Cuando nos encontramos ante un inmueble que es copropiedad de varios titulares, uno de los aspectos que más dudas genera, es la forma en que deben llevarse a cabo las gestiones que puedan afectar al bien común.
El Covid-19 ha provocado la cancelación de miles de vuelos en todo el mundo. Empezamos a disponer de las primeras sentencias, dictadas, en su mayoría, por los Juzgados de lo Mercantil, sobre el reembolso de los billetes no disfrutados, que son de gran utilidad, puesto que nos muestran el camino de cómo proceder para defender los intereses de los consumidores y usuarios cuyos derechos se han visto afectados por la pandemia.
Sobre esta cuestión se acaba de pronunciar la Sala Tercera -sí, la de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo. El motivo de que haya sido esta jurisdicción la que haya fijado doctrina al respecto se debe a que la deuda que dio origen al litigio judicial -y que acabó dando lugar a la apreciación de interés casacional objetivo para la fijación de jurisprudencia- derivaba de un contrato público y la parte deudora la ocupaba el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Con fecha 25 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ya vaticinamos que iba a marcar un antes y un después en la acreditación de los requisitos para solicitantes de arraigo social. En concreto, el Alto Tribunal especificó que el párrafo segundo del artículo 124.1 del RD 557/2011, de 20 de abril (SP/LEG/7493) -RLOEX, en adelante-, no implica que la prueba de la relación laboral y de su duración deba llevarse a cabo exclusivamente a través de una resolución judicial o un acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino que podría demostrarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, doctrina que ha sido ratificada en dos sentencias posteriores: 1802/2021 y 1806/2021.
La legislación española en su art. 2 del RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor establece que “Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil”
Quizá, a simple vista, podría parecer una pregunta sin trascendencia, pero les aseguro que la respuesta será de enorme importancia para las Comunidades o más bien para los comuneros pues de ello dependerá, en algunos supuestos, la obligatoriedad del pago de los gastos que se deriven de esta obra.
El pasado 15 de diciembre de 2020, se presentó el Anteproyecto de Ley de Medidas de eficiencia Procesal del Servicio Público Ministerio de Justicia (SP/DOCT/108072) que ha concluido su trámite de información pública.
El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la culminación de la tramitación de una gran reforma sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio – SP/LEG/34154-). De las dieciséis modificaciones que incorpora, una de ellas incorpora un detalle que cobra su máximo interés en relación con los menores extranjeros no acompañados.
Distintos medios de comunicación y portales de internet como ideallista.com (https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2021/05/28/790688-cuenta-atras-para-saber-el-plazo-para-reclamar-los-gastos-hipotecarios-el-supremo) se hacen eco de la noticia de la Audiencia Provincial de Jaén que acaba de suspender el fallo de un recurso sobre la prescripción de los gastos hipotecarios, así dispone: «No habiéndose llevado a cabo la deliberación de la Sentencia en la fecha señalada (14 de mayo de 2021), pues, ante la reciente sentencia del TJUE resolviendo en cuestión prejudicial sobre el plazo de prescripción de la acción de reclamación de los gastos atribuidos a los prestatarios consumidores, esta Sala estaba estudiando si procedía mantener o modificar el criterio que seguía al respecto, y habiéndose tenido conocimiento de que la Sala Primera del Tribunal Supremo tiene señalado para el día 23 de junio la deliberación de los recursos de casación que versan sobre dicha cuestión, lo que serviría para unificar la doctrina de criterios existentes en las Audiencias Provinciales, se ha considerado procedente, con el fin de evitar innecesarios y costosos recursos de casación, dejar en suspenso la deliberación, votación y fallo de este recurso hasta el dictado de la sentencia por el Tribunal Supremo».
I. Un cambio en el enfoque de la protección de la infancia y la adolescencia
La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154) (en adelante, referida únicamente como “la ley”, salvo que se especifique otra cosa) apuesta por actualizar el esquema entre familia y Estado intensificando la intervención del segundo cuando acontece alguno de los riesgos de un catálogo muy selectivo.
JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE INFANCIA, FAMILIA Y CAPACIDAD
Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), el legislador al fin ha previsto la creación de la Jurisdicción especializada en materia de Infancia, Familia y Capacidad dentro del orden jurisdiccional civil, así como la imprescindible intervención de operadores especializados para atender a los niños, niñas y adolescentes, prestándoles la asistencia que precisen en todas aquellas situaciones y procesos en los que se vean inmersos.
Nadie pone en duda el control tributario que Hacienda pretende tener sobre el mercado de los apartamentos y viviendas turísticas gestionadas por plataformas colaborativas y de intermediación, en auge desde hace unos años, salvando el paréntesis de la crisis por coronavirus, pero hemos asistido últimamente a distintos criterios y resoluciones sobre la obligación de trasladar a la Administración Tributaria la información relativa a las personas que desarrollen actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos o vacacionales, así como los datos identificativos de estos inmuebles.
Introducción
El sábado 5 de mayo se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), que da cumplimiento a nuestros compromisos europeos e internacionales y culmina la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores (SP/LEG/8364). La nueva norma entrará en vigor el 25 de junio de 2021.
El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de tiempo, de días de término y de expiración.
En muchos procesos en los que se ejercita una acción que versa sobre la propiedad de un inmueble, ya sea por parte del actor o por parte del demandado, se alega como justificación de la propiedad o título de dominio, el tener inscrito el bien litigioso a su nombre en el Catastro, pero ese hecho, ¿realmente sirve por sí solo para justificar la titularidad dominical?
Son momentos difíciles y, sin duda, las Comunidades de propietarios, a las que un alto porcentaje de la población pertenecemos, se encuentran con uno de los problemas más complicados de afrontar que pueden llegar a paralizarlas más allá de la posibilidad de adoptar acuerdos: la morosidad.
Una reciente noticia del Ministerio de Justicia nos informaba de que “la ORGA distribuye más de 600.000 euros en programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad”.
