Llega a nosotros una breve Sentencia, esta vez dictada por el TSJ Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª (SP/SENT/848721), que nos parece interesante destacar.
En febrero de 2014 ya dimos cuenta en este blog de la reforma de la llamada Justicia Universal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (SP/LEG/14069), de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 15 de marzo de 2014, y de las críticas surgidas desde entonces, que dan por finalizada la Justicia Universal en España, salvo en casos muy “residuales”. De hecho, la mayoría de los procedimientos abiertos en esas fechas resultaron sobreseídos por aplicación de dicha reforma.
Leyendo la reciente Sentencia de 18 de marzo de 2016, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, firmada por el magistrado el Excmo. SR. D. Fernando Pantaleón Prieto, en la que se condena a la empresa explotadora de una discoteca por los daños causados a un cliente cuando pisó un cristal roto en la zona de acceso a los baños, que atravesándole la zapatilla se le clavó en la planta del pie izquierdo, llama la atención la argumentación para aplicar la denostada responsabilidad objetiva en el ámbito civil.
Ya escribí sobre las reformas introducidas en este régimen por la Ley 5/2015. Allí expuse, en una primera aproximación, lo que parecía más evidente. Un año más tarde y tras su aplicación, hay otros aspectos no tenidos en cuenta en ese primer estudio; entre ellos, las excepciones para poder votar cuando un propietario es moroso; en este caso no es que hayan cambiado, siguen siendo las mismas pero ahora ya no es necesaria la concurrencia de los dos requisitos, impugnación y consignación, estos se configuran de forma alternativa, no obstante, salvo este importe matiz, el resto de la problemática sobre la privación de este derecho fundamental sigue siendo la misma: veamos cuándo se da, cómo se computan las votaciones en estos casos y, como no, estas excepciones.
La obligación principal de todo comprador, ya sea de bien mueble o inmueble, es el pago del precio por el objeto que se le va a entregar dentro del plazo estipulado, pudiendo las partes establecer, en el propio contrato de compraventa, de forma expresa, que el incumplimiento de dicho deber por el adquiriente dará lugar a la resolución de pleno derecho por parte del vendedor, o, en caso de no quedar establecido de forma expresa, se deberá acudir al art. 1.124 CC, para determinar si nos encontramos o no ante una causa de resolución.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de abril de 2016, recaída en el rec. 2874/2014, en cuya parte dispositiva se estima el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina interpuesto por los trabajadores, frente a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 27 de mayo de 2014 (rec. 697/2014), en la que se confirma íntegramente el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de los de Barcelona con fecha 16 de mayo de 2013, en el concurso voluntario de acreedores 293/2013, en el que se acordaba la extinción colectiva de contratos de trabajo de la empresa Estructuras MAVI, S. A., en situación de concurso de acreedores, con la extensión y efectos que en el mismo se contienen.
En los delitos de violencia de género recogidos en los artículos 148.4, 153.1, 171.4, 172. 2 y 3, 172 ter. 2 y 173.2, 3 y 4 del Código Penal, así como en la atenuante de parentesco del artículo 23 del mismo texto nos encontramos con que la definición del tipo está basada en que la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia. Sin embargo, en ningún momento se explica qué se entiende por “análoga relación de afectividad”, en qué exactamente debe consistir esta analogía para que un delito que ocurre en el seno de la pareja o tras su ruptura se entienda que participa del tipo de los delitos de violencia de género.
Cada cierto tiempo aparece un tema controvertido que sacude a la comunidad mediadora.
Esta es una de las cuestiones más difíciles, comprometidas y polémicas ante la que nos podemos enfrentar. Aunque en España los procesos concursales están a la orden del día, su complejidad, matices, trámites y decisiones de enorme trascendencia a tomar ocasionan que, en algún momento, percibamos que no es tan firme el suelo que pisamos. Por el mérito y el intenso trabajo que supone revertir esta situación es por lo que dedicamos este post a la reedición de la obra que lo consigue: la “Guía práctica del proceso concursal, 2016”:
El Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 13 de abril de 2016 (SP/SENT/850635) acoge la modificación de una custodia materna y fija un sistema de guarda y custodia compartida. No es una sentencia más sobre este régimen, pues modifica los requisitos jurisprudenciales para su adopción y, además, responde a las siguientes cuestiones: ¿Es necesario acreditar un cambio sustancial de circunstancias? ¿Basta con que el interés del menor lo aconseje? ¿Es la edad en sí misma una variable a considerar?
En el post del mes anterior escribía sobre los locales en las Comunidades de Propietarios, señalando que, en la generalidad de los supuestos, existe libertad de destino de los mismos, de tal modo que, si nada figura en el Título Constitutivo o los estatutos de comunidad, los propietarios podrán emplearlos para el fin que consideren oportuno; así, en estos espacios se podrán desarrollar, en principio, todo tipo de actividades.
Sin entrar a valorar los daños colaterales que la denominada “burbuja inmobiliaria” ha producido, lo cierto es que los inmuebles urbanos en España, en concreto las transacciones de pisos, garajes y locales, en los últimos tiempos, sufre del desfase patente entre el precio de mercado y el valor del inmueble a efectos administrativos y que afecta, entre otros, al Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IMIVTNU) que tratamos en las presentes líneas.
Partimos de la base de que a la firma del contrato de arrendamiento urbano existe obligación de constituir fianza en metálico, como señala el art. 105 del Texto Refundido de 1964 para los arrendamientos anteriores al 1 de enero de 1995 y el art. 36 LAU 29/1994 para los posteriores, estableciendo un mes de renta para las viviendas y dos para los arrendamientos de uso distinto. Esto sin perjuicio de que las partes, además, puedan pactar otro tipo de garantías adicionales, conforme al apdo. 5 de este último precepto.
En el presente post queremos destacar una interesante sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a subrayar la consideración de los Policías Locales como Policía Judicial, en su condición de colaboradoras con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A estas alturas todos los letrados somos conscientes de que se nos avecina un nuevo modelo de recurso de casación contencioso-administrativo, instaurado mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y que supondrá un giro de 180º respecto al actual sistema.
Sirva este post para recordar a muchos Letrados la obligatoriedad de llevar nota de prueba a las audiencias previas de los juicios ordinarios. No se incluye esta nueva exigencia en el juicio verbal porque obviamente en este procedimiento la proposición y práctica de la prueba se realiza sin solución de continuidad en la propia vista y no tendría la misma utilidad.
