El blog jurídico de Sepín

La afirmación que sirve de rúbrica al presente post parece de auténtico perogrullo pero no lo será tanto cuando sorprendentemente ha sido necesario que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenga que fijar doctrina al respecto, lo que a su vez implica, como podemos imaginar, que previamente un Tribunal (en este caso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) había defendido justamente lo contrario.

I. Introducción

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo - SP/LEG/41655- también ha dejado cambios en materia de extranjería, aunque en este caso, no sean de tanta profundidad como por ejemplo, en materia procesal.

El poder de dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que refleja derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 C.E.) y reconocido expresamente en el art. 20 L.E.T.,

Según el art. 49 del RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, las actualizaciones de las cuantías y límites indemnizatorios fijados en la Ley y en sus tablas, son automáticas. Por ello, las resoluciones de la DIrección General de Seguros lo que realmente hacen al publicar las cuantías, es facilitar su conocimiento y aplicación. Para este año 2024 se han divulgado mediante resolución de 18 de enero.

La sentencia TJUE, Sala Tercera, de 11 de enero de 2024 (SP/SENT/1204387) ha declarado:

“Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, cuando el prestamista ha incumplido su obligación de evaluar la solvencia del consumidor, ese prestamista sea sancionado, de conformidad con el Derecho nacional, con la nulidad del contrato de crédito al consumo y la pérdida de su derecho al pago de los intereses pactados, aun cuando ese contrato haya sido ejecutado en su totalidad por las partes y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales a causa de ese incumplimiento”.

• ¿Qué es una conmutación del usufructo viudal?

Recientemente nos preguntaron sobre la posibilidad de cambiar un usufructo viudal procedente de una herencia tras fallecimiento de su cónyuge por el pleno dominio del inmueble que es la residencia habitual del matrimonio y, en el caso particular, todas las implicaciones fiscales que ello acarrearía en particular cómo evitar una excesiva carga fiscal.

Aunque las previsiones de evolución de precios para 2024 son menos pesimistas, la prolongación de la guerra en Ucrania y Rusia, y la aparición de un nuevo conflicto entre Israel y Gaza siguen introduciendo un fuerte elemento de incertidumbre, lo que ha llevado al Gobierno a considerar que la retirada de las medidas aprobadas estos años pasados puede conllevar indeseados efectos rebote sobre los precios, afectando, especialmente, a los colectivos más vulnerables.

En consecuencia, ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía (SP/LEG/41748), que en el Titulo VI, Capítulo III “Medidas en materia de vivienda”, Sección 2ª “Medidas para la protección de personas vulnerables”, extiende determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda.

En foros especializados, cualquier representante político relacionado con la Justicia se mostrará convencido del avance que supondría el establecer métodos adecuados de resolución de conflictos previos, o al tempo de la vía jurisdiccional, no solo para la Justicia, como valor en sí mismo, sino para el sistema judicial con una litigación consciente, y para pacificar la crispación social.

La Ley de propiedad horizontal, como veremos, solo lo prevé en un supuesto, en el resto, la regla general, admitida por la Jurisprudencia, es que el conocimiento de la Comunidad, por ejemplo, en el caso de las obras inconsentidas llevadas a cabo por los comuneros en elementos comunes, no supone su consentimiento, siempre que se hayan realizado actos tendentes a no admitirlas, es decir, lo importante, en este caso, es que no haya dejado pasar el tiempo, desde que ha sido consciente, no solo de la alteración de los elementos comunes, sino del alcance de estas.