El blog jurídico de Sepín

Jaime Moreno Verdejo.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Pedro Díaz Torrejón.

Fiscal

1. Introducción

La declaración del estado de alarma, en virtud del RD 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), ha traído consecuencias en el ámbito de la Administración de Justicia. En concreto, en materia procesal-penal se ha dispuesto la suspensión de determinados plazos, creando una situación de impasse en la que todo parece quedar congelado.

Como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que estamos sufriendo son muchas las dudas que pueden surgir a los consumidores que están relacionadas con las situaciones de su vida cotidiana, como la cancelación de vuelos, viajes combinados o los pagos de aquellos servicios que no pueden disfrutarse durante el estado de alarma.

Muchos arrendadores y arrendatarios esperaban otras medidas más amplias del Gobierno para solucionar el problema de sus contratos de arrendamiento, originado por la crisis del coronavirus, que ha dejado a miles y miles de personas en situación de vulnerabilidad social o económica. ¿Cuántos arrendatarios no podrá pagar la cantidad que satisfacían hasta ahora de renta, a consecuencia del COVID-19? y ¿Cuántos arrendadores viven de los ingresos de unas rentas mensuales de un piso o local, como forma de ayuda en su economía, ya sea parcial o total? Estas preguntas no tienen fácil respuesta, porque desgraciadamente los Reales Decretos-leyes 11/2020, de 31 de marzo y 15/2020, de 21 de abril, aprobados “en teoría” para ayudar al arrendamiento de viviendas y locales, difícil lo han puesto, como manifiesta Alberto Torres, Director Jurídico de Sepín.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno en estos momentos de máxima tensión e incertidumbre para todos los ámbitos económicos de la sociedad, nos encontramos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con el artículo 36, que regula el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios.

Los abogados tenemos esa pequeña virtud de defender con igual encomio a cualquiera de las partes de una relación contractual. Esta cualidad nos permite ser espectadores privilegiados de la dramática situación que estamos viviendo estos días en los contratos de arrendamiento de local de negocio, siendo perfectamente conscientes del sufrimiento de unos y otros, consecuencia de los efectos devastadores que el COVID-19 está provocando en este tipo de contratos.

A fecha de 11 de marzo, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo dicta una sentencia sobre el fallecimiento de un residente en un centro geriátrico por indebida prestación de los servicios de la residencia sanitaria. Aunque en esta ocasión se desestima el recurso, el desarrollo de los requisitos para que nazca la responsabilidad nos ha parecido de especial interés, ya que podría establecerse en base a:

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 132/2020, de fecha 12/02/2020, recaída en el RCUD nº 2736/2017, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto frente a la Sentencia nº 449/2017, de fecha 30/03/2017, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el Recurso de Suplicación nº 600/2016, interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara con fecha 10/11/2015, en los Autos nº 90/2015, seguidos a instancia del actor contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación de una invalidez permanente en grado de incapacidad permanente total, o subsidiariamente parcial para el ejercicio de su profesión habitual, derivada de enfermedad común, de modo que se casa y anula la Sentencia recurrida, en la medida en que no reconoce a la parte actora el derecho a percibir el complemento del 20% de su pensión de incapacidad permanente total, permaneciendo incólume en el resto de sus pronunciamientos, y por ende, se declara el derecho de la parte actora ha percibir un 20% de complemento adicional, calculado sobre su base reguladora y con los mismos efectos temporales que la pensión, que se le seguirá abonando en los términos previstos legalmente, y ello conforme a lo expresamente dispuesto en el artículo 196.2 del RDLeg  8/2015 de 30 octubre (1)

Miguel Guerra Pérez

Director de Sepín proceso civil. Abogado

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Introducción

Jaime Moreno Verdejo. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Pedro Díaz Torrejón. Fiscal

1. Introducción

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), que declaró el estado de alarma, establece en el artículo 7.1 una serie de limitaciones a la libertad de circulación de los ciudadanos por las vías o espacios de uso público.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

Las consecuencias que la declaración de estado de alarma el pasado 14 de marzo tiene, y puede seguir teniendo en la prestación del servicio público de Justicia, y en el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, que es clave en el estado de Derecho, está haciendo temblar a todos los operadores jurídicos por el previsible colapso del sistema tal como lo conocemos, por esa razón CGPJ ha elaborado, un plan de choque que minimice el impacto que en dicho servicio de Justicia, mientras que Abogacía, Procuradores, y Letrados de la Administración de Justicia han preparado diferentes propuestas

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Miguel Guerra Pérez

Director de Sepín Proceso Civil. Abogado

Hay que partir de dos ideas iniciales:

Samuel de Huerta Hernández

Adela del Olmo

Directora de Mercantil, Concursal y Reclamaciones bancarias de Sepín

El viernes, 21 de febrero de 2020, el Poder judicial comunicó una importante resolución de la AP de Salamanca, de 10 de febrero de 2020, en la que se impone una multa a un banco por temeridad al obligar a pleitear sabiendo que los consumidores tenían razón, además, de tener que devolverles los gastos hipotecarios.

Félix López-Dávila Agüeros

Director de Sepín Derecho Inmobiliario

El fraude de acreedores se produce cuando un deudor procede a la venta de sus propiedades para evitar que, el crédito que frente a él tiene un tercero, pueda ser cobrado mediante el embargo de esos bienes, sin que tenga más recursos para poder hacer frente a la obligación pendiente de pago.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos

Ante la situación difícil y compleja motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, que afecta al ámbito social y económico, tanto los arrendatarios como los arrendadores esperaban le tocara el turno al alquiler, a los contratos de arrendamiento urbano, para aclarar cuestiones tan básicas como ¿Puedo dejar de pagar la renta de una vivienda o local de negocio? ¿Cómo solucionar este inesperado problema?

Felipe Herrera Herrera

Abogado especializado en Derecho Digital y responsable del área sobre Blockchain en el bufete Términos y Condiciones. Consultor en Legaltech en la firma Legaltechies. CEO y miembro fundador del Portal Jurídico A definitivas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el turismo español batió en 2019 un nuevo récord en llegadas y gasto de turistas extranjeros. De hecho, cifran en 83,7 millones los extranjeros que vinieron el año pasado a España, lo que supone un 1,1% más que durante 2018.

Samuel de Huerta Hernández

Ana Almendros Manzano

Letrado Senior en Muñoz Arribas Abogados

Nunca es grato plasmar nuestras últimas voluntades porque entendemos que de ese modo nos acercamos al final de nuestra existencia. Pero ahora más que nunca, con un virus que ronda por doquier acechándonos tras cada esquina, tras cada tos, tras cada cosa que tocamos y si a eso añadimos que estamos encerrados entre cuatro paredes, es cuando  no estaría de más dejar todo bien atado, independientemente de la edad que tengamos.