Cuando se pretende inscribir una hipoteca que grava una vivienda, uno de los requisitos exigidos tras la modificación del artículo 21 LH por la Ley 1/2013, es la necesidad de hacer constar si la vivienda que se pretende hipotecar tiene el carácter o no de habitual, ya sea del deudor o del hipotecante no deudor.
En la sociedad actual son cada vez más frecuentes los cambios de residencia en busca de nuevas oportunidades de trabajo y de mejora de las condiciones de vida. Si estas situaciones son de por sí complicadas, cuando suponen también el traslado de menores junto con el progenitor que ostenta su custodia, el conflicto está asegurado.
Los informativos y periódicos están dando especial cobertura estos días a un juicio al que se ha querido elevar a la categoría de mediático porque lo que se enjuicia es la decisión de un Juez de Instrucción que ordenó la prisión de un conocido banquero. Esta decisión fue muy aplaudida en su día por buena parte de la llamada “opinión pública”, pero fue revocada por la Audiencia Provincial tras el correspondiente recurso por haber sido adoptada de una forma “irregular”. En el juicio que hoy nos ocupa lo que se está examinando exclusivamente es si esa decisión del Juez fue ordenada por el mismo mediante una conducta incardinable en el Código Penal, o por el contrario, si la “irregularidad” de esa decisión
Hace pocos días se publicó en los medios de comunicación que en nuestro país vecino, Francia, los trabajadores no tendrán que responder a los e-mails o cualquier comunicación o llamada que reciban del trabajo cuando se encuentren fuera de su horario o jornada laboral.
Este hecho ha tenido lugar con motivo del acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronales del sector de las consultorías y del mundo digital e informático con el objeto de poner fin a las jornadas laborales interminables de los altos cargos, ya que los correos electrónicos en muchos empleos no finalizan cuando los empleados salen de sus oficinas, permaneciendo de alguna manera la conexión o disponibilidad laboral permanente del trabajador.
Volvemos a presentar la recopilación de las Sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Civil y Seguros, pero esta vez del año 2013, estando ya tratadas los años anteriores en el post de Enero de 2013. Jurisprudencia fundamental tanto para el abogado como para los diversos operadores judiciales, ya que se han dictado tras la celebración de Plenos Jurisdiccionales que abordan cuestiones de especial importancia respecto de las que se establece una doctrina autorizada.
Así, en el tema de Seguros el Pleno de la Sala Primera de lo Civil,
La Ley 6/2014, de 7 de abril (SP/LEG/14278), ha venido a introducir una serie de reformas en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (SP/LEG/2577) -que entrarán en vigor el próximo 9 de mayo-, de las que ya hemos venido dando cuenta en este blog desde el inicio de su tramitación parlamentaria.
Aun cuando seamos fervientes defensores del arbitraje como solución extrajudicial de los conflictos, no podemos negar la realidad de que en el ámbito de las Comunidades de Propietarios, fuente inagotable de litigiosidad, el arbitraje no funciona.
Uno de los motivos es la inseguridad provocada por un sinfín de resoluciones contradictorias que, sin embargo, se vienen inclinando mayoritariamente por la postura contraria al arbitraje cuando el comunero afectado se halla ausente al aprobar la Comunidad el acuerdo de sometimiento de la controversia surgida a la resolución arbitral.
Últimamente salen a la luz noticias positivas relacionadas con los resultados que ofrece la mediación penal y la justicia restaurativa, sobre todo relacionados con menores.
Aunque muchos siguen desconfiando de ella, sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que el endurecimiento de las penas no supone una solución de los problemas existentes, ni siquiera una disminución y, sin embargo, si se ha constatado que la inversión en programas restaurativos favorece la paz social y disminuye la delincuencia, y por ende, una mayor satisfacción de los ciudadanos con hoy deteriorada imagen de la Justicia
¿Y eso, por qué?
Tras publicar el mes pasado, un breve análisis de la Exposición de Motivos de la de la “DIRECTIVA 2014/17/UE “Sobre Contratos de Crédito celebrados con los Consumidores para Bienes inmuebles de Uso residencial” (SP/LEG/13945), titulado «Muchos gatos y pocos cascabeles I», continuamos, en esta ocasión resaltando el resto de los aspectos más relevantes y controvertidos, comenzando con la Tasa Anual Equivalente, que junto a la recién creada ficha de información homologada, FEIN, ya comentada anteriormente, figura en Anexo.
