En el presente post analizo el derecho real de servidumbre de paso, realizando un estudio de sus caracteres, las diferentes formas que existen de constitución y los requisitos que son necesarios para esta, dejando para otra ocasión su modificación y extinción.
Noticias sobre la reciente maternidad de una mujer a la edad de 68 años, en pleno duelo por la muerte prematura de su único hijo, a través de un contrato de gestación subrogada ponen en el foco mediático una cuestión de gran trascendencia jurídica que no puede resolverse en un par de líneas. La regulación de la gestación subrogada, su permisividad o no en nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de la filiación de los menores nacidos a través de estas técnicas de reproducción en otros Estados e, incluso, su denominación, son cuestiones que suscitan una gran controversia, sobre la que no están de acuerdo la doctrina, la jurisprudencia, los partidos políticos o la sociedad.
Queremos poner de manifiesto un tema de máxima actualidad que se nos ha puesto encima de la mesa y que puede afectar a miles de procesos y recursos abiertos en nuestro País y en las diferentes CCAA que tienen derecho civil foral o especial y en consecuencia puede abocar a la inadmisión de un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal ante el TSJ cuando nos encontremos ante un proceso sumario.
El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 3 de octubre ha tenido oportunidad perfilar los requisitos que en la actualidad ha de cumplir el consentimiento del contribuyente para la entrada y registro por la AEAT en sedes, oficinas, almacenes y despachos, cuando estos no están incluidos en el Auto judicial de autorización de actuaciones.
A diferencia de concretas reformas del Código Penal con trascendente calado político y encendida polémica social, como la llamada “ley del solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 26 de septiembre —SP/LEG/38227—) o aquella por la que se derogó el delito de sedición y se edulcoró el de malversación (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre —SP/LEG/38945—), otras modificaciones del texto punitivo (solo en 2022 hemos tenido siete) han pasado prácticamente desapercibidas, no ya solo para la opinión pública, sino puede que también para algunos profesionales del Derecho.
Iniciar un proyecto de vida en otro país en algunos casos no es algo optativo, sino la única posibilidad de resguardar la vida y la integridad, tanto propia como de la familia. En estos casos excepcionales, la legislación española prevé el otorgamiento de una residencia temporal por razones humanitarias, y, sobre este tipo de autorización concreta, el juzgado de lo Contencioso administrativo núm. 1 de Bilbao ha dictado una sentencia en fechas muy recientes (SJCA 20-02-2023 Núm 28/2003) que consideramos de interés profesional.
La responsabilidad civil derivada de infracción penal se regula en el Código Penal en el Título V del Libro I, Capítulos I, artículos 109 a 115 “De la responsabilidad civil y su extensión”, que trata de la reparación de los daños y perjuicios causados por la ejecución de uno o varios hechos constitutivos de delito (art. 109 CP).
Daniel Bustelo es uno de los estudiosos y profesionales de la mediación con más reconocimiento internacional, al que, además, debemos agradecerle varias aportaciones a este campo, como su particular enfoque de abordar el conflicto, su desarrollo conceptual del proceso de mediación y sus herramientas.
El artículo 4.2. d) del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a los trabajadores el derecho "A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales" y el artículo 19.1. del mismo cuerpo legal dispone que "El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.".
Los errores médicos son inevitables en la asistencia sanitaria. Sin embargo, la reducción del gasto sanitario, la falta de personal y el colapso en Atención Primaria, entre otros factores, están agravando estos errores. Muchos de estos errores son el resultado de una negligencia médica. El número de negligencias médicas en España se ha disparado en los últimos años, pasando de los 10.509 casos registrados en 2020 a los 13.611 casos del año pasado, de los cuales 71 se relacionaron con la muerte de los pacientes. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez más abogados tengan que enfrentarse a casos de negligencia médica o mala praxis.
La SAP Madrid, sección 11.ª del 28-2-2022 (SP/SENT/1172667) analiza el fraude del CEO y la responsabilidad del BBVA por realizar transferencias no autorizadas desde una cuenta corriente (cc) de UNÍSONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A (UNISONO) a un banco de China, que lo solicitara una administrativa de la mercantil era algo tan absolutamente irregular, que el banco debió tomar inmediatas medidas para detectarlo; Pero no hizo nada. Se trata de un tipo de estafa por la que un empleado, recibe un correo, supuestamente de su jefe, CEO, presidente o director en el que le pide ayuda para realizar una operación financiera confidencial y urgente, normalmente transferencias o para acceder a datos bancarios.
En otro post anterior del Blog jurídico de Sepín hemos comentado las nuevas medidas para el año 2023 en los arrendamientos de vivienda consistentes en la limitación de la revisión de renta con el 2% del IGC (SP/DOCT/119028) y la posibilidad de solicitar la prórroga de seis meses en la duración del contrato (SP/DOCT/121598), sin embargo, son muchas las dudas que se están planteando sobre su aplicación cuando se produce la renovación del contrato por la tácita reconducción.
Este año está prevista la modificación del Reglamento General de Circulación (en adelante RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. Por ello, en este post se aclararán cuáles son las señales de prioridad y si va a existir alguna modificación.
Para empezar, debemos saber qué según el artículo 147 del RGC, las señales de prioridad son aquellas que están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos.
I. Introducción
El delito de insolvencia punible es uno de los delitos menos frecuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un delito próximo a los negocios jurídicos fallidos, o a cuestiones civiles y mercantiles de difícil tratamiento. De hecho, la problemática habitual de la insolvencia punible, es la dificultad probatoria que hace necesario como diremos, acreditar extremos del seno interno de las empresas o personas físicas profesionales, en unión a un dolo específico.
Entre los requisitos para solicitar la nacionalidad española está el de acreditar buena conducta cívica a través de los informes de antecedentes penales y policiales, entre otros, a tenor del art. 8 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre -SP/LEG/18705- y del art 7 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre.- SP/LEG/20650-.
Aunque la pregunta puede parecer algo extravagante, está inspirada en la reciente sentencia del Tribunal Supremo 217/2023, de 13 de febrero (SP/SENT/1172594), que considera una vulneración de los derechos fundamentales las actuaciones de la Comunidad de propietarios que declaró como indispensable la práctica nudista para el acceso a los elementos comunes de la finca, sin justificación en los estatutos.
Se ha publicado en el BOE del día 1 de marzo de 2023, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
El objeto de este artículo no es entrar en las polémicas o debates que se han podido originar desde desde el comienzo de su tramitación hasta su publicación, sino en realizar un primer análisis de la finalidad de la Ley así como de las cuestiones más relevantes reguladas en su articulado, principalmente en lo relativo a las medidas de protección en el ámbito de la salud, a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, así como un breve apunte de sus modificaciones en materia civil.
