El pasado 3 de febrero de 2022 el TS se pronunció sobre una cuestión que nos interesa a todos los abogados, y es la referida al cómputo del plazo para el ejercicio de las acciones de reclamación de los honorarios profesionales de los letrados.
En el entorno económico en el que nos movemos actualmente de crisis económica e incertidumbre laboral no son pocos los que ante la pérdida de sus empresas o pérdidas de sus empleos deciden emprender montando una franquicia al tener en principio una garantía de una marca previa en el contrato y unas posibilidades de éxito mayor.
Introducción
La cuestión que se plantea es si el complemento de aportación demográfica, en atención a los hijos comunes, puede reconocerse a ambos progenitores conforme a la redacción original del artículo 60 de la LGSS, anterior a la reforma del mismo por Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
I. Preámbulo
Estas preguntas que planteamos en el presente post, seguro que se la hacen muchos compradores de viviendas en construcción que, habiendo realizado el pago de cantidades anticipadas al promotor, han visto que la vivienda no se empezaba a construir o no se terminaba en el plazo pactado y han tenido que acudir a un proceso judicial, ya sea contra la propia promotora o la entidad donde se realizaron los ingresos o contra la entidad avalista o frente a la aseguradora, para conseguir que se le devolviese el dinero entregado, junto con los intereses correspondientes desde la fecha de cada uno de los pagos.
Los días 4 y 5 de marzo se han celebrado en Santa Cruz de Tenerife, a cargo del Instituto Canario de Igualdad, las Jornadas de Prevención y Actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Canarias, jornadas muy esperadas y deseadas de cara a responder a una necesidad urgente, como sociedad, de hablar de este tema y sobre todo atender mediante una escucha activa a las voces que deben expresarse. A estas jornadas asistieron como participantes las asociaciones: Save a Girl Save a Generation, asociación Karibu, Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, Asociación de mujeres mauritanas Dimbé, Asociación Sunu-Gaal y Unión de Asociaciones Familiares.
Este puede ser solo un ejemplo por lo que, más bien, la pregunta sería, ¿se puede modificar el destino de una zona común? Esta es, en los últimos meses, una de las consultas más realizadas en la editorial, quizá porque los hábitos o modos de vida están cambiando y, al estar más en nuestras viviendas, necesitamos que los elementos comunes se adopten a nuestros gustos y podamos disfrutar sin salir de la Comunidad.
Es bien sabido que la prescripción y la caducidad son instituciones de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Recientemente el Tribunal Supremo, en su sentencia de 23-12-2021 se ha pronunciado sobre la calificación jurídica del plazo de 4 años previsto en el art. 1301 CC para el ejercicio de la acción de anulabilidad por concurrir simulación relativa, resolución en la que ha efectuado una interesante caracterización de ambas figuras jurídicas.
La sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 38/2022, de 25 de enero (SP/SENT/1130350) explica con total claridad como el socio de una SRL ejercita abusivamente uno de los derechos asociados a la condición de socio, que es el de separación. Este contaba con una participación en el capital social de más del 16%, en una empresa de autobuses. De 2004 a 2006 la empresa repartió dividendo y en 2017 en la junta general en la que se aprobaron las cuentas anuales hubo beneficios de la explotación, pero se decidió imputarlos a reservas voluntarias. El demandante votó en contra y manifestó su disconformidad con la negativa a no repartir dividendos.
Tras la propuesta de activar la Directiva sobre protección temporal para por parte de la Comisión y de la decisión del Consejo, se acaba de dar luz verde para ofrecer una asistencia rápida y eficaz a las personas que huyen de la guerra en Ucrania a través de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida – SP/LEG/36826-
Introducción
