El blog jurídico de Sepín

Queridos Reyes Magos, Papa Noel o quien quiera que lea esta carta:

Mi nombre es Alberto F. Bonet, no os escribo para deciros que haya sido especialmente bueno o que no haya sido significativamente malo, simplemente quiero compartir mi preocupación por la seguridad en internet y transmitiros una serie de deseos que me gustaría trajeseis a todos -no sólo a mi- o que al menos en la medida de vuestras mágicas posibilidades ayudarais a implantar durante esta nueva década que entra.

La llegada hoy día de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos está teniendo también un alcance significativo en el mundo laboral, hasta el punto de estar convirtiéndose en un auténtico desafío por la repercusión que está suponiendo con la pérdida y destrucción de empleo por parte de las empresas.

El Tribunal Supremo nos lo acaba de recordar en la Sentencia 1424/2019, de 6 de noviembre de 2019, SP/SENT/1024375, al disponer que no procede fijar un límite temporal a la pensión alimenticia de las dos hijas mayores de edad. Una de ellas, es opositora y la otra, estudiante universitaria. Al no advertirse desidia, pasividad o despreocupación por sus estudios, la Sala considera que no se justifica la limitación de los alimentos, ni tampoco su extinción.

La sentencia de la AP Girona, Sec. 1.ª, 517/2019, de 19 de julio (SP/SENT/1023040) resuelve el caso de una sociedad limitada que insta la nulidad de una cláusula suelo de cuya existencia no tenía constancia.

A esta pregunta responde la interesante sentencia del Tribunal Supremo 582/2019, de 5 de noviembre, que plantea, como cuestión de fondo, si la donación de un bien inmueble que no ha sido elevada a escritura pública puede ser tenida en cuenta para poder apreciar la prescripción adquisitiva ordinaria regulada en el art. 1957 CC.

Una de las vías con las que cuentan los contribuyentes para recuperar la plusvalía municipal pagada, cuando la liquidación ya es firme, es la de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 21 de noviembre de 2019, acaba de estimar una reclamación de este tipo, condenando a la Administración a indemnizar al contribuyente por haber dictado una normativa que ha sido finalmente declarada inconstitucional. Pero el camino, no es tan fácil cómo parece…

La Dirección General de Tráfico ha emitido un nota de prensa sobre la instrucción provisional sobre los patinetes eléctricos o Vehículos de Movilidad Personal, de la que se presenta un resumen en este post. Se reconoce que debido al aumento de vehículos de movilidad personal que están proliferando en las zonas urbanas, en la que estos vehículos se han convertido en un medio alternativo de desplazamiento para los ciudadanos, la Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción transitoria en la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente que va en la misma línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea. Ya que la regulación formal de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se encuentra actualmente en fase de tramitación.

Cuando la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/94 estableció la extinción de los contratos de arrendamiento de locales de negocio anteriores al 9 de mayo de 1985 en el apartado 3 y siguientes, los profesionales dedicados a esta laberíntica materia parecía que teníamos suficiente margen de tiempo para ir calculando los plazos de duración atendiendo a las distintas circunstancias. Los años pasan de una forma vertiginosa, y si ya el 31 de diciembre de 2014 se extinguieron numerosos contratos al haber transcurrido 20 años desde la entrada en vigor de la LAU 29/94, llegamos ahora a los 25 años de aplicación de esta Ley, produciéndose de nuevo, el fin de varios contratos de arrendamiento de local.

La redacción del vigente art 66 y 67 del RD 557/2011, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 sobre la acreditación de medios económicos que debe probar un empleador para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo no ha estado exenta de diferentes polémicas. En el último año y medio, el Tribunal Supremo se ha manifestado sobre varias cuestiones relacionadas con dichos artículos como, por ejemplo, sobre si, además del contrato, se debe examinar la viabilidad de la relación laboral (SP/SENT/990199) , sobre si dicha valoración de la relación laboral requiere de un periodo probatorio (SP/SENT/979612), o sobre el cómputo de dichos medios económicos (SP/SENT/1022147).

El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 5 de noviembre de 2019 adapta el criterio impositivo aplicable a las indemnizaciones por cese de altos directivos a la doctrina sentada por la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 (casación para la unificación de doctrina 1197/2013) por la que se reconoce el derecho a una indemnización de 7 días de salario por año de servicio con el tope de seis mensualidades, pese al pacto en contrario establecido en el contrato, al alto directivo cesado por la empresa.

Se conoce comúnmente como «concurrencia de seguros«, a la situación en que ante un siniestro parecen coincidir las coberturas del seguro del hogar del propietario de la vivienda y de la Comunidad, y no se sabe a cuál de ellos pueda corresponder la reparación de ciertos elementos. Esto, genera una gran cantidad de conflictos que acaban teniendo que resolver los tribunales, porque lo cierto es que no es nada fácil determinar cuándo se produce esta situación. Para empezar jurisprudencial y doctrinalmente, se utiliza también el termino Seguro doble, múltiple o cumulativo (STS, Sala Primera, de lo Civil, 783/2000, de 22 de julio), para el supuesto planteado. Lo que si está claro es que sus efectos y las condiciones se recogen en el art. 32 de la Ley 50/1980.