El blog jurídico de Sepín

Fátima Mendes Mendes y Laura Alfayate Alonso

Alumnas del Practicum de la Universidad Carlos III

Llegó el día viernes 1 de julio y, mientras muchos estaban de camino a la playa, nosotras esperábamos recibir la videollamada para empezar nuestras prácticas. En un principio, teníamos la reunión sobre las nueve y media con Ana Lozano -nuestra tutora de las prácticas-. Sin embargo, el gran Miguel Ángel Arnal ya nos había avisado el día anterior de que nos llamaría antes por aquello de una serie de trámites informáticos que teníamos que hacer para poder teletrabajar. Su “antes” resultó ser todavía más pronto de lo que nos esperábamos, así que a las ocho de la mañana, Laura estaba al borde de ahogarse con el desayuno e intentando que Fátima se despertara. A pesar de ello, sobrevivimos a nuestro primer día descubriendo el innovador y avanzado programa de gestión de edición.

Jaime Moreno Verdejo

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

y 

Pedro Díaz Torrejón

Fiscal. Miembro de la Asociación de Fiscales

1. Introducción

Hace ahora dos años de la reforma del art. 324 LECrim por la Ley 2/2020, de 27 de julio (SP/LEG/30511). Coincidiendo con su entrada en vigor (29 de julio de 2020) publicamos un artículo en este blog (Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: nueva redacción del art 324 LECrim) en el que dábamos cuenta de las principales líneas de la reforma y anunciábamos los principales problemas que vislumbrábamos en su aplicación. Como si de prueba documental se tratara lo damos por reproducido e invitamos a una lectura previa de aquel documento antes de adentrarse en el presente artículo.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

El 16 de agosto de 2022 entra en vigor la reforma, publicada con diferentes erratas, en el Boletín Oficial del Estado de 27 de julio de 2022 –Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, SP/LEG/38008- que altera sustancialmente el RD 557/2014, de 20 de abril -SP/LEG/7493- a través de 22 modificaciones que, esperemos, tendrán gran incidencia en la práctica pues buscan eliminar la rigidez actual en la normativa de extranjería vinculada al ámbito laboral y adecuar el marco de las autorizaciones de trabajo al nuevo marco de contratación establecido por la reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre -SP/LEG/36184), además de actualizar algunos elementos de figuras previstas en el Reglamento de Extranjería tras las novedades jurisprudenciales de los últimos años, integrando en el reglamento soluciones que se habían aportado a través de instrucciones.

Nos comentan muchos compañeros que, producida la condena en costas, siendo esta firme y presentada la minuta de honorarios del Abogado y Derechos del Procurador, algunos Letrados de la Administración de Justicia, inicialmente, ya dictan un Decreto de tasación en el cual, sin esperar a que la parte contraria los impugne por excesivo o indebidos realizan un control de oficio, incluso a veces aplicando una especie de “tarifa plana” limitando los honorarios del Letrado y me cuestionan ¿se ajusta esta práctica a la Ley?

Hay normas de circulación que todos tenemos más que asimiladas, como por ejemplo que es obligatorio llevar el seguro del coche en cualquier caso. No obstante, quizá no seamos tan conscientes de cuáles son las infracciones de tráfico que más puntos pueden restarnos en el carnet.

En Sepín, desde la finalización de las medidas restrictivas de acceso a los Tribunales, ocasionadas por la pandemia, hemos recibido quejas de muchos compañeros sobre las restricciones de acceso que muchos Juzgados de Madrid y de otras partes del territorio nacional seguían manteniendo a Abogados y Procuradores para acceder a los distintos órganos judiciales.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

El 18 de mayo de 2022 el Tribunal Supremo ha tenido que resolver la cuestión sobre la necesidad de exigir el procedimiento de exequátur a los documentos públicos extranjeros que se presentan en procedimientos de reagrupación de familiares casados en segundas o posteriores nupcias –SP/SENT/1150925-, y lo ha hecho con una línea continuista que ya inició con su sentencia de 25 de abril –SP/SENT/1147636–

En estas fechas de verano la contratación de personal para atender la seguridad y vigilancia en las piscinas municipales y en las comunidades de propietarios plantea muchas dudas a la hora de contratar a un socorrista conforme a la normativa de las piscinas, así como respecto a la contratación de estos trabajadores, tras la entrada en vigor del RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo, y con el fin de evitar contratos temporales fraudulentos.

