El blog jurídico de Sepín

Introducción

Una de las novedades más publicitadas de las introducidas por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha sido la relativa a la posibilidad de que los órganos judiciales puedan conocer del delito de allanamiento de morada durante el servicio de guardia bajo la modalidad de diligencias urgentes. Así, parece ofrecerse una respuesta legislativa rápida y contundente a la evidente preocupación actual que envuelve a todas aquellas modalidades delictivas que afectan al derecho de propiedad inmobiliario. No obstante, precisamente la rapidez referida ha resultado en una reforma legislativa deficiente e incompleta que viene a ofrecer más interrogantes que certezas. Es por ello que conviene efectuar un análisis pausado del texto de la norma con el objetivo de evidenciar una serie de dudas que abarcan a diferentes operadores jurídicos que serán los que, a fin de cuentas, se vean obligados a aplicar el tenor literal de la ley.

Introducción

El desarrollo del presente ensayo requiere comenzar tratando de dar respuesta a una pregunta que ha sido objeto de discusión por gran parte de la doctrina. Sin embargo, la indeterminación propia de la respuesta constituye uno de los condicionantes más evidentes de la diaria lucha policial y judicial contra la violencia de género. Precisamente, es la necesidad de definir ese concepto, violencia de género, la que guía en última instancia las reflexiones que trataré de plasmar en las páginas siguientes.

Constituye una obviedad por mi parte, necesaria sin embargo para una introducción adecuada a este texto, afirmar que la instrucción penal configurada en nuestro ordenamiento jurídico pivota sobre una serie de finalidades fundamentales entre las que se encuentra la adopción de todas aquellas medidas encaminadas a asegurar el resultado del procedimiento. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), en su art. 13, ya permite vislumbrar esta realidad cuando señala:

I. Introducción y estructura

Ya lo decía el anuncio de unos grandes almacenes, en un loable (aunque en ocasiones, vano) esfuerzo por fomentar el entusiasmo de los más pequeños por la vuelta a las aulas: “volver a empezar, otra vez”. Sin embargo, esta vuelta al “cole” pretende ser más movida e intensa de lo habitual y, además, parece que deberemos habituarnos a incorporar “nuevos amigos”. El nuevo año judicial trae consigo nuevas normas que pretenden suponer un antes y un después en la tradicional concepción de los delitos sexuales que se ha manejado, hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico. De forma prácticamente paralela a los discursos que se pronunciaban en el salón de plenos del Tribunal Supremo por parte de S. M. El Rey, el presidente del CGPJ o el Fiscal General del Estado, el Boletín Oficial del Estado publicaba el que ha venido siendo, en términos normativos, el “buque insignia” de los proyectos legislativos impulsados por el departamento ministerial de Igualdad que dirige Irene Montero: la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (SP/LEG/38227) (en adelante, LOGILS).