Por fin llegan las esperadas vacaciones para muchos. Este es el momento de hacer balance de lo más destacado en el mundo jurídico en la primera parte del año, por lo que reunimos nuestros artículos más relevantes de lo que llevamos de 2018:
El Gobierno, mediante Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio (SP/LEG/24558), ha aprobado una serie de disposiciones tendentes a adaptar el ordenamiento jurídico interno a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos y, concretamente, al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (SP/LEG/19835).
El Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, como ya comentamos anteriormente, tiene como finalidad ofrecer, desde los poderes públicos, una amplia respuesta jurídica y social a las víctimas, reparadora del daño en el proceso penal y minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal.
Los grandes Ayuntamientos están creando un documento con el objetivo de integrar al ciudadano extranjero en situaciones de irregularidad y facilitarle la acreditación de arraigo para el supuesto de evitar el ingreso en un Centro de Internamiento o de verse inmerso en un procedimiento de expulsión.
Se acaba el mes de julio y es momento de repasar cuidadosamente nuestra agenda y comprobar qué escritos no podemos dejar de presentar durante el mes de agosto, cuáles nos esperaran a la vuelta, en septiembre e, incluso, qué otros no nos acucian y pueden retrasarse hasta el todavía lejano mes de octubre.
El último episodio de la contienda judicial por la interpretación del art. 384 del Código Penal, en concreto del inciso segundo del párrafo segundo, que lideran los Jueces-Magistrados de los Juzgados y Tribunales de Toledo, ha sido resuelto con el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 2018 (SP/AUTRJ/957053), inadmitiendo la cuestión de inconstitucionalidad promovida por posible vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 de la Constitución Española).
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 576/2018, de fecha 30 de mayo, recaída en el recurso 2329/2016, y en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con fecha 10 de mayo de 2016 en el recurso de suplicación 163/2016, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Cáceres de fecha 3 de febrero de 2016 dictada en los Autos 457/2015, que declaraba la procedencia de la extinción por causas objetivas comunicada al trabajador con fecha 13 de noviembre de 2015 por su empleadora, el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES, ante la negativa del trabajador a la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial.
Ya ha llegado el calor…, sin entrar en pormenores, necesitamos acondicionar nuestras propiedades para que, este periodo estival se haga más llevadero
Cada vez que se inician las vacaciones, especialmente las de verano, nos enfrentamos a las mismas preguntas: ¿qué debemos hacer para que nuestros menores puedan viajar al extranjero? ¿Qué permisos y autorizaciones son necesarios?
La semana pasada, la sala de prensa del Consejo General del Poder Judicial dio a conocer la Sentencia 316/2018, de 28 de junio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, resaltando que el Alto Tribunal “destaca la importancia de implantar planes de «compliance programe» para prevenir delitos dentro de las empresas”.
En el día en que celebramos la Asistencia Jurídica Gratuita, este importante servicio social que prestan y garantizan miles de Abogados de toda España (51.308 letrados en los 83 Colegios) y que es esencial para lograr las previsiones Constitucionales de los arts. 24 y 119 de nuestra Carta Magna sirvan estas líneas como reconocimiento de una labor encomiable y muchas veces no valorada suficientemente a nuestros Compañeros.
Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 50.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio. En la página web de la Abogacía Española y en las diferentes páginas de los distintos Colegios de Abogado hay información importante sobre este aniversario.
Si hiciéramos esta pregunta y pidiéramos una contestación más o menos rápida, creo que, en un porcentaje bastante elevado, saldría como opción elegida la que considera que para que un error pueda invalidar el consentimiento el mismo debe ser inexcusable.
En los últimos meses, muchos Tribunales Superiores de Justicia (Madrid, Cataluña, Castilla y León, Navarra) consideraron que las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía Municipal eran nulas de pleno derecho, también en los supuestos en los que, en la transmisión del terreno, se había producido incremento de valor. Y ello por considerarse que se habían dictado aplicando artículos declarados inconstitucionales y nulos, además de expulsados del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo, en una Sentencia dictada el 9 de julio de 2018, ha puesto fin a esta interpretación, dando al traste con las expectativas que muchos contribuyentes se habían generado.
El pasado 8 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley 15/2018, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que introduce modificaciones en la regulación de los apartamentos y las viviendas de uso turístico, con el fin de adaptarla a la constante evolución y transformación del turismo, para garantizar la sostenibilidad, calidad y competitividad del sector. Dicha normativa entró en vigor el pasado 7 de julio de 2018.
Si la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 17 de mayo de 2018 confirmaba que el método de comprobación de valores basado en el art. 57.1 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, basado en la aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario es válido (siempre que esos coeficientes hayan sido determinados y publicados por la Administración tributaria competente), el Tribunal Supremo, en Sentencia de 23 de mayo de 2018 no lo duda: son nulas las liquidaciones tributarias efectuadas por la Administración en las que hubiera empleado como método de comprobación de valores los coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral regulado en el art. 57.1 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Desde el Departamento de Mediación y Arbitraje, hemos tratado anteriormente el inicio del procedimiento de mediación en reclamación de deudas hipotecarias que regulaba el art. 132.4 del Código de Consumo de Cataluña (SP/LEG/6602) y que generaba tanta disparidad de criterios en cuanto a que se consideraba inicio del procedimiento de mediación, no solo en un anterior post, sino de manera más exhaustiva en la obra disponible en nuestra Biblioteca On Line: La mediación en el procedimiento hipotecario en Cataluña.
Siendo una cuestión meridianamente clara el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de una condición general de la contratación, por ejercitarse una acción de nulidad radical y no anulabilidad, mayores dudas ha suscitado si puede alzarse la prescripción, no ya frente a la acción meramente declarativa de nulidad, sino ante otras acciones autónomas posteriores como aquellas que pudieran pretender la concreta devolución de determinadas cantidades (por ej., gastos hipotecarios, comisiones) cuando la acción inicial ejercitada se ha limitado a la estricta pretensión merodeclarativa.
Uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrenta nuestro colectivo, y muy especialmente el de los jóvenes abogados que comienzan su andadura, reside en la dificultad de gestionar adecuadamente el proceso de minutación, entendiéndose por tal, el proceso por el que el abogado informa por primera vez al cliente los honorarios que deberán satisfacerse y concierta con éste la forma y tiempo de pago.
Tras la clausura de algunas clínicas dentales en las últimas semanas, son muchos los consumidores que han resultado perjudicados al tener contratados tratamientos sin terminar, implantes y prótesis con materiales de baja calidad y financiaciones que siguen abonando, pese a no recibir el servicio. Ante este escenario, es fundamental que conozcan cómo pueden hacer valer sus derechos.
La Orden Europea de Investigación (“OEI”) tiene su origen en la Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo (SP/LEG/14437) y nace con la vocación de erigirse como único instrumento penal transfronterizo para la obtención de pruebas en el ámbito geográfico de la Unión Europea. Esta Directiva se acaba de transponer a nuestro ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio (SP/LEG/24246), que, a su vez, ha venido a modificar la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea (SP/LEG/16100), en cuyo Título X (arts. 186 a 223) se regula este instrumento —a partir del día 2 de julio de 2018 en que entra en vigor—, en sustitución del hasta ahora vigente “exhorto europeo de obtención de pruebas”. En estas líneas, vamos a tratar de esbozar unas breves pinceladas meramente esquemáticas sobre este nuevo instrumento.
