El blog jurídico de Sepín

Comentar desde el balcón que una propietaria es morosa ¿vulnera la normativa de protección de datos?

En esta ocasión voy a comentar la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo de 29 de abril de 2019 (SP/SENT/1006780), donde una comunera pretendía la imposición de una sanción por parte de la Agencia de Protección de datos (AEPD) por cesión inconsentida de los mismos a la presidenta de la Comunidad. Los acontecimientos fueron los siguientes:

La presidenta de la Comunidad, desde la ventana de su casa, comentaba con su marido, al parecer en tono muy alto, que una comunera era morosa, pues debía cuatro meses de cuotas. Dichos comentarios fueron escuchados por la hija de la denunciante, que sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que recibir asistencia médica. Por estos motivos, se presentó ante la AEPD una denuncia contra la Presidenta por vulneración de la normativa de protección de datos, donde la Agencia acordó archivar el procedimiento por falta de indicios racionales de infracción de la normativa. Dicha resolución fue impugnada ante la Audiencia Nacional.

 
Lo primero que se discute en la comentada sentencia es la legitimación de la denunciante. Tal como ya han resuelto en numerosas ocasiones la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, no existe legitimación activa cuando únicamente se pretende la potestad sancionada, sin acreditar una concreta afectación al recurrente, puesto que la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado. En caso contrario, se estaría sustituyendo a la Administración en el ejercicio de la potestad sancionadora. En este supuesto, la denunciante solicitaba en el suplico únicamente la incoación de la actividad de investigación por parte de la Agencia, sin solicitar el inicio del procedimiento sancionador, por lo que entiende el Tribunal la existencia de legitimación para dicha pretensión.
 
En cuanto al fondo del asunto, en primer lugar, la denunciante imputa la responsabilidad tanto a la presidenta como a la Comunidad de Propietarios, pero esta última no fue denunciada ante la AEPD, por lo que no puede analizarse en vía judicial. En cuanto a la cesión inconsentida de datos, la falta de inscripción de los ficheros y la utilización de datos para fines distintos al legítimo, al igual que ocurre con la responsabilidad de la Comunidad, no fueron alegados en vía administrativa, por lo que no fueron objeto de enjuiciamiento. En cuanto a la revelación a terceros de forma oral de la condición de moroso, con la prueba aportada, declaraciones testificales y partes médicos, la Audiencia entiende que no son prueba de cargo ni indicios de la comisión de una infracción de la normativa de protección de datos.
 
En relación con la Sentencia, resulta conveniente citar el criterio de la AEPD acerca de si la publicación de la situación de morosidad vulnera la normativa vigente de protección de datos, indicando ésta que dicha práctica con carácter general no está amparada. No obstante, al estar contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) como ejercicio legítimo para el correcto funcionamiento de la Comunidad, estaría recogido dentro de lo permitido por la normativa especial. Aunque los hechos de la sentencia no encajan con el art. 16 LPH, quedan dentro del ámbito doméstico, por lo que entiendo que en ningún caso deberían dar lugar a una sanción.
 
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“Los propietarios afectados” en el régimen de propiedad horizontal

En este régimen existen unas obligaciones de los propietarios fijadas en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal; respetar y responder de los elementos comunes dentro de su propiedad; mantener en buen estado de conservación su propio piso o local; consentir las reparaciones y servidumbre que exija el servicio del inmueble; permitir el acceso a la propiedad privada cuando la Comunidad así lo requiera.

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¿Cómo se cuantifica la demanda de indemnización tras la extinción de un contrato de obra o servicio celebrado con la Administración?

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 377/2019, de fecha 16/05/2019, recaída en Recurso nº 849/2018, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y se casa y anula la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 19/12/2017 recaída en el Recurso de Suplicación nº 2356/2017, en la que se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao, con fecha 20/07/2017, en los Autos nº 211/2017 seguidos a instancia de la trabajadora en reclamación de cantidad, y se revoca parcialmente la citada Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao, en el sentido de fijar la indemnización a favor de la trabajadora en la cantidad de 743,83 €, y se mantienen el resto de los pronunciamientos de la misma.

