El blog jurídico de Sepín

La respuesta a esta interesante cuestión nos la ofrece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015 (SP/SENT/7950587), que declara que lo realizado por el mandatario tras la extinción del mandato es nulo, al acreditarse que tal circunstancia era conocida por el mandatario cuando actuó como tal.

En el caso que comentamos, se interesó en la demanda que se declarara la nulidad de pleno derecho de tres escrituras de hipoteca otorgadas por el mandatario en virtud de un poder concedido por su madre en el año 1999, revocado con posterioridad, en el año 2000, revocación que fue debidamente notificada.

Hace unos días desayunamos con la noticia de que los miembros de estos grupos musicales que marcaron una época en el panorama musical en la década de los 90 se encontraban detenidos en Chile, país al que habían acudido a celebrar unos conciertos.

Muchos se preguntaban el porqué, y que es lo qué iba a ocurrir ahora con ellos, y la razón es muy sencilla, la entrada en un

La climatología tan adversa de este invierno de 2015, con una acumulación de nieve fuera de lo habitual, unas fuertes rachas de viento, y el desbordamiento de ríos en algunas provincias, están provocando múltiples daños, que podrían ser compensados de la siguiente manera:

Desde 2013 se vienen sucediendo noticias acerca de las “futuras reformas” en materia penal. El Ministerio de Justicia llegó a presentar los borradores de una revolucionaria Ley Orgánica del Poder Judicial y la subsiguiente Ley de Demarcación y Planta Judicial, que iban a dar un giro extraordinario al sistema judicial actual. De forma casi paralela se presentó también un nuevo Código Procesal Penal, que es como se denominaría en el futuro la norma que desde finales del Siglo XIX conocemos como Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que estaba llamada a derogar y sustituir. Tras la dimisión del anterior Ministro, estas revolucionarias reformas procesales, aparentemente, quedaron almacenadas en la despensa.

Sin embargo, el nuevo titular de la cartera se ha propuesto impulsar determinadas reformas, otorgándoles una tramitación fulgurante, de tal forma que las mismas han de resultar aprobadas antes de las próximas elecciones generales

Es evidente que el papel de los abuelos en nuestra sociedad tiene cada vez más peso, son un pilar fundamental de la familia como nos mostró la Directora de Sepín Familia, Natalia García, en su artículo Los abuelos: el refuerzo familiar necesario (SP/DOCT/18705).

Cuando se produce una crisis familiar, en algunos casos se ven apartados del contacto diario con sus nietos, y deben recurrir a los Tribunales para que les sea reconocido el derecho a seguir relacionándose con ellos, recogido en el Libro II del Código Civil de Cataluña (SP/LEG/6607) en su art. 236-4.2: “Los hijos tienen derecho a relacionarse con los abuelos, hermanos y demás personas próximas, y todos estos tienen también el derecho de relacionarse con los hijos. Los progenitores deben facilitar estas relaciones y solo pueden impedirlas si existe una justa causa”.

Partiendo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2011 (SP/SENT/648203), veremos las respuestas que la jurisprudencia ha dado a estas situaciones, teniendo en cuenta siempre la protección del interés de los menores, principio inspirador, como ya hemos visto en otras ocasiones, para la resolución de los conflictos familiares.

María José Polo Portilla

Directora de Sepín Propiedad Horizontal. Abogada

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la cuota marca la identidad individual de cada piso o local; sin ella no se puede hablar de propiedad privada y singular, de tal manera que la Comunidad podrá reivindicar como elemento común todo aquello que no figure con carácter independiente y con asignación de coeficiente, dejando a salvo la utilización personal que se pueda hacer de determinadas zonas, como consecuencia de disposición estatutaria, por ejemplo, del jardín de los bajos o de las terrazas de los áticos.

¿Quién fija esta cuota?

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Una vez más quiero dedicar este post a un precepto que contiene la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y que no encuentra parangón en ningún otro orden jurisdiccional; me estoy refiriendo, como claramente se infiere de la rúbrica de este post, al art. 139.3 de esta Ley rituaria.

Dice el precepto indicado que “La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”. Así pues, en la jurisdicción contencioso-administrativa se prevé la posibilidad de que el órgano judicial, en su fallo, limite la cuantía de las costas que se impogan.

Como vemos, tal y como se redactó el precepto, estamos ante una facultad discrecional puesta en manos de Jueces y Magistrados, pues no sólo no se especifican supuestos o criterios para hacer uso de la misma sino que ni siquiera se exige que dicha limitación deba conllevar una motivación específica

Días atrás apareció en la prensa una noticia cuyo titular indicaba que un Juzgado había dictado la primera sentencia en España relativa a inhibidores de radar. El titular de la noticia no es del todo exacto, pues, si bien en efecto el nudo gordiano de la resolución judicial se refiere a dichos aparatos, en el caso concreto enjuiciado lo que se venía a efectuar es la revocación de una resolución sancionadora de la Dirección General de Tráfico porque confundió un dispositivo de ayuda a la conducción con un inhibidor de radar.

