez resulta más habitual que personas con débitos pendientes reciban cartas, faxes, burofaxes e, incluso, llamadas telefónicas de empresas de las que no han oído hablar nunca y con las que, por supuesto, no tienen vinculación contractual alguna, reclamándoles el abono de deudas pendientes. En ocasiones, estos requerimientos de pago suponen para el ciudadano un auténtico acoso. La situación se agrava cuando quien recibe esa presión en forma de requerimientos no es ya el titular de la deuda, sino la empresa para la que trabaja, sus padres, sus hermanos o hasta sus vecinos.
*NOTA:
La Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 143/2017, de 14 de diciembre, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos:
Los apartados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 4, el artículo 6, la disposición transitoria primera y la disposición final decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Declaración que se ha de extender a los apartados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 29 y el artículo 30, la disposición transitoria segunda y la disposición final primera del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en cuanto reproducen el contenido de los preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Dichos preceptos, fueron los que establecieron la normativa que regulaba el Informe de Evaluación de los edificios.
Ya hablamos en un post anterior sobre la nueva obligación que surgió como consecuencia de la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en relación a la necesidad de realizar un informe de evaluación de los edificios.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 11/11/2015, en la que se resuelve una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona mediante Auto de fecha 01/09/2014, cuyo objeto es la interpretación del artículo 1 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos.
La polémica está servida cuando hablamos de fotografías de menores en la red. Los conflictos van desde la negativa de uno de los progenitores a que se publiquen, hasta su utilización con otros fines, meramente informativos, publicitarios o incluso delictivos.
Cada vez existen más herramientas que nos facilitan la solución asuntos de nuestro día a día, las nuevas tecnologías nos han “invadido” y nos permiten y facilitan la participación en asuntos, como los relativos a nuestra comunidad de propietarios. Con la administración online tenemos una nueva forma de gestionar la comunidad, pero a día de hoy nuestra legislación aún no la contempla.
La reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, ha reformado la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/18525), con entrada en vigor el 6 de octubre de 2015. Entre sus cambios, uno de los más transcendentes es el que afecta al régimen de prescripción, al reducir el plazo general de las acciones personales, de 15 a 5 años. La Disposición Final Primera señala “Modificación del Código Civil en materia de prescripción”, reformando el art. 1.964, que en su apdo. 2 establece: “Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan«.
El 8 de noviembre entró en vigor el Reglamento que regula la solicitud de nacionalidad por residencia, que se publicó en el BOE del día anterior.
La publicación de una norma que desarrolla una Ley anterior no tendría nada de particular si no es por la ¿broma? que ha tenido en vilo durante casi un mes a peticionarios de este derecho.
Entre los cambios previstos para el próximo 1 de enero del 2016 habrá de estar al preceptuado por el art. 7.1 a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, al determinar que «las sociedades civiles con objeto mercantil pasarán a ser nuevos contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades«.
Cuando ya pensábamos que habían concluido la catarata de importantes reformas legislativas a que hemos sido sometidos durante los últimos seis o siete meses de legislatura, el BOE del sábado 31 de octubre pasado nos sorprendió a todos mientras ya nos encontrábamos iniciando los necesarios ejercicios de recuperación de nuestra respiración tras el agotamiento que hemos padecido efectuando la correspondiente mentalización y estudio de los distintos tramos de aquella intensa maratón normativa.
Nos llega una sentencia curiosa del mes de julio del TSJ del País Vasco, que planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial, origen de la polémica sentencia del TJUE de 23 de abril: “¿Los artículos 4.2, 4.3 y 6.1 de la Directiva 2008/115 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a una normativa como la nacional controvertida en el litigio principal y la jurisprudencia que la interpreta, que permite sancionar la situación irregular de un extranjero exclusivamente con una sanción económica que, además, resulta incompatible con la sanción de expulsión?”. El Tribunal vasco estima el recurso contencioso-administrativo que se planteó, revocando la resolución que impuso sanción de expulsión y la sustituye por una de multa en cuantía de 501 euros.
Saber quiénes pueden votar o cómo se computan las votaciones es una de las cuestiones fundamentales en este régimen, pues de ello dependerán los acuerdos comunitarios clave para el funcionamiento de las Comunidades. Por eso considero de interés destacar las reformas que a este respecto se han producido por la Ley 5/2015, de 13 de mayo.
