Tratamos en un post anterior el tema de los accidentes en piscinas comunitarias, y la cuestión sobre el acceso de los menores a la piscina fue una de las más consultadas, por lo que, ante la próxima apertura de las mismas por la llegada del calor estival, se analiza dicha circunstancia.
A punto de finalizar la temporada 2016-2017, el mercado de fichajes empieza a coger ritmo y eso se empieza a notar en la rumorología que surge alrededor de clubes y futbolistas, por ejemplo, el mes pasado, a raíz de una oferta de un club inglés por el Sr. Rodríguez, en la que se incluía el requisito de que tuviera la condición de jugador comunitario, se publicó el titular que precede a este artículo: «James Rodríguez tendrá la nacionalidad española en tres meses» .
Con motivo del cambio de destino de un conocido Magistrado he venido leyendo y escuchando en la prensa “política” diversas afirmaciones que expresaban el más abierto desacuerdo con ese próximo traslado, tachando a aquel de una suerte de traición al Estado de Derecho por haber decidido abandonar el órgano judicial que ocupaba hasta hoy y dejarlo “empantanado” —principalmente se referían a concretos procedimientos judiciales sobre corrupción política—. Crítica que también alcanzaba al hecho de “colocar el marrón” al futuro Magistrado que se siente en esa silla, que tendrá que aterrizar sobre los asuntos, para estudiárselos desde su inicio hasta el punto donde el Juez saliente hoy los va a “soltar”, con el enorme tiempo que ello le va a conllevar al entrante. Y ello porque al Magistrado saliente, muy caprichoso él, dice estar cansado de instruir sin apenas medios, y ha optado por buscar —y obtener— un puesto muy posiblemente más cómodo y menos estresante, dentro de la misma casa.
La situación de precario carece de regulación normativa concreta, si bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia la definen como aquella situación que se produce cuando un tercero ocupa un bien ajeno, sin tener título válido para ello, ya sea por carecer de él o por haber dejado de estar en vigor el que tenía, y sin pagar ninguna renta o merced, debido a una mera tolerancia del propietario, que puede, en cualquier momento, proceder a reclamar su devolución.
Esta fue una de las grandes diferencias con respecto a la Ley de Propiedad Horizontal estatal, pues en este régimen para que se pueda alterar el marco en el que se desenvuelve la Comunidad es necesario el acuerdo unánime de los comuneros, tanto de los presentes en la Junta como de los ausentes por cualquier causa, por lo que fue una gran sorpresa, cuando se publicó en 2006 la Ley 5/2006, en la que se regulaba el citado régimen en Cataluña, que este quorum hubiera cambiado, lo que no ha se ha modificado tras la reforma por la Ley 5/2015.
En los últimos meses, y a raíz de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 2 de marzo de 2017, asunto C568/15 – SP/SENT/889749-), han vuelto a surgir titulares en multitud de medios de comunicación que resaltan la ilegalidad del uso de los 902 en los servicios de atención al cliente. Los siguientes son, entre muchos otros, ejemplos de ello:
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 276/2017, de fecha 30 de marzo, recaída en el Recurso 2155/2015, en la que la cuestión controvertida se centra en determinar si estamos ante un despido tácito cuando la empresa acuerda suspender el contrato de trabajo de su empleado como consecuencia de que ha sido privado temporalmente del permiso de conducir, necesario para realizar su actividad laboral.
El XII Seminario de Fiscales Delegados en Violencia de Género, celebrado en Madrid el 7 y 8 de noviembre de 2016, dio a conocer hace un mes sus conclusiones de las que, dado el enorme interés que tienen los temas tratados, nos queremos hacer eco de forma pormenorizada, pero invitando también a la lectura del documento completo de la Fiscalía.
Una de las cuestiones que más polémica genera, cuando estamos ante la compraventa de una vivienda en construcción o sobre plano, es la referente a la fecha de entrega de la vivienda, y cuando se debe entender que la misma se ha producido, a los efectos de la posible existencia de una demora que pudiera dar lugar a la resolución del contrato o a la solicitud de una indemnización por daños y perjuicios por parte del comprador.
Las Sentencias de marzo y abril de 2017 sobre contratos de swap asesorados a Sociedades de responsabilidad limitada, vuelven a insistir en una serie de aspectos fundamentales que configuran ya toda una doctrina. Así, la Sentencia TS, Sala Primera, de lo Civil, 20-4-2017 (SP/SENT/897832) incide en que abonar liquidaciones negativas para cumplir el contrato de swap no implica convalidar ni confirmar su nulidad generada por la infracción del deber de información.
Llega un momento en la mediación en el que, una vez se han expuesto los asuntos que nos llevaron a requerir los servicios de un mediador, y después de que cada parte haya tenido un espacio para contar su vivencia del conflicto, se produzca cierto vértigo en el mediador, y es en la consecución de un acuerdo.
Analizamos algunas de las cláusulas más habituales que no podrían incluirse en la actualidad en un contrato de arrendamiento de vivienda posterior al 1 de enero de 1995, ya que resultarían “NULAS” por ir en contra de lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 LPH, en el régimen de propiedad establecido en el art. 396 del Código Civil corresponde a cada piso o local:
A la hora de determinar la competencia territorial en el orden civil, al margen de otras leyes especiales, se aplican los fueros previstos por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente jerarquía:
Para Tributos, la actividad de grabar vídeos y subirlos al portal web YouTube constituye una actividad económica a los efectos fiscales, con independencia de que se realice como una afición o hobby y del medio físico empleado en la grabación, lo que incluye capturas desde el PC, el teléfono móvil o una tablet.
Como ya indicábamos en otro post, la usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un bien o derecho, cuyo presupuesto es la posesión y el transcurso del tiempo, con las condiciones fijadas en la Ley.
Durante estos días, la actualidad político-judicial se encuentra, una vez más, especialmente tormentosa con motivo de los últimos casos de corrupción; unos, recién desvelados, atribuidos a exaltos cargos de la Comunidad de Madrid, que hasta han llevado a algunos a entrar en prisión provisional; otros, procedentes del ámbito territorial de Cataluña, que también han desembocado en la misma consecuencia privativa de libertad; y otros, porque en estos instantes se está llevando a cabo su enjuiciamiento, con amplia cobertura en los medios.
