El blog jurídico de Sepín

¿Los Drones son aeromodelos?

Marta López Valverde

Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro. Abogada

Son la última moda, las máquinas que en un futuro no muy lejano sustituirán a los mensajeros, vigilarán los montes para la prevención de incendios y que podrán usarse para otras múltiples funciones, como, por ejemplo, se me ocurre,  la vigilancia de carreteras y de aparcamientos en las ciudades.¡¡Los drones!!.

Pero, ¿no existen ya aeronaves tripuladas por aerocontrol? ¿Puede considerarse su uso como aeromodelismo? ¿Deben regularse como tales? Pues sí, pero no; la diferencia va a venir por

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Aplicación al ejercicio de una acción por incumplimiento del contrato de obra de los plazos de prescripción de la LOE

Félix López-Dávila Agüeros

Director de Sepín Derecho Inmobiliario. Abogado

Todos los que nos dedicamos al mundo del derecho sabemos de sobra que sobre cualquier asunto siempre pueden existir distintas posturas e interpretaciones de la legislación a aplicar, dada la ambigüedad de muchas de las normas, así como el gran número de ellas, de ahí que surja la necesidad de acudir a un tribunal para que determine cual es la norma correcta que se debe aplicar y cual debe ser su interpretación.

Pero hay ocasiones, en las que nuestros tribunales dictan sentencias que no llegan a entenderse y contradicen toda la interpretación consolidada que se ha realizado, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, de una situación.

En este caso, la sentencia es de la Audiencia Provincial de Badajoz de 6-3-2015, y el tema a resolver versa sobre el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción para la reclamación por la existencia de defectos constructivos en una vivienda en base a un incumplimiento del contrato de obra.

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Ley de armonización del Código civil de Cataluña, modificaciones en materia de prescripción y derechos reales

Iciar Bertolá Navarro

Directora de Sepín Obligaciones y Contratos. Abogada

El pasado 20 de mayo se publicaron en el Diari Oficial de Catalunya dos importantes Leyes. La Ley 6/2015, de Armonización del Código Civil, cuyos cambios analizamos a lo largo de este post, y la Ley 5/2015, que introduce modificaciones en el Capítulo III del Libro Quinto, referido al Régimen Jurídico de la Propiedad Horizontal.

Con la finalidad de armonizar el conjunto del Código Civil de Cataluña, la Ley 6/2015, de 13 de mayo de Armonización del Código Civil de Cataluña (SP/LEG/17694) pretende, según se indica en su propio Preámbulo, enmendar errores u omisiones, y evitar la producción de efectos indeseados por causa de la ambigüedad de la redacción de algunos preceptos.

La reforma, que entrará en vigor el 9 de junio, a los 20 días de su publicación, introduce cambios en los Libros Segundo (persona y familia) y Cuarto (sucesiones) que ya han sido objeto de análisis, ocupándonos en este espacio de los que afectan a la Primera ley del Código civil de Cataluña (SP/LEG/2483) como al Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (SP/LEG/3159). Además, en el Preámbulo se indica que han iniciado los trabajos del Libro Sexto, relativo a las obligaciones y los contratos, que debe incluir la regulación de los contratos especiales, así como la contratación que afecta a los consumidores.

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El Estatuto de la víctima y la violencia de género

 Ana Vidal Pérez de la Ossa

Documentación jurídica de Sepín

En la nueva Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima (SP/LEG/17500), que entrará en vigor el 28 de octubre de 2015, los poderes públicos dan una respuesta integral y efectiva a las víctimas de delitos. Se amplía la esfera indemnizatoria y reparatoria y se tiene en cuenta ya el aspecto moral, reconociendo la dignidad de las víctimas.

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“Alma de cántaro” al volante

Roberto Guimerá Ferrer-Sama

Codirector de Sepín Tráfico. Abogado

Sin que sirva de precedente, hoy voy a hablar aquí en primera persona. Cada vez se afianza mas en mi cabeza la certeza de ser lo que vulgarmente se conoce como un “alma de cántaro” al volante y que la autoridad de tráfico ejerce sobre mí una conducta tan excesivamente coactiva y abusiva como injusta. Me explico, ya verá el lector cómo se solidariza con mi sensación.

