El blog jurídico de Sepín

I. Próximas reformas penales anunciadas

I. Introducción

No hay día que no nos sobresaltemos con las noticias de sucesos de nuestros telediarios y periódicos, no solo las procedentes de las insoportables guerras que en estos instantes están teniendo lugar en distintas partes del planeta, sino también de las más cercanas y no menos truculentas que se producen en el seno de nuestro propio territorio, que ponen en evidencia que con demasiada frecuencia la realidad supera a la ficción y que la crueldad humana parece no tener límites.

I.- Introducción

No es la primera vez que en este foro abordamos la problemática de la ocupación ilegal de viviendas desde la perspectiva penal, por ejemplo, en el post obrante en nuestra base de datos con referencia SP/DOCT/106830, en el que hablábamos de la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado (SP/LEG/30891), sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

I. Introducción

A finales del pasado mes de junio se publicó el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (SP/LEG/40580) —cuyo extenso título el lector nos agradecerá que le ahorremos—, que ha operado como una norma “ómnibus” compuesta de cinco libros y dividida en 226 artículos, que afecta a múltiples materias, entre ellas a normas procesales, y dentro de estas al proceso penal, lo que constituye el objeto de estas breves líneas.

I.- Introducción

Bueno, pues ya terminó la liga. Ahora toca el habitual periodo veraniego de rumorología y confirmaciones acerca de los fichajes y bajas de los clubes de fútbol y un sinfín de partidos amistosos, que mantienen viva la llama del aficionado hasta que la próxima competición de liga comience de nuevo y la rueda siga girando.

A diferencia de concretas reformas del Código Penal con trascendente calado político y encendida polémica social, como la llamada “ley del solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 26 de septiembre —SP/LEG/38227—) o aquella por la que se derogó el delito de sedición y se edulcoró el de malversación (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre —SP/LEG/38945—), otras modificaciones del texto punitivo (solo en 2022 hemos tenido siete) han pasado prácticamente desapercibidas, no ya solo para la opinión pública, sino puede que también para algunos profesionales del Derecho.

Prefacio

Se me hace muy cuesta arriba abordar, aunque sea superficialmente, la inminente reforma del delito de sedición (que parece que también vendrá acompañada del de malversación de caudales públicos) y tratar de apartar de mi cabeza y de mi teclado ideas conexas sobre tributos políticos, líneas rojas, “países de nuestro entorno” y otras cuestiones y falacias que se nos tratan de colar como si fuéramos cándidos ciudadanos sin los pies en el suelo (siempre he pensado que la política, del color que sea, es el arte de la mentira). Intentaré resumir de una forma estrictamente jurídica, y lo más aséptica que pueda, en qué consiste esa reforma del Código Penal, que ya es inminente pues se está tramitando por la vía de urgencia y evitando trámites incómodos (por ejemplo, Informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial).

Como venimos haciendo cada cierto tiempo en este blog, hoy procede realizar un balance de las reformas introducidas en el Código Penal a lo largo del presente año 2022, a pesar de que aún no ha concluido y cabe un pequeño margen para algunas más ya anunciadas, a las que aludiremos al final.

I. Introducción

A punto de tomarnos las esperadas vacaciones y cuando ya pensábamos que la actividad legislativa nos daba un respiro hasta septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba “in extremis”, el viernes 29 de julio, una nueva Ley Orgánica, la número 9/2022, de 28 de julio (SP/LEG/38026), relevante desde el punto de vista penal, pues como asunto principal recoge una serie de reglas, como indica su propio título, a fin de facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.