El blog jurídico de Sepín

I. Introducción

Conviene precisar, para enfocar correctamente el tema que vamos a analizar, que todo estudio de una materia tan sensible como esta, deberá hacerse desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales y, por tanto, teniendo muy presente las Declaraciones, Tratados y Convenios que los proclaman, así como la jurisprudencia emanada del TEDH y de nuestro TC. Al fin y al cabo, el respeto a los derechos fundamentales es pilar esencial en la construcción del estado de derecho y de nuestra democracia. Especial atención voy a prestar a la jurisprudencia emanada del TEDH, que tiene sentencias recientes de interés sobre este tema.

El concepto del  “interés superior del menor” ha sido ampliamente tratado en nuestras bases de datos desde diferentes puntos de vista: Derecho de Familia, Mediación y por supuesto, desde el ámbito del Derecho de Extranjería. Esto es así porque pretender definir este concepto deviene en una tarea compleja, teniendo en cuenta que es un concepto jurídico indeterminado que debe entenderse en una forma flexible, de manera que se pueda ir perfilando caso por caso una concreción acerca de lo qué es este interés superior del menor.

En el BOE del jueves 25 de marzo de 2021 se ha publicado la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (SP/LEG/33260), con entrada en vigor el 25 de junio de 2021 (salvo su artículo 17, con entrada en vigor el 26 de marzo de 2021), que ha venido a introducir en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho civil, el derecho a la eutanasia, y cuya tramitación no ha estado exenta de viva polémica.

Hace unos días vimos una noticia acerca de una sanción impuesta a una Comunidad de Propietarios con 15.000,-€, por infracción del artículo 5.1.f) del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679(RGPD), tipificada en el artículo 83.5 del mismo texto legal, al publicar el acta de la última junta en los ascensores del edificio, donde se podía identificar con nombre, apellidos, pisos y puerta a los asistentes a la misma y/o representantes y a los vecinos implicados en los temas tratados en la reunión (PS/00378/2019).

Colaboración

Se ha escrito mucho últimamente sobre las nuevas vías de resolución extrajudicial de conflictos, sobre las ADR “Alternative Dispute Resolution”, y se ha puesto de manifiesto durante estos meses duros de confinamiento y pandemia, la necesidad de llevar a la práctica esas fórmulas que permitan rebajar la carga de los tribunales, cada vez más saturados, y que tienen más difícil dar soluciones rápidas, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos.

Introducción

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha elaborado un Informe sobre “La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España”(SP/DOCT/109553) que me parece muy importante tener en cuenta y hacer visible, puesto que revela que la violencia contra las mujeres no se está resolviendo de manera adecuada y empieza desde muy pronto, en las primeras relaciones de pareja y familiares.

Cuando hablamos de una mediación multiparte es fácil deducir que se trata de una mediación con una pluralidad de partes intervinientes en el conflicto. Ante la posibilidad de que intervengan varios participantes a nadie se le escapa que va a dotar de mayor complejidad al conflicto pues cada una de las partes aportará su diferente perspectiva de aquél.

La nueva situación mundial tras la pandemia por la COVID-19 ha obligado a la sociedad a modificar numerosas prácticas desde las situaciones más cotidianas a las que se refieren al ocio, reunión o ámbito laboral. Como el ámbito de reunión debe ser más reducido y de una forma más responsable la legislación de todos los países se va adaptando y modificando entorno a esta nueva normalidad, entre ellos España.

Las multas por exceso de velocidad están a la orden del día, ¿pero se puede llegar a ir a prisión por cometer este tipo de infracciones? En el post de hoy aclaramos las situaciones que te pueden llevar a la cárcel.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 209/2021, de fecha 16/02/2021, recaída en el RC nº 106/2019[1], en cuya parte dispositiva se desestiman los RC interpuestos por el Sindicato Independiente de TCP y por el Comité de empresa de vuelo de IBERIA LÍNEAS AÉREAS, S.A., OPERADORA UNIPERSONAL, frente a la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nº 20/2019, de fecha 03/02/2019, recaída en los Autos nº 333/2018[2], en cuya parte dispositiva se desestima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el COMITE DE EMPRESA DE VUELO DE IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., OPERADORA UNIPERSONAL, a la que se adhirieron la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS-SECTOR AÉREO (CCOO), la CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE TCP, el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS DE LÍNEAS AÉREAS (SITCPLA), y la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-SECTOR AÉREO (UGT).