Ya quedan muy atrás mis primeros años como conductor, en que el volante y la carretera a veces me envalentonaban

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¿Es compatible el percibo de prestaciones por desempleo y salarios de tramitación?

Concepción Morales Vállez

Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 02/03/2015, recaída en el Recurso nº 903/2015, que aun cuando no aporta ninguna novedad en cuanto a la materia sobre la que se pronuncia, aporta luz sobre una compleja regulación legal, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones legislativas, la última por el artículo 6.2 de Ley 1/2014, de 28 febrero, y con vigencia desde el 02/03/2014, que no alcanza al concreto supuesto sobre el que se pronuncia el Tribunal Supremo.

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STS 25-3-2015: Restitución limitada, a consumidores, por cláusulas nulas en préstamos hipotecarios

Adela del Olmo

Directora de Sepín Mercantil

Este post sobre la STS del Pleno, de 25 de marzo de 2015 (SP/SENT/806916), parte del Voto Particular del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno al que se adhiere Xavier O’ Callaghan Muñoz, al ser lo único jurídicamente relevante.

El fallo confirma el anuncio de la sentencia del pasado mes de febrero, en mi post anterior, donde reflejé esta irregularidad y su causa: un aviso a navegantes: consumidores minoristas pendientes de instar nulidad o de apelar, Asociaciones de consumidores, Banca y sobre todo Jueces y Magistrados, que , ignoraron con valentía y no aplicaron la Doctrina de la STS 9-5-2013 (SP/SENT/714489) de limitación de los efectos restitutorios, ex lege del artículo 1303 CC.

Ante esta desobediencia jurídica intencionada por motivos de estricta legalidad, el CGPJ anuncia primero y publica en marzo este nuevo intento de imponer una Pseudo Doctrina al coste que sea y en beneficio exclusivo de quien todos sabemos. Sobre la Sentencia 2013,  Sepín publicó un Comentarios de José María López Jiménez, letrado de entidad bancaria (SP/DOCT/17479).

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Nos quedamos sin fútbol por un Decreto, pero ¿qué dice este?

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

He de comenzar reconociendo que, cuando se publicó el BOE de 1 de mayo, la única disposición a la que presté realmente atención fue al Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modificaba el Reglamento de regulación de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia(SP/LEG/13440). Sí, es cierto que en el Boletín de ese día también, había un RD-Ley Derechos Audiovisuales (Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril –SP/LEG/17537-), sobre el que se había hablado mucho en los medios de comunicación en los días previos pero, sinceramente, a mi ni fu ni fa; simplificando mucho, pensé que ni a mi, ni a los suscriptores de sepín nos iba a caer nada de esos derechos de explotación televisiva del fútbol así que, muy bien por ellos y, a otra cosa.

Pero ojo, ese desinterés que mostré por la dichosa norma ha tornado en desasosiego, pues al parecer su contenido ha encrespado a los futbolistas profesionales que, a través de su Asociación (AFE), han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, anunciando igualmente que solo se desconvocará la huelga «si se pactan cambios» en el Real Decreto-ley.

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Otras 10 (+ 3) actitudes básicas que debe tener presente un mediador

Gema Murciano Álvarez

Documentación Jurídica de Sepín. Mediadora familiar. Abogada

En el anterior post comentábamos Diez primeras cosas que debe tener en cuenta un mediador, pero diez, a pesar de ser un número redondo, se nos quedaba corto (ser mediador es algo complejo), y nos emplazaba a continuar apuntando otras actitudes básicas que tiene que tener quien ejerce como profesional de la mediación.

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“El voto” del propietario moroso en las Comunidades de Propietarios

María José Polo Portilla

Directora de Sepín Propiedad Horizontal. Abogada

Como establece el art. 15.2 LPH, “Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley”.

