La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sentencia 1157/2017, de 16 de septiembre, ha fijado como doctrina que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios sin necesidad de previa declaración judicial en el orden civil.
El pasado día 19 de octubre se celebró en el marco incomparable de la ciudad de Toledo, la III Edición de los Premio Cuchara de Plata de Mediación, que fue otorgado a nuestra Coordinadora de Top Jurídico Mediación y Arbitraje, Gema Murciano. La recién galardonada cuenta en su haber con otro reconocimiento, otorgado el pasado año, por su labor de difusión de este método adecuado de resolución de conflictos, consistente en uno de los codiciados Premios AMMI, y que estrena nuevos premiados este año, por su coparticipación activa en la creación y distribución de “Y colorín, colorado, en este cuento se ha mediado” y “Guía ¿Hablamos de mediación?. hay otra forma de resolver conflictos”, así como diversas actividades culturales para acercar esta herramienta al ciudadano.
El pasado 28 de julio, en el marco del Love Festival Isla Bonita, en la isla de La Palma, tuvo lugar la Jornada “Retos para la Justicia en materia de igualdad”, con una ponencia a cargo del Excmo. Sr. D. Humberto Guadalupe Hernández, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Ilma. Sra. D.ª Gloria Poyatos Matas, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con el título “Sin Igualdad no hay Justicia”.
Tras más de dos años de vigencia, la implementación del «nuevo» Baremo de Tráfico sigue siendo sumamente complicada para todos los sectores involucrados, incluida la Dirección General de Seguros (DGS), que, siendo el órgano encargado de dar publicidad a las correspondientes actualizaciones, nos hizo esperar hasta la resolución de fecha de 3 de octubre de 2017 para conocer las cuantías de las tablas para el año pasado. Aunque para el 2018 las ha actualizado en el mes de febrero.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 645/2017, de fecha 19/07/2017, recaída en el Recurso nº 342/2015 en la que la cuestión controvertida se centra en determinar cuál debe ser la calificación de una extinción individual del contrato de trabajo por causas objetivas, y más concretamente, por causas económicas, que se inserta en el marco de un procedimiento de despido colectivo finalizado con acuerdo entre su empleadora y los representantes de los trabajadores, cuando no se ha entregado copia de la carta de extinción a la representación legal de los trabajadores tal y como se exige en el artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.
Tras la celebración de una subasta judicial cuyo objeto es un bien inmueble, uno de los asuntos que puede generar polémica es el de cuándo se ha de considerar que se adquiere la propiedad por quién resulta adjudicatario.
Durante gran parte de nuestro tiempo, todos tenemos la condición de consumidores y usuarios (aunque se compagine con nuestra faceta profesional en la que quizá podamos ser empresarios o comerciantes). Pues bien, estoy seguro de que, como consumidores, a muchos de vosotros os habrán surgido, en alguna ocasión, algunas de estas dudas jurídicas (o al menos curiosidades) que nos hemos planteado cuando actuamos como clientes de establecimientos comerciales u hosteleros. después de autoformularme estas cuestiones, me permito compartir con vosotros las conclusiones que he logrado alcanzar tras el estudio de la normativa vigente.
La Comisión Europea ha dictado un Reglamento por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro. Se desarrolla así el art. 20 de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, conocida con las siglas IDD (Insurance Distribution Directive), que establece un sistema similar al incorporado por la normativa MiFID en el sector bancario y que entra en vigor el 23 de febrero de 2018.
Varias han sido las sociedades mercantiles que han tomado la decisión del cambio del domicilio social, cada uno por el motivo o motivos que consideraron adecuados. El RD-Ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional publicado en el BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017 facilita los trámites que, en el seno interno de las empresas, para hacer efectivo el cambio de sede social. Al efecto, la norma modifica el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en los siguientes términos: “por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.
Nadie puede negar que todos habitamos en una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, reflejado legalmente en la Escritura de compraventa o en el contrato de arrendamiento, dejando aparte el tema de los “okupas” de los que hablaremos en otro momento.
Confieso que el legislativo de este país no deja de sorprenderme.
Aunque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Benidorm Sección, 1ª de 5 de junio de 2017 (SP/SENT/906929) declara la nulidad de una cláusula que imponía toda una serie de gastos al prestatario, de una forma tan abusiva que solo faltaría incluir que el prestatario tuviera que pasar la mopa en la sucursal bancaria.
La mediación es una disciplina que se nutre de diferentes ciencias, una de ellas es la Psicología.
Así es, el viernes 15 de septiembre llegó «a las mejores salas» la noticia tan esperada por la competencia de Ryanair (sobre todo por Norwegian), la cancelación de 50 vuelos diarios hasta finales de octubre o, lo que es lo mismo, la anulación de cerca de 2.000 vuelos durante las seis semanas que durará la «planificación para la mejora de la puntualidad».