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Un error de LexNet es el origen de una sentencia penal condenatoria que hoy anula el Constitucional

La avería que puede generar a nuestros clientes un simple error técnico del sistema LexNet puede ser importante. En el caso que hoy venimos a exponer, un deficiente funcionamiento de ese sistema unido a una falta de diligencia del Juzgado, dieron lugar nada menos que a una sentencia condenatoria que incluso se confirmó en segunda instancia, todo lo cual hoy ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional, que ordena repetir el juicio.

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¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar a la aseguradora la devolución de las cantidades anticipadas en la compraventa de una vivienda?

El Pleno del Tribunal Supremo ha dado solución a una de las cuestiones que seguían siendo polémicas en relación con las cantidades anticipadas para la compra de una vivienda en construcción, como es el tema del plazo de prescripción con el que cuenta el comprador para poder exigir su devolución a la entidad aseguradora con la que el promotor ha contratado la póliza de seguro de caución, regulada en el artículo 1 de la Ley 57/1968.

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Perjudicar a la masa activa del concurso te puede salir a cuenta

Conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal es de sobra conocida la posibilidad de, una vez declarado el concurso, conforme al artículo 71.1, solicitar la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

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¿Cómo están transformando las legaltech los servicios jurídicos? La digitalización en la reclamación de impagos y la gestión contable y fiscal

Hoy en día ya no nos resulta sorprendente coger nuestro teléfono móvil y tener al alcance de nuestra mano cientos de servicios a tan solo un clic: desde una lavandería y tintorería a domicilio hasta la posibilidad de compartir coche con otros viajeros para cubrir gastos de combustible.

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La desheredación y sus causas. Último criterio del TS

La desheredación es una figura testamentaria consistente en una sanción civil por la cual el testador, en los términos establecidos por la ley, puede privar a un heredero forzoso de su legítima, esta es la porción de bienes de que el causante no puede disponer libremente por haberla reservado la ley a los legitimarios. Esta figura queda recogida en el Libro Tercero del Código Civil (arts. 848-857 CC).

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Cláusulas abusivas en la contratación de mantenimiento del ascensor en las Comunidades de Propietarios

Una vez instalado el ascensor en la Comunidad, previa aprobación en Junta es necesario que la Comunidad contrate un servicio de mantenimiento del ascensor. En la práctica ha quedado demostrado que, en muchas ocasiones, dichos contratos de mantenimiento contenían cláusulas abusivas que, mientras favorecían a la empresa de mantenimiento, causaban un grave perjuicio a los propietarios.

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¿Se vulnera la intimidad del menor cuando, tras su exploración, se da traslado a las partes del acta detallada?

El Pleno del Tribunal Constitucional, en la reciente Sentencia 64/2019 de 9 de mayo de 2019, ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad n.º 3442-2018 planteada por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 14 de Barcelona, en relación con el art. 18.2.4.º de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, por posible vulneración del derecho fundamental a la intimidad del menor de edad (art. 18.1 CE).

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En Cataluña, ¿puede la Comunidad incrementarme la participación en los gastos a pagar por el uso excesivo de elementos comunes?

Sí, en Cataluña ya era posible antes que la Ley de Propiedad Horizontal introdujese la regla 12 del art.17, por la que, en los casos en lo que la vivienda se destine a actividades turísticas y mediante acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de cuotas y propietarios, se pueden fijar cuotas especiales o un incremento en la participación de los gastos comunes, siempre que no sea superior al 20% y, evidentemente, sin efectos retroactivos.

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¿El fin de internet?

El pasado viernes 17 de mayo, coincidiendo con la celebración del día de Internet, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la controvertida Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, de la que tanto se ha hablado, la cual probablemente cambie el Internet que conocemos hoy en día.

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