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Abogad@ en una sociedad en la que se es soci@, ¿retención en el IRPF sin sujeción al IVA?

Samuel de Huerta Hernández

Director de Sepín Fiscal. Abogado

La Dirección General de Tributos ha tenido oportunidad de resolver un supuesto bastante habitual en el ejercicio de la abogacía y que pone en evidencia las discrepancias entre la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recientemente modificada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, y  la que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido en la práctica.

Supuesto de hecho:

Un abogado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad de previsión social, que forma parte en condición de socio de una sociedad mercantil, cuyo objeto social es la asesoría de empresas o servicios jurídicos, factura a la sociedad y es retribuido por esta.

El tratamiento tributario de la renta percibida (a priori) no es tan simple y tiende a la complicación cuando para su calificación fiscal se acude a la normativa del IVA o del IRPF y a la forma en la que se liga profesionalmente la sociedad con el socio/abogado; todo ello de conformidad con la redacción actual de la Ley del IVA y la modificación reciente de la normativa del IRPF  en el tratamiento de este tipo de pagos.

Tratamiento de la renta:

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Privación de carné en un Estado extranjero

Siempre confiamos que somos impunes a las sanciones de tráfico impuestas cuando viajamos por el extranjero. Así pensamos que las multas no llegarán a buen término porque «no se notificarán nunca en mi pueblo de San Fernando (Cádiz)» y no nos podrán embargar ni hacer efectiva una vía de apremio. Igualmente consideramos que sólo puede quitarnos el carné aquel que lo expidió. Yo creo que nunca esperaríamos y que consideraríamos una conducta cuasidelictiva que un Gendarme o un Carabiniero nos pudiera quitar nuestro permiso de conducir español. Solemos creer que la distancia o poner tierra de por medio nos pondrá «a salvo». Aunque ello no sea cierto porque, en primer lugar, son muchos los países que contemplan incluso la inmovilización del vehículo hasta que no se abone la multa, facilitando el pago con tarjeta de crédito incluso y en segundo lugar, cada vez hay más convenios entre los diferentes países que persiguen la efectividad de estas sanciones.

Sirva este post para poner de manifiesto esta importante TJUE, Sala Quinta, de 23 de abril de 2015, recurso 260/2013, ponente: A. Rosas (SP/SENT/806964), ya que a la vista de la misma, una privación de carné en determinados países puede producir efectos más allá del territorio donde este se expidió.

Expongamos los antecedentes:

Una ciudadana austríaca con carné austriaco fue objeto de un control policial en Leutkirch (Alemania). Como ciertos signos hacían sospechar que la interesada había consumido estupefacientes, fue sometida a una prueba de orina, que reveló la existencia de un consumo de cannabis lo que fue confirmado por el posterior análisis de sangre.

Archivadas las actuaciones penales el Ayuntamiento de Leutkirch impuso a la Sra. Aykul una multa de 590,80 euros por conducción de un vehículo bajo la influencia de estupefacientes y le prohibió conducir durante un mes. Posteriormente el correspondiente servicio administativo (Landratsamt Ravensburg) le retiró su permiso de conducción austriaco para el territorio alemán entendiendo que no era apta para conducir vehículos de motor. Ello no impediría a la ciudadana solicitar una nueva autorización realizando una serie de informes.

La ciudana austríaca recurre la decisión de las autoridades alemanas alegando en esencia que las autoridades alemanas habían agotado su competencia ya que en virtud del Derecho de la Unión, no les correspondía comprobar su aptitud para conducir vehículos de motor, puesto que esta función, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, era competencia exclusiva del Estado miembro de expedición de su permiso de conducción, a saber, la República de Austria.

Sus pretensiones son desestimadas porque se entiende que la no intervención de las autoridades alemanas en los casos de conducción bajo la influencia de estupefacientes era incompatible con el objetivo perseguido por la Directiva 91/439, consistente en garantizar la seguridad vial.

