El blog jurídico de Sepín

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Cuando un particular realiza una obra  o inicia una actividad sin solicitar la oportuna y preceptiva autorización administrativa (ya sea en forma de licencia, declaración responsable o comunicación previa) o sin ajustarse a lo realmente autorizado, ya se imagina que, si la Administración llega a descubrirlo bien a través de una inspección de oficio por parte de sus técnicos (rara avis) o como consecuencia de alguna denuncia de otro ciudadano que se sienta perjudicado (obligatoria incluir en esta categoría, por mi experiencia profesional, al “vecino revanchista”), se verá obligado a legalizar la obra o actividad o, en el peor de los casos, a demolerla o cesarla, respectivamente.

El art. 1964.2 del CC, encargado de establecer el plazo de prescripción de las acciones personales, fue modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que supuso la primera actualización del régimen de prescripción contenida en nuestro Código Civil, que ha permanecido inalterable desde su publicación. Esta Ley, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015, redujo de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.

Pablo Juanico

Jurista, asesor jurídico y cofundador de A definitivas

La tecnología ya forma parte de nuestro día a día: para lo bueno y para lo malo. Su función principal, aquella para la que ha sido creada (pecando de buen pensar), es la de mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante, la realidad ha demostrado que otras de las funciones que ha traído consigo es el auge en la comisión de delitos, así como el perfeccionamiento de su modus operandi. Esta vertiente funcional da pie a lo que la doctrina viene calificando como delincuencia informática o ciberdelincuencia.

Roberto Guimerá Ferrer-Sama

Director de Sepín Penal. Abogado

Desde que el actual Gobierno de coalición iniciara su andadura han sido varios los anuncios de reformas penales que sucesivamente han ido trascendiendo a la opinión pública. La principal, el enésimo intento de creación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal (o “Ley Procesal Penal”) en la que, como elemento esencial, se traslada a los Fiscales la instrucción de los procesos penales. En estos instantes el texto del Anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública hasta el 28 de octubre de 2020.

Cuando una persona fallece, muchas son las dudas que les surgen a sus herederos, entre ellas las condiciones para poder conducir un vehículo del que fuera titular, ya que en dicha situación lo más probable es que no conste específicamente en el testamento, si lo hay, y no haya contrato de compraventa, ni donación, ni documento alguno que permita demostrar la transmisión para poder realizar el cambio de titular, por lo que podemos encontrarnos con las siguientes situaciones:

Félix López-Dávila Agüeros

Director de Sepín Derecho Inmobiliario

El aumento del fenómeno “okupa” que se estaba (y se está) produciendo en nuestro país, tuvo como consecuencia, que el Gobierno se viera en la necesidad de dictar o regular un nuevo cauce procesal, cuya finalidad principal fuera el conseguir que los propietarios pudieran recuperar de una forma más rápida y efectiva sus viviendas.

Miguel Guerra Pérez

Abogado. Director de Sepín proceso civil

La exigencia de indicación de la cuantía es predicable en todos los procesos (ex art. 253 y ss de la LEC) y en los procesos arrendaticios la regla de valoración se contempla en el art. 251. 9ª que dispone:

Natalia García García

Directora de Sepín Familia. Abogada

Corren nuevos tiempos para el Derecho de Familia. Lejos de quedarse anclado en separaciones, divorcios, visitas y menores, entran en escena nuevas figuras y conceptos con los que conviene estar familiarizados.

Alberto Torres López

Abogado. Director Jurídico de Sepín. Presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM

Iniciadas las hostilidades entre arrendadores y arrendatarios de locales negocio, una vez ha sido imposible alcanzar el siempre recomendable acuerdo, se están empezando a suceder demandas, que en el caso de los arrendadores son por lo general de desahucio por falta de pago y en el caso de los arrendatarios, de juicio declarativo ordinario en las que se solicita la revisión de la renta arrendaticia en aplicación de la consabida Cláusula rebus sic stantibus. Estas segundas demandas vienen precedidas, o son coetáneas, a la solicitud de Medidas cautelares de diversa naturaleza.

Samuel de Huerta Hernández

Director de Sepín Fiscal. Abogado

El martes 13 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal, del que resultará como principal foco de persecución por la Hacienda los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, asociado a las nuevas tecnologías, en especial la lucha contra la distribución y empleo de software de doble uso, consistente en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad como el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, mediante el estableciendo de nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones de este tipo de monedas virtuales.

Ana Vidal Pérez de la Ossa

Redacción Jurídica de Sepín

Los hechos enjuiciados

En el supuesto que enjuicia la STS, Sala Segunda, de lo Penal, 444/2020, de 14 de septiembre, el acusado contactó con una mujer en la calle, de quien contrató sus servicios sexuales. Fueron juntos a un descampado próximo y cuando la mujer le informó del coste de los distintos servicios, el acusado se negó a pagar nada, le golpeó fuerte en la cara y le dijo “¿te enteras ya cómo va esto?”. La víctima, ante la actitud agresiva, se mantuvo inerte para evitar una agresión física mayor y el acusado, consciente de que no había dado su consentimiento a ningún acto de carácter sexual y en el clima que había creado de violencia y sometimiento, penetró repetidamente a esta por vía anal y vaginal mientras la golpeaba, hasta que eyaculó en su boca. Después le dio un puñetazo con fuerza en la nariz, cogió su bolso y le sustrajo el teléfono móvil y un monedero.

La Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia reciente que el pago continuado de parte de las retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando a la cotización a la Seguridad Social, constituye un grave incumplimiento de las obligaciones empresariales que perjudica tanto al trabajador como al erario público.  Esto, según la sentencia, justifica la extinción indemnizada del contrato, a petición del trabajador, prevista en el artículo 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores y su derecho a percibir una indemnización de carácter improcedente (33 días por año trabajado).

María José Polo Portilla

Directora de Sepín Propiedad Horizontal. Abogada

En el momento actual de crisis sanitaria, hemos de buscar soluciones para no paralizar la actividad; el teletrabajo, las webinars, el uso de zoom o teams, etc, es decir, aplicamos todos los sistemas posibles para intentar cumplir con el distanciamiento social y la imposibilidad de poder realizar reuniones sin límite de asistencia. Medidas todas ellas que permiten continuar con el trabajo pero ajustadas a la legalidad.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

José María Puelles Valencia

Abogado-Administrador concursal

A estas alturas de la película, para los estudiosos del tema, no se les oculta que el Texto Refundido de la Ley Concursal ha ido mas allá de lo que era el objeto de la delegación al gobierno, la regularización, la aclaración y la armonización de las normas concursales.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos

*NOTA: En fecha posterior ha habido una nueva prórroga de los contratos y moratoria de las rentas de alquiler de vivienda, realizada por el RDL 2/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Más información pulsando aquí.

No hay duda de que la crisis sanitaria originada por COVID-19 ha tambaleado los alquileres de vivienda y local de negocio, afectando, por una parte, al arrendatario que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y sobrevenida y que no puede afrontar el pago de la renta, y por otra, al arrendador, por la falta de ingresos necesarios para el mantenimiento de su economía. Se han dictado varias normativas para paliar esta situación, Real Decreto-Ley 11/2020 y 15/2020, cuyas medidas de flexibilización han sido modificadas en varias ocasiones por otros Reales Decretos-leyes posteriores 16/2020 y 26/2020.  Sin embargo, actualmente la persistencia de los efectos negativos en el alquiler de vivienda exige mantener las medidas excepcionales, que se establecen en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, con entrada en vigor el 30 de septiembre.