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Una de las medidas más impactantes en el ámbito de los arrendamientos urbanos aprobada por el Gobierno en los últimos años ha sido la limitación extraordinaria en las actualizaciones de renta, introducida en el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (SP/LEG/37052).
La reforma operada por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (SP/LEG/43799), más conocido como el Reglamento de Extranjería no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral, de las personas extranjeras en España.
El Tribunal Supremo abordó el control de abusividad sobre el IRPH en sus sentencias 595/2020, (SP/SENT/1071879), 596/2020 (SP/SENT/1073879),597/2020 (SP/SENT/1072461), y 598/2020, todas ellas de 12 de noviembre y, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, se pronunció sobre los parámetros que debían tomarse en consideración a fin de determinar si el índice de referencia superaba el denominado doble control de transparencia.
Un primer parámetro de transparencia venía determinado por la publicación del IRPH en el BOE, ya que la publicación en el Boletín Oficial permitiría al consumidor medio entender que dicho índice de referencia se calculaba atendiendo al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda. Al venir publicado el IRPH en el BOE esté primer requisito se entendía debidamente superado.
El segundo parámetro de transparencia se articuló entorno a la información que la entidad prestamista hubiera facilitado al consumidor sobre la evolución que dicho índice de referencia había mantenido en el pasado. No obstante, el Tribunal Supremo aclaró que la falta de cumplimiento de este parámetro no conllevaba la nulidad per se del referido índice: de no haberse suministrado la información preceptiva, se abría la puerta a que los Juzgados y Tribunales pudieran entrar a valorar si el índice incorporado a un contrato de préstamo hipotecario era abusivo y, por ende, nulo[1].
Y, para determinar si el IRPH era abusivo y, por ende, nulo, por causar un desequilibrio importante en los derechos de los consumidores contrario a la buena fe, el Tribunal Supremo aclaró que el control de contenido no se podía limitar a comparar la evolución del EURIBOR con el del IRPH -y del resto de índices-, ya que la evolución más o menos favorable del índice de referencia durante la vida del préstamo no podía ser determinante para apreciar su carácter abusivo, al no caber un control sobre el precio del contrato -vid. sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020, C-452/18-.
A día 12 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid ha publicado una nota de prensa sobre la información detallada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre que podrán seguir accediendo a la zona de bajas emisiones (ZBE) ciertos vehículos "A" hasta diciembre de 2025. Por la gran cantidad de dudas que ha generado esta declaración, se presentan en este post de manera esquemática cuales van a ser estos “privilegiados”.
La utilización en exclusiva por uno de los propietarios de un inmueble, con la consiguiente imposibilidad para el resto de poder utilizar ese bien, es uno de los problemas más comunes que surge cuando estamos ante un inmueble de titularidad común entre varios copropietarios.
El artículo 182.d) LRJS dispone que la sentencia estimatoria, una vez declarada la existencia de vulneración del derecho fundamental,
El pasado 28 y 29 de noviembre se celebró en Madrid el VI Congreso Nacional de Derecho de Consumo, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC), patrocinado, entre otros, por la Editorial Jurídica Sepín, en el que he tenido el privilegio de participar en su organización.
Hemos de partir de la regla general, por la que, en el régimen de propiedad horizontal, si cualquier comunero pretende realizar una obra en elemento común, aunque este sea de utilización privativa, se requiere en principio, el previo acuerdo comunitario.