1.- Introducción

La prueba pericial presenta cuestiones prácticas controvertidas. Muchas han sido expuestas en este Blog de Sepín.

Puede afirmarse que está superada la discusión sobre la naturaleza de la actuación del perito y la vieja polémica acerca de si nos encontramos ante un auténtico  medio probatorio o ante un auxiliar del juzgado ya que el Legislador procesal civil ha optado por la primera de las posturas y así en la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de  enero señala: “…Esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, […]no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre éstas sobre las que recae la carga de alegar y probar” .

Introducción

Tras el dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Sentencia 553/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1151957) en que se declara que un mensaje en la red social Google + , supone delito de quebrantamiento de medida cautelar, analizamos esta resolución y otras en que las nuevas tecnologías (TICs) han servido tanto para la ejecución de este delito como para probar su comisión o localizar al denunciado.

Quién no se ha preguntado alguna vez que persona es la responsable según la infracción de tráfico que se cometa. ¿Responde el conductor del vehículo siempre? ¿Y el de una moto por la falta de utilización del casco del acompañante? ¿Quién es el responsable si el coche se encuentra en el taller? En el post de hoy trataremos estas cuestiones.

José Antonio Díez Fernández

Doctor en Derecho. Profesor Adjunto en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Co-director del Máster de Bioética de la UNIR.

La reciente sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (en adelante, Dobbs), de 23 de junio de 2022[1], ha supuesto una auténtica convulsión en el panorama político y jurídico, que presagia importantes consecuencias para el futuro en muy distintos ámbitos. Como es bien sabido, este fallo ha anulado una doctrina acuñada por el propio Tribunal en el histórico caso Roe v Wade de 1973[2] (confirmada en 1992 por la sentencia Planned Parenthood v. Casey)[3], que consagraba el aborto como un derecho constitucional hasta las 22 semanas de gestación, rompiendo el blindaje constitucional al aborto y devolviendo su regulación a los Estados.

Marta Bergadà

Abogada especialista en la Ley de la segunda Oportunidad. Socia-fundadora de Bergadà Asociados

El rol de los abogados en la Ley de la Segunda Oportunidad, es uno de los roles más importantes y decisivos para lograr la exoneración de las deudas.

Los abogados, jugamos un papel silencioso y en ocasiones, incomprendido y poco valorado por el cliente, del cual hoy me apetece escribir y detallar.

Sin pretender que este post sea un estudio exhaustivo de esta reforma que considero importante para las Comunidades, al menos en las pretensiones, creo interesante traer a este breve comentario algunas de las primeras reflexiones.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada 

Y de nuevo, limitaciones en el alquiler de vivienda durante 2022 por Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. Como responsable de esta materia de arrendamientos urbanos en la Editorial Sepín, tanto Real Decreto-ley empieza a producir cierto cansancio e indignación. Continuamos asistiendo desde hace ya más de dos años a la aprobación de numerosas medidas, la mayoría de ellas ineficaces e incompletas, y lo que es peor, con imposiciones gubernamentales en un sinfín de Reales Decretos Leyes, olvidando que nos encontramos ante una relación privada entre arrendador y arrendatario, y que no procedería tal intervención.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

La Mediación ha sido y es una apuesta clara de la Unión Europea como medio adecuado a la solución de conflictos.

Félix López-Dávila Agüeros

Director de Sepín Derecho Inmobiliario

Como punto de partida, lo primero que hemos de indicar es que, la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto por el arrendatario, no venía establecida en la redacción original de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (en adelante LAR), sino que fue incorporada a posteriori en el artículo 22, tras la modificación realizada por la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 31 de diciembre de 2005.

Con la libertad que concede la inexistencia de definición en la RAE de la actividad de influencer podemos interpretarlo como aquella persona con capacidad para influir (influyente) mediante el empleo de redes sociales u otros canales de comunicación a través de la publicación de opiniones y/o experiencias sobre un tema, objeto, lugar u otros, y que ejerce una gran influencia sobre personas, llamadas seguidores, que le conocen y consumen el contenido de su creación, pudiendo percibir ingresos por esta actividad por empresas en forma de compensaciones económicas por su labor o por publicidad.