1. Derecho a la intimidad vs. Derecho a la información

Es frecuente encontrar enfrentado el derecho a la intimidad de las personas y el derecho a la información, el interés general y la relevancia pública en relación con la difusión de noticias de actualidad.

Nuevamente comentamos en el Blog una cuestión relacionada con la situación económica causada por la pandemia de la COVID-19. En concreto, cómo afecta en el recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas la paralización de actividad por un ERTE o el estado de alarma decretado y si en la cuota correspondiente deben tomarse en consideración disminuciones notables de la facturación. En resumen, si en este momento único los ayuntamientos, ¿deben tener en consideración la situación del estado de alarma, ERTE, suspensiones de actividad y pérdidas de las empresas en la cuota del IAE?

La crisis económica y social originada por COVID-19 ha tambaleado los arrendamientos de vivienda y locales de negocio de una forma directa, afectando a arrendatarios y arrendadores. En este ámbito, desde la primera declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, a pesar de las medidas aprobadas en los Reales Decretos-Leyes 11/2020, de 31 de marzo y 15/2020, de 21 de abril, ha sido necesario realizar durante estos meses continuas ampliaciones o modificaciones legislativas debido a los efectos devastadores de la pandemia que ha dado lugar a una segunda declaración del estado de alarma por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, cuya finalización será el 9 de mayo de 2021.

“Crecen las reformas de vivienda por temor a nuevos confinamientos”; “Cierres, aperturas y reinvenciones en los negocios”; “El boom de las cocinas fantasmas”. Estos son algunas de los titulares que hemos podido leer en los últimos meses, en los que la pandemia lo ha modificado casi todo y en el que es necesario reinventarse y transformar nuestras casas o negocios para adaptarlos a las necesidades surgidas por este cambio de vida.

Lo primero que hemos de indicar es que la casuística referente a esta acción es muy diversa y amplía, motivo por el que ha sido objeto de numerosos y extensos estudios por parte de reconocidos expertos en materia de derecho procesal, sin que el fin de este post sea el abarcar todas las situaciones posibles ni hacer un análisis profundo sobre la tercería de dominio, lo que sería prácticamente imposible, dada la limitación y objeto de nuestro blog, sino que, simplemente, perseguimos el dar unas breves pinceladas sobre esta figura  que pueden dar una visión general sobre la misma.

I. Introducción: el caso Hasel como detonante de la reforma

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por la representación procesal del rapero conocido como Pablo Hasel, y la posterior resolución de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —la misma que le condenó en Sentencia 3/2018, de 2 de marzo (SP/SENT/943434)—  que ordenaba su ingreso en prisión para dar cumplimiento a la pena de 9 meses y 1 día de privación de libertad que le fue impuesta por delito de enaltecimiento del terrorismo, ha reabierto el sempiterno debate sobre los límites de la libertad de expresión.

1. Planteamiento

En el mes de enero de 2021 se han dictado tres autos para responder a peticiones de medidas cautelares que aseguraran la vacunación contra el COVID-19 para personas que no podían prestar por sí mismas el consentimiento a este acto médico: Auto del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santiago de Compostela, de 9 de enero de 2021 (SP/AUTRJ/1079430), Auto 47/2021 del Juzgado de Primera Instancia n.º17 de Sevilla (Familia) de 15 de enero de 2021, (SP/AUTRJ/1083657) y Auto del Juzgado de Primera Instancia n.º6 de Santiago de Compostela, de 20 de enero de 2021 (SP/AUTRJ/1080475)

Esta semana nos encontramos que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha suspendido, entendemos acertadamente, dos recursos de apelación en relación a la cláusula abusiva IRPH, ante la admisión a trámite de una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE cuyo resultado puede influir en los numerosos pleitos existentes sobre estas cláusulas, al no ser una cuestión pacífica.