El blog jurídico de Sepín

El afloramiento de los primeros brotes de abierta desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de concretas autoridades autonómicas motivó que en el mes de septiembre de 2015 se comenzara a tramitar en nuestro Parlamento, por vía de urgencia, un proyecto legislativo para modificar concretos preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de sus resoluciones.

La prescripción y la caducidad constituyen manifestaciones de la importancia que el transcurso del tiempo tiene en las relaciones jurídicas, motivo por el que dedicamos el presente espacio a estas dos figuras, en el que vamos a analizar su concepto, así como sus notas diferenciadoras.

Desde que en 2010 el Código Civil de Cataluña introdujera la novedosa figura del plan de parentalidad como instrumento para concretar la forma en que ambos progenitores van a ejercer sus responsabilidades parentales, otros ordenamientos autonómicos en sus distintas reformas también lo han tenido en cuenta, aunque con otras denominaciones, y el propio Tribunal Supremo lo ha empezado a tener presente con el nombre de plan contradictorio a la hora de analizar los asuntos relacionados con la custodia compartida de los menores.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una Sentencia en fecha de 19 de junio de 2017, en la que aborda la cuestión de las costas en un proceso sobre nulidad de cláusulas suelo cuando ha existido allanamiento de la entidad financiera demandada y el prestatario no había acudido con anterioridad al procedimiento extrajudicial regulado en el Real Decreto-Ley 1/2017.

De las consultas formuladas por clientes y compañeros, se intuye que es una práctica cada vez más habitual que las Comunidades de Vecinos acuerden en Junta que aquellos propietarios que tengan arrendadas sus viviendas o las vayan a alquilar en el futuro deban comunicar esta circunstancia tanto al Presidente de la Comunidad como al administrador, indicando los datos de identificación del arrendatario o arrendatarios.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha resuelto (DES2017-0033), este 21 de agosto, la disputa sometida a su conocimiento cuyo objeto eran los nombres de dominio “barsa.es” y “barça.es”.

NO

El pago de los gastos comunes, a tenor de lo dispuesto en el art. 9.1 e) LPH, se hará de acuerdo con la cuota de participación fijada en el título o lo especialmente establecido, sin que sea el propietario el que pueda decidir en qué casos deja de abonar todos o algunos de esos gastos.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 586/2017, de fecha 5 de julio, recaída en el rec. 13/2015, y 598/2017, de la misma fecha, recaída en el rec. 7/2016 en las que la cuestión controvertida se centra en una materia poco usual, cual es, la demanda de error judicial, cuyo régimen legal se contiene en los arts. 293 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta, entre otras, es una de las novedades que la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RD 1065/2007, de 27 de julio) con entrada en vigor prevista para el 1 de enero del 2018 establece: «la obligación de trasladar la información de sus anuncios a la Administración Tributaria específica por las “plataformas colaborativas” intermediarias en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos sobre los inmuebles ofertados y las contrataciones efectuadas». Pendiente de desarrollo normativo del contenido de la información que deberá ser aportada, probablemente incluya los datos de los importes percibidos y la duración de las estancias, así como los relativos a la identificación de los propietarios y de los contratantes del arrendamiento.

El tiempo no se detiene y en unos días comenzará un nuevo curso universitario, formación profesional o máster de especialización… Muchos de nuestros hijos o los de nuestros amigos inician otro año de estudios y necesitan trasladar su residencia y buscar un lugar donde vivir, para ello deben elegir la mejor opción, residencia o colegio mayor o bien una vivienda compartida.

Si hay un documento estrella en materia de Extranjería, no cabe duda de que ese es el pasaporte. El pasaporte es un documento que cumple una doble función, por un lado, acredita la identidad y la nacionalidad de una persona y por otro es necesario como documento de viaje cuando se pretende un desplazamiento entre Estados.

Frecuentemente nos encontramos con supuestos en los que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no proporciona soluciones indicando si procede o no la condena en costas.