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En este artículo vamos a analizar si la medida de expulsión del extranjero condenado por delito doloso castigado en el ordenamiento jurídico con pena de prisión superior a un año, regulada en el artículo 57.2 de la LO 4/2000[1], en adelante LOEX (SP/LEG/2576), tiene o no periodo de prescripción, dado que se le ha negado su naturaleza sancionadora.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse nuevamente sobre la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de la defensa; cuestión que tantísimo afecta a nuestro colectivo, el de los abogados, durante nuestro ejercicio profesional, tanto en nuestras actuaciones en Sala, como en los escritos procesales que debemos formular y presentar a lo largo de un proceso. Y, esta vez lo ha hecho a través de su reciente Sentencia 1217/2024, de 8 de julio (SP/SENT/1230476).
I.- Antecedentes
La razón última de que exista este procedimiento radica en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2015 (asunto C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner -SP/SENT/826052-) que se dictó como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Irlandés en el contexto que a continuación se expone.
La cuestión que abordamos hoy es si, en el caso de una demanda desestimada íntegramente por alguno de los motivos opuestos, ¿está obligado el demandado a adherirse a la apelación del recurrente para que pueda el Tribunal pronunciarse sobre el resto de motivos que opuso?
La interpretación del artículo 85.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) es, desde luego, una cuestión procesal de sumo interés y que a lo largo de los años, y ante la falta de un criterio uniforme, nos ha generado numerosos quebraderos de cabeza a los abogados. La trascendencia de la decisión era máxima, pues nos arriesgábamos a perder en apelación un proceso por haber confiado en que era suficiente con oponernos a la apelación interpuesta por el recurrente, sin que fuera necesario, a su vez, que tuviéramos que adherirnos a la apelación (“impugnar la sentencia apelada” con la nueva terminología que -para unificar con la empleada en otras jurisdicciones- se ha introducido a la Ley 29/1998 con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (SP/LEG/41655).
I.-Breve introducción histórica
Si hacemos, aunque sea una breve consideración histórica dentro de nuestra función representativa, tenemos que hablar de la figura Medieval de los Procuradores de las Cortes; Los llamados Procuradores de las Cortes estaban vinculados directamente a la voluntad de sus mandantes, aquellos ciudadanos que los elegían; es lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de mandato imperativo. Jurídicamente esta figura equivale a lo que hoy es la figura privada del mandato de representación, muy presente en nuestro Derecho civil.
Parecía que esta cuestión relativa a cómo deben acreditar las personas jurídicas su voluntad de interponer un recurso contencioso-administrativo era una cuestión ya resuelta a base de multitud de pronunciamientos de la Sala Tercera; sin embargo, comprobamos ahora que no todo podía considerarse ya una cuestión superada sino que todavía quedaban supuestos específicos que podían generar controversia y que han provocado una nueva sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que fija doctrina jurisprudencial sobre las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación y que presentaban interés casacional.
Recomienda la RAE utilizar como alternativa al anglicismo “clickbait” expresiones en español como “ciberanzuelo”, “cibercebo”, “anzuelo de clics”, “cebo digital”, “cazaclics” o “atrapaclics”.
El “clickbait” es una técnica de manipulación de la curiosidad de los usuarios muy utilizada por la prensa digital no especializada para generar ingresos, consistente en la utilización de un titular sensacionalista para que los lectores hagan clic (piquen el anzuelo) en una determinada noticia para posteriormente, ya en el contenido de la noticia, rebajar las expectativas generadas con el título.
La afirmación que sirve de rúbrica al presente post parece de auténtico perogrullo pero no lo será tanto cuando sorprendentemente ha sido necesario que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenga que fijar doctrina al respecto, lo que a su vez implica, como podemos imaginar, que previamente un Tribunal (en este caso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) había defendido justamente lo contrario.
1. Una Sentencia bastante previsible
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2023 (rec. 453/2022) desestima la petición de responsabilidad patrimonial por parte de un establecimiento hotelero por los daños causados por su cierre durante el estado de alarma.
La autorización judicial para la entrada en domicilios, constitucionalmente protegidos y declarados inviolables es una institución jurídica regulada y sobre la que existe una prolífica jurisprudencia emanada de los más altos Tribunales y que ha sido tratada con igual habitualidad por la doctrina científica; hace ya una década, analizábamos los requisitos de las entradas en domicilio es este mismo blog (Autorización judicial para entrada en domicilios: ¿y qué se entiende por domicilio?).
