Hablar de trata de seres humanos, supone referirnos a una forma de delincuencia altamente lucrativa que atenta contra los derechos más elementales del ser humano, convirtiendo a sus víctimas en simples mercancías que son objeto de transacción y ganancia. La pandemia que venimos sufriendo desde hace algo más de un año ha venido a agravar, aún más si cabe, su situación de invisibilidad y vulnerabilidad.
Traemos a colación una sentencia del Tribunal de la AELC (Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio) de indudable interés tanto para los abogados que se dedican al Derecho de Familia, como a los abogados focalizados en el Derecho de Extranjería.
En el supuesto enjuiciado por la STS, Sala Segunda, de lo Penal 447/2021, de 26 de mayo (SP/SENT/1101971), el acusado fingió ser una menor y envió una invitación de amistad a la menor víctima de los hechos a través de una red social, que esta aceptó en la creencia de que aceptaba a una menor como ella. Después de tres días, el acusado contactó, bajo la falsa identidad y a través de su teléfono móvil mediante otra aplicación con ella tras conseguir su teléfono. Inicialmente mantuvo conversaciones como de amigas, y después le envió una foto de una menor desnuda, haciéndole creer que era quien el acusado fingía ser, solicitándole que enviara una foto suya a lo que la víctima se opuso. El acusado, para obtener fotos de ella, le dijo que era un delito poseer esta fotografía y que, si no accedía a lo que le pedía, iba a denunciarla a ella y a sus padres.
El 5 de septiembre de 2016, iniciamos una nueva etapa: la universidad. Por aquel entonces siempre imaginábamos nuestra primera experiencia jurídica laboral al estilo de la serie “Suits”. Con el paso de los años, este tópico se esfumó al ir aprendiendo que el verdadero Derecho en España nada tiene que ver con lo que vemos en las películas americanas. Lo que sí que no podíamos imaginar, al igual que nadie, es que en marzo de 2020 llegaría una pesadilla que no olvidaríamos nunca: el Covid-19, una pandemia mundial. Eso sí que era típico de una película de Netflix.
Fechado en 8 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia ha puesto en circulación, para su posterior consulta pública una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (SP/LEG/29544).
La tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha dado un giro inesperado de última hora.
Entre los requisitos exigidos por el artículo 1261 CC. para la existencia de un contrato, se encuentra la causa de la obligación que se establezca. En el caso de una compraventa de un bien inmueble, al tratarse de un contrato oneroso, esa causa se representa, en la entrega del bien por el vendedor y el pago del precio por el comprador.
La finalidad de este proyecto es otorgar una tramitación más ágil y rápida a determinados concursos consecutivos, que aunque tratándose de procesos en los que no hay bienes en la masa activa para liquidar, se tratan como si los hubiera de modo que estos concursos están tardando mucho más de lo que deberían en concluir.
Legislativamente hablando, el año 2021 nos está trayendo una avalancha de normas de todo orden que no resulta fácil de asimilar. No te has acostumbrado a una cuando de inmediato se publica la siguiente. Periodo de sobresaltos legislativos, en el que resulta imprescindible leer desde el título de la norma hasta su firma, por cuanto en muchos casos, sus disposiciones adicionales o finales contienen reformas de enjundia que pueden pasar desapercibidas respecto del texto principal de la ley.
El seguro de comunidades de vecinos es uno de los tipos de seguros más complejos. Los vecinos comparten diversas instalaciones, pero mientras que hay comunidades que comparten amplias zonas verdes, piscina, garaje y hasta gimnasio, otras apenas tienen la escalera, el ascensor, la fachada y el tejado como elementos comunes.
El pasado sábado, día 10 de julio, el BOE ha dado luz a la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, entrando en vigor el pasado domingo día 11, con la salvedad del apartado correspondiente a las sanciones que lo hará a partir del 1 de octubre de 2021.
Aunque la mediación sigue un esquema más o menos consensuado en las siguientes etapas:
La lectura de una reciente sentencia de la AP de Burgos de 29 de marzo de 2021 (SP/SENT/1101498), aunque no es la primera, como veremos, que se ha pronunciado al respecto, me ha hecho recordar la polémica existente, hace años, en los que ya señalaba la preocupación de aplicar la literalidad del 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal teniendo en cuenta que, el citado precepto legal señala, en el supuesto de actividades molestas, “ Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente la violencia (SP/LEG/34154) introduce novedades en materia de violencia de género, estableciendo medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima respecto a la infancia y adolescencia y de una manera integral.
Ante la compra de un inmueble con deudas con la comunidad de propietarios; ¿Qué precio ha de considerarse como de adquisición a los efectos del IRPF? ¿Las deudas con la comunidad de propietarios son determinantes de un mayor valor fiscal del inmueble?
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del TJUE de fecha 03/06/2021, dictada en el asunto Tesco Stores, C-624/19[1], en la que se declara que “el artículo 157 TFUE[2] debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo en litigios entre particulares en los que se invoca la vulneración del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un «trabajo de igual valor», al que se refiere ese artículo”.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 en su disposición final novena autorizaba al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a disponer de 100.000.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia para ser implementados con urgencia en los compromisos financieros adquiridos en el ejercicio 2020 para atender a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, respetando la distribución acordada por la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de forma que el compromiso financiero para los ejercicios 2018 a 2021, ambos incluidos, se elevó a 1.473.629.658 euros.
El 12 de noviembre de 2019, publiqué en el blog de sepin el POST“La AP Madrid limita la extensión de los recursos de apelación a 25 folios ¿está justificada?” en el cual me hacía eco del Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).
Cuando alguien se pregunta quienes son los que peor lo pasan durante un divorcio, todo el mundo piensa en primer lugar en los cónyuges que han tenido que tomar esa decisión, que ahora ven como todas las ilusiones y los esfuerzos que pusieron en un acto con la intención de que fuera para toda la vida, de repente se caen como un castillo de naipes, y a la frustración de no poder salvar la relación se une el dolor, la pena y el varapalo emocional de romper esa unión. Pensamos que los niños o son muy pequeños para enterarse o son muy mayores y tienen capacidad de comprenderlo, sin embargo, son las mayores víctimas de la separación: su mundo, el hogar que hasta entonces habían conocido, se viene abajo sin que nadie, además, les pida opinión.