Se añadió que, contrariamente a lo que sostenía la Sra. Aykul, el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva no impedía que se retirase el permiso de conducción de la interesada y precisó que tal medida figuraba entre aquellas que puede adoptar un Estado miembro sobre la base del artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de la citada Directiva.

La Sra. Aykul acude a los Tribunales donde ve desestimadas sus pretensiones ya que los Tribunales alemanes señalan que cuando se producen hechos acaecidos con posterioridad a la expedición de un permiso de conducción se autorizaría a los Estados miembros de la Unión Europea interesados a negarse a reconocer el derecho a conducir en su territorio nacional.

Sin embargo al albergar dudas en cuanto a la conformidad de la normativa y la práctica administrativa alemana con la obligación de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros, el Verwaltungsgericht Sigmaringen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales que son resueltas en la Sentencia que comentamos que señala:

«1) Los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro, en cuyo territorio reside temporalmente el titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, se niegue a reconocer la validez de dicho permiso de conducción debido a una conducta infractora de su titular producida en dicho territorio con posterioridad a la expedición del citado permiso de conducción y que, conforme a la legislación nacional del primer Estado miembro, puede implicar la falta de aptitud para conducir vehículos de motor.

2) El Estado miembro que se niega a reconocer la validez de un permiso de conducción, en una situación como la del litigio principal, es competente para establecer las condiciones a las que debe someterse el titular de dicho permiso para recuperar el derecho a conducir en su territorio. Corresponde al tribunal remitente examinar si, mediante la aplicación de sus propias normas, el Estado miembro de que se trata deniega, en realidad, de manera indefinida el reconocimiento del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Desde esta perspectiva, le corresponde comprobar si las condiciones establecidas en la legislación del primer Estado miembro, conforme al principio de proporcionalidad, no exceden los límites de lo que resulta apropiado y necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2006/126, consistente en mejorar la seguridad vial».

En conclusión, que si nos privan del permiso de conducir en un País de la UE donde se apliquen las citadas Directivas tengamos en cuenta que puede ser la legislación de dicho Estado la que puede establecer los requisitos para recuperar el carné en dicho territorio y sólo cuando se vea que no es conforme a la proporcionalidad estableciendo requisitos imposibles o supongan una privación perpetua es cuando el TJUE puede considerar que no se ha cumplido la Directiva 2006/126.

Cuidado pues con las infracciones en el extranjero.

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El “olvidado” impuesto de los arrendatarios: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

Se trata del Impuesto olvidado o, incluso, desconocido para muchos en el ámbito de los arrendamientos urbanos,  aunque debemos partir de que el mismo afecta exclusivamente a las viviendas, ya que a los locales de negocio se le aplicará el IVA.  Lo cierto es que no es frecuente encontrar arrendatarios que nos indiquen que han satisfecho el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al formalizar un contrato de arrendamiento de vivienda, pues por su propia denominación, la mayoría de personas entienden que es aplicable a la compraventa, pero no cuando nos encontramos ante un alquiler.

No es así, efectivamente este Impuesto (ITP) se aplicará bien al realizar transmisiones de vivienda usada, mediante compraventa, o por la formalización de un contrato de arrendamiento de vivienda, debiendo abonarlo el arrendatario. El art. 7, apdo. 1, letra B) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (SP/LEG/4443), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que son transmisiones sujetas a este Impuesto, “la constitución de arrendamientos”. Pues bien, la realidad es que son muy pocos los que lo pagan y lo más curioso del tema, parece que ningún organismo lo reclama.

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¿Es legal enviar invitaciones a otros usuarios para que descarguen aplicaciones?

Ignacio Bertolá Navarro

Director de Sepín Nuevas Tecnologías. Abogado

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¿Quién no ha recibido una notificación en su perfil de Facebook en la que un amigo suyo le invita a jugar al Candy Crush, a bajarse una “app” determinada o a seguir una página de una empresa?

 Tampoco es infrecuente recibir un e-mail o un SMS en el que un amigo nuestro nos invita a formar parte de una red social.

Todas estas comunicaciones ¿son legales o pueden ser consideradas como “spam”? 

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