En efecto, los hechos objeto de análisis en la Sentencia de 30 de enero de 2015 dictada por el Juzgado

Si bien las viviendas de protección oficial tienen establecido un precio máximo de venta tanto para la primera transmisión como para las segundas o posteriores, conforme la legislación que les sea aplicable dependiendo del tipo de vivienda ante el que nos encontremos, en muchas ocasiones ocurre que dicho precio, cuando se produce la segunda o posterior venta no se respeta, figurando en el contrato un precio superior al legalmente establecido, siendo la cuestión a resolver, si el incumplimiento de una normativa administrativa tiene efectos en el ámbito civil.

Si observamos la jurisprudencia, vemos que la postura actual mantiene que el simple hecho de establecer ese sobre precio, en principio y desde el punto de vista civil, no tiene ningún efecto sobre la validez del contrato, siempre y cuando, se den todos los requisitos de validez legalmente exigidos para los contratos de compraventa, es decir, consentimiento, objeto y causa, y que el comprador conociera que la vivienda adquirida estaba sometida al régimen de protección oficial.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 02/12/2014, recaída en el Recurso nº 97/2013, y que como viene siendo habitual cuenta con un voto particular al que se adhieren seis magistrados.

“Idealmente, el trabajo del mediador se conduce a través de sus preguntas. Cuando realiza sus preguntas el profesional no da consejo o instrucciones de qué hacer. El cliente al expresar las respuestas las hace suyas. Usar las preguntas es una manera de ayudar a los clientes a mantener el control sobre el contenido de la conversación”.

 John Haynes

Si hay algo que caracterice a un mediador es el uso de la pregunta. Se dice que es la herramienta por excelencia y esta afirmación no va desencaminada. El uso de la pregunta es una técnica básica a partir de la cual es posible conocer la realidad de cada una de las partes en relación con el conflicto, conocer sus intereses. Asimismo, abre la posibilidad de encontrar la mejor solución para los mediados y va a permitir al mediador obtener información, no solo del contenido de la disputa, sino también de la relación y

El Tribunal Supremo declara, en Sentencia de 3 de diciembre de 2014, la paternidad no matrimonial sobre dos hijas ya mayores de edad y la no caducidad de la acción ejercitada. La verdad biológica se impone así, forzadamente, frente a quien era su padre y había venido ejerciendo como tal durante toda su vida. ¿Tiene esto sentido?

La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, publicada el 28 de noviembre de 2014 en el Boletín oficial del Estado, ha modificado la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el ámbito de los arrendamientos urbanos, concretamente en el alquiler de vivienda, han sido reformadas varias cuestiones que dejan atrás “la política de impulso al alquiler” como proclamaba la Ley 4/2013 de 4 de junio, que modificó la LAU 29/1994. El Gobierno justificaba esta medida apuntando que “la situación ha cambiado en el mercado de alquiler”, por lo que es conveniente limitar ese «tratamiento no neutral» que recibía este régimen.

Como punto de partida, debemos indicar que estas modificaciones solamente afectan a los contratos firmados desde el 1 de enero de 2015, es decir, no se aplicará con efectos retroactivos:

En este país en  el que todo está en venta a precio de saldo, precisamente a las mismas corporaciones  que ocasionaron la debacle financiera origen de esta crisis, son cada vez más habituales las cesiones de créditos.

Una separación o divorcio no solo supone una nueva situación en la relación existente hasta el momento entre los cónyuges y entre estos con sus hij@s, sino que de la misma nace una nueva relación de cada uno de los cónyuges con Hacienda, en concreto en sus respectivas declaraciones y comunicaciones con Tributos, de la que dista bastante el romanticismo.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los excónyuges deberán tener en cuenta en sus declaraciones las particularidades de la tributación de las reducciones y deducciones por unidad familiar que serán de aplicación, el tratamiento de la prestación por alimentos y las posibles reducciones por pensiones compensatorias que hubieran de proceder.

La legitimación, tanto activa como pasiva, sin duda suscita problemas prácticos: la delimitación del concepto y su distinción con otros presupuestos procesales, el momento de su alegación, la subsanabilidad o no de su falta, la posible apreciación de oficio, el momento de su resolución o finalmente si determina el acceso al Tribunal Supremo por la vía de casación o del recurso extraordinario por infracción procesal son muchas de las cuestiones suscitadas, aunque esto último lo dejaremos para otro post.

Los casos de corrupción de políticos que desde hace tiempo vienen saltando a nuestros periódicos han conseguido que el término “imputado” ya esté en boca de todos los ciudadanos, tanto, que su concepto estrictamente procesal -dirigido a describir la existencia de una investigación judicial en la que aparece un indicio mínimo que implica al individuo, que es llamado a prestar declaración acerca de los hechos que indiciariamente se le atribuyen-, ha pasado a convertirse en su mentalidad en un término con connotaciones negativas, peyorativas o estigmatizantes, y en definitiva, está contribuyendo de forma inconsciente pero decisiva a deteriorar la imagen social de las personas que en general se dedican a eso que se llama “la política”.

El Presidente del Gobierno ya ha manifestado en diversas ocasiones que rechaza esa idea generalizada de asociar el concepto de corrupción con la clase política; que solo se trata de casos aislados, y que es preciso recobrar la confianza del electorado y limpiar la imagen del político. Para empezar, y junto con las medidas de lucha contra la corrupción