El blog jurídico de Sepín

Todos estamos acostumbrados al entrar a una página web que nos salte un banner en relación con las cookies, pero en los últimos meses este aviso es diferente ¿Cuáles son las nuevas obligaciones respecto al uso de cookies? El año pasado conocíamos las Directrices del Comité Europeo de Protección datos, sobre el consentimiento, donde se dictaminó que la opción “seguir navegando” no era un medio válido, pues podía generar confusión entre los usuarios. En cuanto al “muro de cookies”, conforme a las nuevas directrices la denegación de éstas no puede ser impedimento para que el usuario acceda al servicio, pues se le estaría denegando un derecho legalmente reconoció. Estos nuevos criterios, debieron ser implementados el 31 de octubre de 2020, estableciéndose así un periodo transitorio de tres meses para introducir los cambios necesarios en los mecanismos de obtención del consentimiento para el uso de cookies que se estén utilizando.

Recuerdo una frase que escuché hace ya muchos años en mi anterior trabajo, exclamada por aquella viuda que, tras fallecer desafortunadamente su marido en un accidente laboral, reclamaba justicia, no quería dinero. Pensaba que le tenían que dar explicaciones, disculpas sinceras, entender cómo se sentía o que alguien tenía que ir a la cárcel, pero en realidad no cabía mucho más que una condena penal como complemento o alternativa a una indemnización económica que pudiera compensar tan terrible pérdida.

1. Planteamiento de la cuestión

Apenas comenzaron las primeras vacunaciones en nuestro país, fueron apareciendo sucesivas peticiones de medidas cautelares para proceder a la vacunación de personas incapaces para tomar decisiones que viven en residencias de ancianos. En sólo once días, tres juzgados tuvieron que dar respuesta a otras tantas situaciones de conflicto que podían comprometer la vida, la salud o el bienestar de personas especialmente vulnerables (Auto del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santiago de Compostela de 9 de enero, SP/AUTRJ/1079430, Auto 47/2021 del Juzgado de Primera Instancia n. º 17 de Sevilla de 15 de enero, SP/AUTRJ/1083657, y Auto del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Santiago de Compostela de 20 de enero, SP/AUTRJ/1080475). Y siguen sucediéndose los casos en la geografía española.

La semana pasada finalizaba con un gran revuelo jurídico y mediático como consecuencia de la decisión (cautelar) adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Auto de 9 de febrero de 2021 (SP/NOT/1432) por el que se concedía la suspensión cautelar de un precepto autonómico, el apartado 9.1) del Anexo del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari relativo a medidas de prevención para contener la propagación de la COVID (SP/LEG/31890). Dicho apartado 9.1 regula las reglas de reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración, siendo la consecuencia directa de su suspensión la de que los establecimientos de hostelería y restauración pueden permanecer abiertos con una incidencia acumulada de casos positivos por COVID-19 superior a 500 por 10.000 habitantes en los últimos catorce días.

El complemento de maternidad vigente desde el 2016 se concedía inicial y exclusivamente a las mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social, según fueran madres de dos o más hijos (mejora de un 5% si son dos, un 10%, en caso de tres y un 15% si son cuatro o más hijos) y con la finalidad de recortar la brecha de género en la cuantía percibida de las prestaciones entre hombres y mujeres con motivo de las distintas trayectorias laborales que hubieran podido tener.

Nuestra Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (SP/LEG/25146) regula el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Podemos afirmar que, sin perjuicio de matices y casuísticas, no tendría por qué existir irregularidad alguna por el hecho de que nuestro empleador (público o privado) instalará cámaras, por ejemplo, en los despachos o pasillos de una oficina.

Desde el pasado 25 de diciembre está en vigor en Cataluña la Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. Sobre esta misma materia fue presentada en el Congreso de los Diputados el 26 de febrero de 2020 la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español, iniciativa que sigue en trámite, pero paralizada desde julio de 2020, y que esperamos pueda ser objeto de estudio en este blog en poco tiempo. Existe también una norma de ámbito autonómico dictada en Comunidad Autónoma de Canarias en 2019, la Ley 13 de 25 abril, sobre los menores robados.

El fenómeno de la ocupación de viviendas acapara titulares y noticiarios obviando, tal vez por evidente, que en la relación vivienda, propietario y ocupas,  a final del año y en correspondencia a la obligación a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, procederá la declaración de ésta circunstancia vinculando a la imputación de los correspondientes rendimientos inmobiliarios y los beneficios fiscales aplicables.

La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo dedica su artículo 14 a la «Vigilancia de la salud» y pide que se adopten medidas para garantizar ese objetivo. Conforme a su número 2, estas medidas permitirán que cada trabajador, si así lo deseare, pueda someterse a una vigilancia de salud a intervalos regulares.

El Derecho tiene como finalidad última ordenar la vida en sociedad por medio de normas que posibiliten una convivencia ciudadana pacífica. La sociedades modernas, libres y plurales, se encuentran como todo ser vivo en continuo proceso de cambio, avance y desarrollo, y el Derecho debe evolucionar para dar respuesta a las nuevas inquietudes y demandas sociales que de forma paralela a esos cambios van surgiendo. Así ocurrió con la ley del divorcio de 1981, o con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo de 2005, por poner algún ejemplo.

Una vez más el TJUE analiza situaciones que generan gran interés. En este caso nos referimos a la sentencia dictada el pasado 14 de enero de 2021 y que ya puede consultar analizada con la referencia SP/SENT/1076923.

Leticia Mata Mayrand

Abogada especializada en protección a la infancia. Miembro del Patronato de la Fundación ANAR

El 21 de diciembre de 2020 vencía el plazo para la trasposición por los Estados miembros de la Directiva (UE) 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (en adelante EECC) (SP/LEG/25314). A partir de esa fecha, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que hayan adoptado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada directiva.

El pasado 25 de enero conocimos la histórica sentencia promovida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el grupo Volkswagen por el ya famoso “caso del dieselgate”, en la que ha intervenido como letrado nuestro coordinador del Top Consumidores y Usuarios, Eugenio Ribón.  

Este es un tema polémico en el régimen de propiedad horizontal estatal pues, aunque la mayoría de la doctrina, entre la que se encuentra sepín, considera que es aplicable el art.10.3.b) de la LPH, no se trata de un criterio unánime, haciendo depender el acuerdo de la obra a realizar, teniendo en cuenta la alteración que se produce en los elementos comunes.

Como explica el profesor Juan Antonio García Amado en las lecciones de su máster de argumentación jurídica, las reglas interpretativas de principio son aquellas que informan con carácter general un determinado sector del ordenamiento jurídico (Derecho laboral, penal, de menores, de familia, etc.), actuando como fórmula o cláusula interpretativa de cierre ante cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de sus normas, dado que inspiran toda esa parcela del ordenamiento jurídico. Constituyen el factor decisivo que puede inclinar la balanza ante varias interpretaciones posibles del precepto al ofrecer una pauta de decisión ligada a los principios fundamentadores de ese ámbito jurídico en cuestión.