Ricardo Soriano Vidal y Laura Alfayate Alonso
Alumnos del Practicum de la Universidad Carlos III
Todos los días suelen parecernos iguales. Sobre todo en verano, cuando perdemos la noción del tiempo y no nos preocupamos por nada más allá de ponernos morenos (o no quemarnos demasiado). Sin embargo, siempre tenemos esas fechas que nos marcan; en mi caso, este verano fue el tres de julio: día en el que comenzaba las prácticas en Sepín.
A finales del pasado mes de junio se publicó el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (SP/LEG/40580) —cuyo extenso título el lector nos agradecerá que le ahorremos—, que ha operado como una norma “ómnibus” compuesta de cinco libros y dividida en 226 artículos, que afecta a múltiples materias, entre ellas a normas procesales, y dentro de estas al proceso penal, lo que constituye el objeto de estas breves líneas.
Con carácter previo, hemos de señalar que con la LRJS (SP/LEG/7988), se amplía las competencias de la jurisdicción social, extendiéndola a materias que se resolvían en otras jurisdicciones, como la civil o la contenciosa administrativa, y concentra en el orden jurisdiccional social todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo, que obligaban a los afectados a acudir a distintos órganos jurisdiccionales de los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y de otro la LRJS reconduce cualquier reclamación, que tenga su causa en un accidente de trabajo, hacia el incumplimiento del contrato de trabajo, con independencia de que algunos de los codemandados nada tenga que ver con la relación laboral. Así en el art. 2 a) de la misma se atribuye al orden social la competencia de las cuestiones litigiosas que se promuevan como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (SP/LEG/2590); y en ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo. Pero la verdadera novedad, sin precedentes en los anteriores textos legales viene dada por lo dispuesto en el art. 2 b) de la LRJS , en el que se establece la competencia del orden social contra todos aquellos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.
Últimamente se está procurando el impulso de la mediación como método de resolución adecuado en el ámbito contencioso administrativo, tanto en el procedimiento ordinario como en el abreviado, ya que esta derivación, por su versatilidad, podría realizarse en diferentes momentos procesales: al admitir a trámite la demanda, o en cualquier momento anterior a la votación y fallo. Inclusive en la propia Vista también podrá́ derivarse a mediación de conformidad con lo previsto en el artículo 77 LJCA.
El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (SP/LEG/40580) introduce en nuestra regulación el derecho al olvido oncológico.
En los medios de comunicación, es común escuchar hablar sobre los delitos de odio y las agresiones e insultos a personas debido a su raza, condición sexual o de género. Sin embargo, es importante realizar algunas matizaciones relevantes vinculadas con la dogmática del Derecho Penal atendiendo a los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.
1.- Introducción
Cuando perdemos un pleito civil y consideramos que la Sentencia es errónea, incompleta, incongruente, ha valorado mal la prueba…. o, en resumen es por cualquier otro motivo desacertada, surge de inmediato una esperanza: acudir a la apelación civil.
Perseguir, como señala la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012) en su art. 456 que: “ …con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación”.
Aunque se trate de un problema que no conoce época del año, es en verano cuando estas resultan más evidentes; las piscinas, el aire acondicionado, las barbacoas, las reuniones al aire libre en elementos comunes, las fiestas con música alta hasta la madrugada y un largo etcétera que, aunque todos tengamos necesidad de desconexión en esta estación de año, no por ello debemos dejar aparcada la educación y las reglas de convivencia, porque de eso se trata en la mayoría de las ocasiones. Son numerosas las consultas que llegan a sepín en estos días sobre estos problemas, en las que se plantean qué medidas se pueden tomar ante el vecino que, por ejemplo, incumple las normas comunitarias de la piscina (SP/DOCT/19260). La respuesta es no puede hacer nada o casi nada, si se trata de conductas aisladas. Pues, aunque este tipo de situaciones estén reguladas en el denominado reglamento de régimen interior, (SP/DOCT/75462), la Comunidad, recordemos, no tiene capacidad sancionadora. Mi contestación, en estos casos, es que se trata de respetar las reglas de convivencia.
Entonces, ¿no existe solución? Sí, pero veamos, cuándo y cómo:
En virtud de la Resolución de 28 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establece la hoja de ruta para la mejora de la atención temprana en España sobre un marco común de universalidad, responsabilidad pública, equidad, gratuidad y calidad (BOE núm. 163, de 10 de julio de 2023), SP/LEG/40660.
La Secretaría de estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha aprobado la Instrucción 5/2023 por la que se aprueba el “I Plan Estratégico de prevención de las violencias sexuales 2023-2027” (SP/LEG/40616). En dicha instrucción, además de aprobar este Plan, se crea la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOSEX) y a la vez se imparten instrucciones para su coordinación y funcionamiento y se desarrolla e implementa el Sistema de Registro, Seguimiento y Prevención de los delitos sexuales (VioSex).
El auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 (Tribunal de Instancia mercantil) de Málaga, de 15 de febrero de 2023 (pieza separada, BEPI n.º 852/20. Concurso Consecutivo n.º 2/18) que desgraciadamente no se encuentra publicado por el cendoj, desarrolla claramente el caso de un concurso voluntario de persona física, declarado fortuito, en el que se terminaron las operaciones de liquidación y en que el deudor solicitó exoneración directa y definitiva de todo el pasivo insatisfecho, alegando cumplir los requisitos del TRLC. Vamos a verlo.
La AC informó favorablemente sobre su concesión manifestando que se cumplían los presupuestos para la exoneración directa al haberse intentado un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) y que no existían créditos contra la masa ni privilegiados pendientes de pago; solo ordinarios y subordinados.
CAJAMAR CAJA RURAL (Cajamar) se opuso al considerar que no se acredita el cumplimiento de los mencionados requisitos que permiten acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).
Nos encontramos en época estival y, al igual que los residentes de los núcleos urbanos se plantean pasar sus vacaciones en la costa, los habitantes de la costa se plantean “huir” de la masificación alquilando la que es su vivienda en la costa durante la temporada de verano y trasladando su residencia a cualquier otro inmueble, de tal forma que se consiguen dos objetivos, descansar y obtener unos rendimientos de la vivienda en la playa. Si es tu caso, ten en consideración que pondrás en riesgo la aplicación de ciertos beneficios fiscales vinculados a la adquisición de vivienda.
Consentimiento
Desde el 29 de junio de 2023 con la entrada en vigor del artículo 66.1b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, (SP/LEG/37794) solo se pueden realizar llamadas comerciales a los usuarios de los que se tenga el consentimiento previo para recibirlas o cuando se pueda justificar un interés legitimo del Call Center, de conformidad con el artículo 6.1, f) del RGPD (SP/LEG/19835).
El BOE n.º 154, de 29 de junio de 2023 publicaba el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio -SP/LEG/40580- y (cuya rúbrica omitiré aquí dada su extensión y mezcolanza de su temática). Real Decreto-Ley que al menos en parte (y esto es una opinión muy personal) es de dudosa legitimidad si tenemos en cuenta que la Constitución Española restringe esta potestad normativa del Gobierno a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a un uso abusivo del Real Decreto-ley por todos los Gobiernos, con independencia de su signo político, algo que muchos venimos denunciando desde varios años; a modo de ejemplo, en el Blog de Sepín ya publiqué hace ahora 11 años el post “Decreto-ley: ¿necesidad o abuso?"
¿Qué sucede cuando uno de los progenitores decide trasladarse a vivir a otra localidad o mudarse de país, cambiando también el lugar de residencia habitual de los hijos menores? ¿Qué aspectos esenciales debemos de tener en cuenta?
