El blog jurídico de Sepín

Con entrada en vigor el 1 de julio del año en curso se ha publicado mediante la Orden INT/210/2025 (SP/LEG/44550) los nuevos términos de la formación necesaria para la obtención del permiso de conducción de la clase A, que es el que permita conducir cualquier vehículo incluido dentro de la categoría A, A2, A1 y AM, toda clase de motocicletas y triciclos de motor.

A través de esta norma se ha actualizado el contenido de la formación exigida para la obtención del permiso de conducción de la clase A en su parte teórica, y también un aumento del número de horas exigidas en circulación en vía abiertas al tráfico en detrimento de las horas impartidas en circuito cerrado. En el post se explica, resumidamente, cómo se realizará esta nueva formación para emitir el certificado con el que la DGT expedirá el permiso.

Ahora si, tras el vaivén legislativo con la no convalidación y consiguiente derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre (SP/LEG/44252), por el que se suspendía la actualización de las cuantías y limites indemnizatorios del Baremo de Tráfico al afectar al indice de revalorización de las pensiones (IPR), se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

Se ha especificado en su Disposición final novena, que los arts. 64, 65 y 66, que se refieren a las medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas producirán efectos económicos desde el día 1 de enero de 2025. Por lo que la ya se pueden considerar actualizadas para el año en curso las cuantías del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (SP/LEG/2821) con el indice de revalorización de las pensiones (IPR) recogido en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero. En este post se explica a que tablas se aplica dicho indice y que ocurre con el resto. 

A pesar del frio climático con el que empezamos el año, el 2025 nos ha sorprendido con la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), que ha elevado considerablemente la temperatura ambiente para abogados y abogadas, jueces y juezas, magistrados o magistradas, procuradores y procuradoras, y demás profesiones relacionadas con el derecho.

Entre sus múltiples reformas, que van a dar lugar a intensos debates e interpretaciones, hay una que me ha llamado la atención, esta es la Disposición Final Decimosexta, por la que se modifica apdo. 1 del art. 19 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (SP/LEG/3870).

A día 12 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid ha publicado una nota de prensa sobre la información detallada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre que podrán seguir accediendo a la zona de bajas emisiones (ZBE) ciertos vehículos "A" hasta diciembre de 2025. Por la gran cantidad de dudas que ha generado esta declaración, se presentan en este post de manera esquemática cuales van a ser estos “privilegiados”.

Intentamos resolver en este post alguna de las principales cuestiones sobre cómo y que daños se van a poder reclamar por el desastre natural que ha afectado a Valencia, Albacete, Cuenca y Andalucía. Se debe partir de si se tiene un seguro en vigor, cabe reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros, que se hará cargo de muchos de los daños, y/o a la propia aseguradora, y que en cuanto se apruebe la declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, se establecerán subvenciones para todos los perjudicados y/o familiares.

La AP de Asturias, en una reciente sentencia de 28 de mayo del 2024 (SP/SENT/1231248) realiza un interesante análisis sobre la responsabilidad de las entidades bancarias cuando sus clientes son víctimas de la estafa conocida como "phising", que suele consistir en un enlace incluido en un email o SMS, que redirige a una página web fraudulenta para que introduzca su número de tarjeta de crédito, DNI, la contraseña de acceso a la banca online, etc.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento aprobado por R.D. 892/2024, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Histórico (SP/LEG/43379) se ha buscado actualizar la normativa, adecuarla a las necesidades medioambientales por el cambio climático, introducir a las motocicletas y ciclomotores en esta categoría y sintonizar con las actuales legislaciones europeas, a los efectos de homogeneizar los tratamientos y beneficios que se dispensarán a los vehículos clasificados como históricos en los distintos países.

Esta cuestión se desarrolla y se trata en una interesante sentencia de la SAP Orense,14-03-2024 (SP/SENT/1225102), de la que se recogen en este post los aspectos más relevantes, pues explica de manera práctica y sencilla conceptos tales como, la póliza estimada y el interés asegurado, así como su relación con la suma asegurada para reconocer un infra o sobreseguro.

El nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil para “vehículos personales ligeros” ha sido introducido mediante una disposición adicional en la norma (pendiente de aprobación por el Congreso a la fecha de este post) que supone la modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM, SP/LEG/2821) de la que ya hemos ido adelantando sus principales novedades durante su tramitación parlamentaria, entre las que, en principio, no se incluía este nuevo seguro, y que por ello se ha introducido mediante disposición adicional. Su entrada en vigor será el 2 de enero de 2026, salvo que la norma reglamentaria del Gobierno que la desarrolle entre en vigor antes.

Esta es la cuestión que viene a resolver la reciente sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de fecha 27-9-2023 (SP/SENT/1197399). El origen es una demanda formulada por la viuda de un asegurado, en su condición de beneficiaria, en la que se ejercitó una acción contra la aseguradora para reclamar el capital pactado en la póliza de seguro de vida e invalidez permanente suscrita por su marido, en la cuantía de 50.000 euros. Resumidamente se alegó ocultación de datos por el asegurado, y la aplicación de una condición general con un periodo de carencia. Condición general a la que se remitían las condiciones particulares