Después de 3 años y medio, el Reino Unido está más cerca del Brexit, de hecho recientemente se ha aprobado el acuerdo de retirada en el Parlamento británico y está previsto la salida para el día 31 de enero de 2020. Antes de que eso ocurra, hoy vamos a explicar algunos fundamentos sobre protección de datos y las transferencias internacionales de datos personales.
El tiempo no se detiene y el pasado 1 de enero de 2020 se han cumplido 25 años de la entrada en vigor de nuestra cambiante, inquieta y siempre polémica Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre.
Cualquier persona que haya pasado por el trámite de comprar una vivienda, como regla general, lo primero que ha hecho, tras la meditada decisión de proceder a su adquisición, es solicitar una nota simple al Registro de la Propiedad para conocer cuál es la situación registral del inmueble y si existen cargas sobre el mismo.
Si el año 2016 fue para los interinos al servicio de la Administración Pública un año de satisfacciones y esperanzas en forma de resoluciones judiciales provenientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (recuérdese sentencias como “Porras I” o “Castrejana”) la situación dio un giro de 180 grados desde entonces, encontrándonos con pronunciamientos desalentadores en la lucha por la equiparación con los funcionarios de carrera de esos interinos que, de forma claramente fraudulenta, habían venido prestando servicios de forma continuada (muchas veces concatenando contratos temporales) para la satisfacción de necesidades permanentes de la Administración, desvirtuando de esta forma el concepto y naturaleza a la que debía responder la interinidad.
La STS, Sala Segunda, de lo Penal, 650/2019, de 20 de diciembre (SP/SENT/1031065), de la que ha sido Ponente el Ilmo. Magistrado D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, parte de los siguientes hechos probados: el acusado tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de su expareja, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como comunicarse por cualquier medio en virtud de Sentencia dictada el 9 de junio de 2016, con cese previsto de las prohibiciones el 17 de enero de 2018. El acusado tuvo conocimiento de la prohibición y, pese a ello, el 31 de mayo de 2017, a las 12:28 horas, llamó por teléfono a su expareja.
Estos últimos días los medios de comunicación están incidiendo en la noticia de que el nuevo Gobierno va a acometer una reforma del Código Penal en materia de delitos de rebelión y sedición. Realmente no se trata de una noticia inesperada a la vista de los pactos de investidura, algunos de los cuales desconocemos, pero intuimos. Este es uno de ellos y responde a la senda de “desjudicialización” de la vida política que se nos ha venido anunciando y que ya se ha emprendido con este primer peldaño.
El Código Civil define el mandato en su artículo 1709 como el contrato por el que uno se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otro.
Pues sí, así acaba de confirmarlo la Sala Tercera del Tribunal Supremo fijando como doctrina casacional que el específico “Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas” contenido en las últimas disposiciones sobre contratación pública (desde su incorporación, mediado el año 2010, a la entonces vigente la Ley 30/2007, de 30 de octubre -SP/LEG/3850-), puede ser empleado para reclamar de forma autónoma e independiente, al margen de la deuda principal ya abonada, los intereses de demora.
Hace 22 años, un 21 de enero de 1998, y tras la experiencia probada de casi 40 años en el continente americano, fue aprobada una Recomendación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa cuyo objetivo pretendía disminuir la confrontación, la ira, la frustración y tristeza que generan determinados conflictos que no terminaban de obtener una respuesta satisfactoria por las vías judiciales tradicionales.
Los pactos parasociales, también denominados reservados o extra-estatutarios, son aquellos convenios llevados a cabo por dos o más socios de una sociedad que buscan regular cuestiones societarias no establecidas por sus estatutos o complementar las relaciones internas, legales o estatutarias por las que se rige la sociedad. En el terreno práctico, estos acuerdos suavizan la rigidez de las normas societarias e incluso de los propios estatutos sociales, permitiendo adaptarse a la voluntad de los socios y a las necesidades reales de la sociedad. Esta práctica tan extendida en las sociedades queda, en su mayoría, regulada por el Derecho español por la Ley de Sociedades de Capital y el Código Civil, así como por algunas normas específicas. Asimismo, cabe un análisis de los pactos parasociales desde las siguientes dimensiones: naturaleza, validez, eficacia y registrabilidad en las Sociedades Limitadas.
Durante fiestas navideñas se aprovechan esos días para pasar tiempo en familia disfrutando de las actividades organizadas por los Ayuntamientos. Como todos los años, lo más esperado por los pequeños de la casa son las cabalgatas navideñas que recorren los diferentes municipios. Tras este aluvión de festejos y felicidad podemos tener un regalo de reyes inesperado: recibir una multa de aparcamiento o. en otros casos, que cuando lleguemos donde se encontraba nuestro vehículo estacionado no se encuentre allí.
En primer lugar, quiero dar las gracias al compañero de Granada Alberto Salas Martínez porque fue él quien puso de manifiesto este tema que sin duda es de interés para muchos compañeros a la hora de tasar las costas y que consiste en si pueden o no incluirse los gastos de la reclamación previa hecha por letrado del accidentado a la aseguradora en el ámbito circulatorio.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 760/2019, de fecha 12/11/2019, recaída en el RCUD nº 2524/2017, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto frente a la Sentencia nº 528/2017, de fecha 23/02/2017, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Granada), en el Recurso de Suplicación nº 2234/2016, interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Jaén con fecha 01/06/2016, en los Autos nº 626/2015, seguidos a instancia del actor contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, en reclamación de prestación por desempleo, de modo que se casa y anula la Sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se estima la demanda formulada, y se anula y deja sin efecto la Resolución impugnada de fecha 22/06/2015, y se declara el derecho del actor a percibir la prestación por desempleo por el tiempo legalmente previsto y se condena al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL a estar y pasar por esta declaración y al abono de la prestación correspondiente.
Estos propietarios, en el régimen de propiedad horizontal, se encuentran sometidos a las mismas normas, derechos y obligaciones que el resto de los comuneros, no obstante, por las características especiales, son los que más problemática generan, pues ellos, normalmente, por tener salida independiente, se consideran propietarios con menos obligaciones y más derechos, mientras que, el resto, generalmente, por el destino dado a las propiedades, los consideran como una amenaza.
Han sido varias las preguntas que se nos han planteado desde nuestro Servicio de Consultas en relación con la extinción (o en su caso, la atenuación) de la responsabilidad penal en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de la figura de la “regularización”. Trataremos de condensar sistemáticamente en estas breves líneas las principales cuestiones que pueden surgir.
En esta ocasión, como ya hicimos en su momento con el retracto de comuneros, vamos a dar unas breves pinceladas sobre el retracto de colindantes, diferenciando entre el regulado en el artículo 1523 Código Civil y el establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
La patria potestad viene configurada como una responsabilidad de los progenitores que se ejercerá siempre en el interés de los hijos y como tal, deben velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. También deberán oírlos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten, y siempre que tuvieran la suficiente madurez en virtud del art. 154 del CC (SP/LEG/2311), extendiéndose hasta la mayoría de edad, y pudiéndose prorrogar en caso de incapacidad (art. 171 CC).