La ecuación de base, que define la TAE, expresa la equivalencia anual entre la suma de los valores actualizados de las disposiciones de crédito y la suma de los valores actualizados de los importes de los reembolsos y pagos de gastos. El concepto así planteado resulta claro y lógico, pero a partir de ahí y tras definirse todas las variables que componen esa ecuación, comienza una serie de precisiones, recomendaciones y puntualizaciones, que consiguen hacer de esta regulación un tema bastante farragoso.
La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público un Informe (SP/NOT/485) sobre la situación de los órganos judiciales.
Visión global
El estudio evidencia un descenso de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles durante el año 2013. Así, tras efectuar un pormenorizado análisis de los datos, la Sección de Estadística destaca como principal conclusión que el número de asuntos ingresados alcanzó una cifra de 8 millones seiscientos treinta seis mil asuntos (8.636), lo que supone una disminución del 3.8 % respecto a los datos registrados en el año 2012.
Anunciada por el Gobierno una reforma en el ámbito fiscal de gran calado, que hubiera de dar lugar a publicación de nuevos paquetes normativos tributarios de aplicación a finales del ejercicio del 2014 o comienzos del 2015, y superado el primer trimestre del año en curso, entendemos que es momento perfecto para recopilar los cambios tributarios sustanciales (modificaciones normativas) que se han producido y que se han de reflejar en las respectivas declaraciones trimestrales y anuales.
Desde el punto de vista de la normativa tributaria, se ha producido en los últimos ejercicios una proliferación legislativa que se plasma no sólo en cambios sustanciales de imposición tributaria en el IRPF, en el IVA o en el Impuesto de Sociedades, entre otros sino en la creación de nuevas figuras impositivas, caso de los denominados impuestos medioambientales, y en la adopción de medidas que suponen prorrogar las adoptadas en ejercicios anteriores, con el fin de superar el déficit tributario, que se mantienen en el 2014.
Estos cambios podrán consultarse en el siguiente cuadro de modificaciones:
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Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie o no acerca de si las tasas judiciales españolas vulneran o no el derecho a la tutela judicial efectiva y su incidencia negativa en el acceso a la justicia.
Pues bien, se ha hecho pública la reciente Sentencia del TJCE/TJUE, Sala Segunda, de 27 de marzo de 2014 dictada en el Recurso C-265/13 (Ponente: K. Lenaerts), en la que declara la incompetencia del TJUE para pronunciarse sobre si las tasas judiciales españolas que introdujo la Ley 10/2012 de 20 de noviembre vulneran la tutela judicial efectiva.
Todos los preceptos legales relativos a quien corresponde las obras de conservación en una vivienda arrendada establecen que la obligación es, en principio, del arrendador.
Art. 1554.2ª Código Civil: «El arrendador está obligado: 2.º A hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada.”
Art.107 TR LAU 1964: «Las reparaciones necesarias a fin de conservar la vivienda o local de negocio arrendado en estado de servir para el uso convenido serán de cargo del arrendador.”
Art.21 LAU 29/94: «1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil.
La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda por causa no imputable al arrendador. A este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 28.»
Por tanto, como principio general, podemos indicar
Nunca una pregunta tuvo una respuesta más sencilla: Si.
Pero vayamos por partes. Con un retraso de cuatro años está en vigor desde el día 15 de marzo de 2014 el REAL DECRETO 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (SP/LEG/14081). En este texto se busca regular por primera vez de forma unitaria la situación de unos Centros de Internamiento de Extranjeros, de uso excepcional, para facilitar la ejecución de la resolución en el procedimiento de expulsión en los casos de riesgo de incomparecencia, de actuaciones tendentes a dificultar o evitar la expulsión, y en los casos en los que no se pueda realizar de forma inmediata el regreso cuando se produce una denegación de entrada o una devolución.
La respuesta, al menos hasta hoy, mes de marzo de 2014, es distinta si la finca está ubicada en Cataluña o en el resto de España, aunque, si finalmente se aprueba la modificación del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, esta sería la misma.
No obstante, repito, la situación en estos momentos es diferente. En este último supuesto estatal, la persona obligada a comunicar este cambio de titularidad de la vivienda o local es el vendedor, como establece el art. 9.1 i) LPH, así, el transmitente deberá notificar al secretario de la Comunidad (o a cualquier representante de la Junta de Gobierno, conforme al art. 13 al que esta misma regla se remite), por un medio por el que se pueda tener constancia de los datos del nuevo titular, con la carga de seguir respondiendo de forma solidaria al pago de los gastos habidos con posterioridad a la transmisión, con independencia del derecho de repetir entre las partes.
