El blog jurídico de Sepín

El Pleno de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, dictó el pasado 20 de diciembre la Sentencia 677/2018, en la que decide —no por unanimidad, pues cuenta con un voto particular suscrito por cuatro de los catorce magistrados—, aplicar en unas agresiones recíprocas entre miembros de una pareja, en las que no hubo lesiones ni denuncia, diferentes apartados de un mismo artículo. El 153.1 CP al hombre y el 153.2 CP a la mujer.

Inicialmente, como recopila MÚRUTLA LAFUENTE, en los préstamos hipotecarios sobre viviendas a los que se refiere el art. 1 de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, se reconoció a nivel administrativo en su Anexo I, como legítima esta comisión. En la misma se afirma que la comisión de apertura, que se devengará una sola vez –no faltaba más, lo contrario sería comisión de “apertura en canal”- se devengará una sola vez, englobará cualesquiera gastos de estudio (tasación del inmueble a hipotecar, búsqueda en el Registro y en el Catastro…), de concesión o de tramitación del préstamo hipotecario u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo (norma 3ª, apartado 1.bis, b) redactado por la Circular 5/1994). Con la aprobación de la Orden EHA/2899/2011 se elimina cualquier referencia a la comisión de apertura.

Vuelve al primer plano de la actualidad el asunto de los “aforados” y la necesidad de su recorte y/o limitación.

Empecemos por recordar en qué consiste el concepto “aforamiento”, pues la opinión pública tiende a asociarlo a un privilegio extraordinario con que cuentan concretos altos cargos públicos, que en caso de cometer delitos se introducen en una suerte de burbuja impenetrable de la que salen indemnes. Afortunadamente esa percepción va cambiando porque ya se va conociendo en qué consiste ese fuero. Es una situación procesal especial que la ley otorga a determinadas personas por razón de su cargo público, por virtud de la cual se atribuye la competencia para la investigación y enjuiciamiento de sus actos a un alto órgano judicial, en concreto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el caso de posibles delitos cometidos por aquellas personas y la Sala Primera del mismo alto tribunal, para las demandas sobre responsabilidad civil dirigidas frente a aquellas personas, salvo que el cargo sea autonómico, en cuyo caso la competencia la ostenta el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

El Código Civil establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, pudiendo pedir en cualquier momento a que se proceda a dividir la cosa común, conforme lo establecido en los artículos 400 y siguientes de dicha norma.

El pasado 28 de diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modifica, entre otras, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU) en materia de viajes combinados y otros servicios de viaje vinculados, a fin de transponer al derecho interno la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.

Nuevo Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que vuelve a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, puede ver los comentarios en este post.

El pasado 19 de diciembre de 2018 la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, dictó una sentencia anulando determinados preceptos del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid dicho normativa ya fue objeto de revisión por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia de 31 de mayo de 2016 , en la que se declaró la nulidad del apartado 3 del art. 17 en el que se establecía que las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días al vulnerar la normativa estatal y comunitaria en materia de competencia.

El 21 de enero, coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación n.º R (98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998 en su 616.ª reunión, se conmemora el Día Europeo de la Mediación.

A finales de enero de 2019 ya se debe adecuar la conducción a las nuevas velocidades establecidas por el RD 1514/2018, de 28 de diciembre, que ha modificado el Reglamento General de Circulación. La justificación para la adopción de dicha medida es la esperanza de reducir el número de fallecidos.

Según su exposición de motivos, la mayoría de las muertes se producen sobre todo por accidentes en carreteras convencionales, que son aquellas que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías para automóviles.

La reciente sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 12-12-2018 (SP/SENT/982027) vuelve a poner sobre la mesa la cláusula abusiva que prevé la incorporación de las obligaciones de pago derivadas de préstamos a pagarés en blanco emitidos y firmados por el prestatario. No cabe duda de que la capacidad de la banca para inventar cláusulas que la enriquezcan ilícitamente es ilimitada. Nuestro Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre la abusividad de esta práctica en sentencias anteriores como las de TS, Sala Primera, de lo Civil, 2-11-2016 (SP/SENT/877114) o la del Pleno del TS, Sala Primera, de lo Civil, 12-9-2014 (SP/SENT/782265).

Departamento Jurídico de Sepín Mediación y Arbitraje

(*) Esta página estará permanentemente actualizada conforme nos lleguen las diferentes actividades

El 21 de enero, coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación n.º R (98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998 en su 616.ª reunión, se conmemora el Día Europeo de la Mediación. Adjuntamos todos los eventos conmemorativos de dicha fecha:

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 989/2018, de fecha 28 de noviembre, recaída en el recurso n.º 2826/2016, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la mercantil REPSOL TRADING, S. A., y, en su virtud, se casa y anula la Sentencia dictada por la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Madrid 496/2016, de fecha 27 de mayo de 2016, recaída en el Recurso de Suplicación 290/2016, y, en definitiva, se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 8 de los de Madrid con fecha 10 de noviembre de 2015, en los Autos 1323/2014, seguidos a instancias de la trabajadora.

El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con el objeto de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en dicha materia.  Dicha normativa, conforme a la disposición final séptima entra en vigor hoy lunes 14 de enero de 2019, a excepción de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 21 (relativo a la suspensión de la solicitud del registro de marca y la oposición), que lo harán el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos y el apartado 2 de la disposición adicional primera, que lo hará el día 14 de enero de 2023.

El propietario que pudiendo votar decide no ejercer su derecho, ¿qué valoración ha de darse a su posición a los efectos del cómputo de las votaciones? ¿Podrá, posteriormente impugnar el acuerdo?

La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la Sentencia núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional de 11 de mayo supuso que gran parte de las liquidaciones tributarias resultasen impugnadas, con mayor razón en aquellos supuestos en los que el obligado tributario entendía que la transmisión de la propiedad de un inmueble -independientemente al título- no ponía de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser gravada. Ahora bien, finalizado el año fiscal del 2.018 y pensando en la campaña de Renta con período del 2 de abril hasta el 1 de julio del 2.019, ¿en qué afecta la impugnación de la liquidación de la plusvalía municipal en la declaración de la ganancia o pérdida patrimonial por la transmisión?

El desarrollo que de la mediación se está haciendo en países más adelantados en esta materia permite que vayan explorándose diferentes vías que inciden en el procedimiento y que facilitan que quienes desarrollamos la mediación en otros lugares no nos pongamos límites a la hora de resolver un conflicto por este medio.

Ante la perturbación de un derecho real inscrito por un tercero que carece de título inscrito para ello, una de las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para el titular registral es la llamada acción para la efectividad de un derecho real inscrito conforme fija el artículo 41 Ley Hipotecaria, que, a su vez, remite a la regulación del juicio verbal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.