Al nuevo equipo del Ministerio de Justicia o al propio Gobierno le han entrado las prisas. Las reformas penales y procesales que tenía preparadas el anterior equipo ministerial se metieron en su momento en el congelador, y allí están desde entonces, esperando un empujón o seguir guardadas hasta mejor ocasión. Ciñéndonos solo a las reformas que afectan al ámbito penal, las cuatro mas relevantes son las del Código Penal, el Estatuto de la Víctima del Delito, el futuro Código Procesal Penal (que vendría a sustituir a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal), y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta a todas las Jurisdicciones y que pretende dar un giro copernicano a nuestro sistema judicial; además de la transposición aún pendiente de concretas Directivas y Decisiones-Marco de la Unión Europea.
El nuevo Ministro de Justicia, aparte de la reforma de la desafortunada Ley de Tasas Judiciales -norma que desde Sepín hemos venido criticando ampliamente en nuestro blog jurídico-, ha anunciado que se van a tramitar a toda velocidad varias de esas reformas: entre ellas la correspondiente al Texto Punitivo -dormida en el Congreso desde octubre de 2013-, y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que aquí nos vamos a referir brevemente