Este año ha traído muchos cambios. Sabemos que han sido tiempos difíciles y, por ello, de parte de todo el equipo de Sepín, nos gustaría felicitarte estas fechas y desearte todo lo mejor para este año nuevo que empieza con un vídeo que hemos hecho con todo nuestro cariño.
Tras recibir el texto del Anteproyecto que nos hizo llegar uno de nuestros colaboradores, hicimos una lectura rápida de la exposición de motivos. Y parece que promete:
La inclusión en un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o ERE (Expediente de Regulación de Empleo) con la percepción de la prestación por desempleo es determinante a efectos del IRPF de la existencia de dos pagadores. La percepción de la prestación de desempleo por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) a efectos fiscales se considerará como la percepción de rentas de un segundo pagador y hay de estar a la normativa vigente al tiempo de confeccionar la declaración correspondiente al ejercicio 2020.
Continuamos con la recopilación de términos y conceptos actuales del Derecho de Familia que ya inicié en un post anterior con el acercamiento al Plan de Parentalidad y que considero que podrían dar lugar a un primer diccionario actualizado y especializado de Derecho de Familia (DDF).
En el BOE de hoy 17 de diciembre de 2020 se publica la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre (SP/LEG/31930) por la que se suprime el apartado segundo del artículo 156 del Código Penal.
El presente comentario se justifica en relación con la reciente publicación del criterio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 6 de diciembre de 2020 que ha establecido que las empresas que incumplan el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad y en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán reintegrar la totalidad del importe de las cuotas que, por aplicación de las diferentes exoneraciones vigentes en cada momento, hubiesen dejado de ingresar, al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento del mantenimiento del empleo.
La votación de los propietarios ausentes ya fue objeto de otro post, no obstante, por el tiempo transcurrido y las sentencias que se han pronunciado al respecto, consideramos de interés, tratar nuevamente esta polémica cuestión.
Como consecuencia del coronavirus se ha comprobado la falta profesionales sanitarios, y consecuentemente son profesiones muy solicitadas, ahora y en el futuro, por lo que continuamos, a título informativo, con el anterior post en el que se mostraban las categorías oficiales de licenciados y diplomados, para recoger en este post las ofertas y competencias generales de la formación profesional en el ámbito sanitario.
Resulta frecuente (y permitido) que, normalmente dado el volumen de la oposición y la gran cantidad de aspirantes que optan a la ocupación de las plazas convocadas, las pruebas o exámenes tengan que realizarse en distintas tandas (habitualmente, el mismo día, en turnos de mañana y tarde).
Desde el pasado 1 de diciembre está vigor la modificación del artículo 236-8 CCCat, relativo al ejercicio conjunto de la potestad parental, introducida por la Ley 14/2020 de 25 de noviembre, que permite que en supuestos de violencia, los hijos menores de 16 de años puedan recibir asistencia psicológica tan sólo con el consentimiento de uno de sus progenitores.
Nadie podía prever desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, y su finalización en junio, que la pandemia continuaría estos últimos meses del año con una segunda ola y persistentes efectos negativos en muchos ámbitos, dando lugar a una nueva declaración de estado de alarma. Esto se traduce en el campo de los arrendamientos urbanos en la falta de pago de la renta por parte del arrendatario y la falta de ingresos para el arrendador, y debido a ello asistimos, los profesionales dedicados a este tema, a una continua aprobación de normativas para modificar o ampliar las medidas excepcionales en el alquiler de vivienda contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.
Confieso que no me había planteado que esta Pandemia Universal ocasionada por el COVID pudiera influir en los criterios de imposición de costas.
Es cierto que sí ha tenido efectos procesales muy variados y que han ido desde la suspensión de los plazos procesales, a la celebración de las vistas telemáticas o la potenciación de la fuerza mayor, recogida en el art. 134 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, como motivo de suspensión o retraso de plazos y actuaciones procesales. La pandemia ha cambiado nuestra vida y el desarrollo de los procedimientos no podía permanecer ajeno a estos cambios que nos han afectado igualmente al ejercicio profesional.
Como regla general, las solicitudes de asilo o protección internacional ante las autoridades españolas deben presentarse fuera del país de nacionalidad del solicitante.
El retraso o la cancelación de un vuelo no da derecho a compensación a los pasajeros si el transportista aéreo puede probar que el mismo fue debido a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado las medidas razonables.
