El blog jurídico de Sepín

Hablaremos de lo que hoy, mayo de 2014, es aplicable, pues hay que tener en cuenta que existe un Proyecto de reforma del Capítulo III del Título V del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de mayo.

En la citada reforma, se vuelve a señalar que las notificaciones hay que hacerlas en el domicilio designado por el propietario, sin fijar límites geográficos, aunque se prevé en el art. 553.21.2 que la remisión se puede hacer por correo electrónico o por otros medios telemáticos de comunicación, o por correo postal siempre que se garantice la autenticidad de la comunicación, quizás la utilización de estos medios telemáticos, supere el problema de la fijación de un domicilio en el extranjero, pero surge un problema; pues si interpretación de este precepto  es que se requiere esta «fehaciencia», para todas las comunicaciones, haría inviable, económicamente, el funcionamiento de las Comunidades. Esperemos, por tanto que la citada interpretación sea otra o que se modifique el texto para  hacerlo más sencillo.

El objeto de este post es poner de manifiesto mi incredulidad, pesadumbre y desazón cada vez que tomo una pieza separada del Recurso de Suplicación y observo que un trabajador o un beneficiario de la Seguridad Social adjunta con su escrito de formalización del Recurso el documento acreditativo del abono de las tasas judiciales, aun cuando los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales de las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 28/11/2012 y del Tribunal Supremo de fecha 05/06/2013, ya establecieron que para la tramitación de los Recursos de Suplicación y Casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario, que interpongan Recursos de Suplicación o de Casación en el orden social.

Que se vaya caldeando el ambiente hasta derivar en gritos durante el relato del conflicto no es excepcional. Está extendida la sensación de que quién grita más en una discusión es quién lleva razón. Hay ánimo de desprestigiar a la otra parte, nos obcecamos en que se equivoca por eso y por lo otro e, incluso, a veces nos olvidamos de ofrecer nuestros contraargumentos. Defendemos nuestra postura mientras la otra parte se empeña en defender la suya. Nosotros estamos tan obnubilados por nuestro discurso, mientras la otra parte sigue con su propio monólogo, que hasta es posible que estemos buscando la palabra certera para hacer daño.

En mediación eso también pasa y mucho. Al principio la presencia un tercero (y un cuarto si es una comediación) suele cortar los ánimos, pero, de repente,

El descontento general por la crisis y sus secuelas, el paro, los desahucios, las preferentes, la corrupción de políticos de todos los colores, etc., viene generando desde hace tiempo un clima social de irritación que a veces desemboca en cólera. Todo ello se agudiza en fechas de campañas electorales, en que los políticos agitan los ánimos con sus declaraciones en mítines y televisiones, dirigidas a desacreditar al adversario y al partido político a que este pertenece, mas que a defender sus propios programas y propuestas. La última campaña electoral para el Parlamento Europeo es un claro ejemplo. Apenas se ha hablado de Europa. En fin…

Aquel ya arraigado clima de tensión y enfrentamiento mueve a algunos sujetos a dar un paso mas allá y adoptar actitudes violentas. Entre las mismas nos referimos hoy a aquellas que se exteriorizan a través de mensajes escritos en las redes sociales, principalmente en “Twitter” y “Facebook”, en que los autores en su gran mayoría se esconden bajo el anonimato

Ya se sabía o se podía intuir que tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y las modificaciones introducidas por la Ley 1/2013, tanto en la Ley Hipotecaria como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se iban a producir diferentes supuestos en los que el Juzgador iba a aplicar la normativa conforme a su propia interpretación.

Aspectos generales

El art. 42 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dice así:

“1. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género.

2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior”.

 El proceso de internacionalización de la economía­ ha experimentado una evolución creciente desde la entrada de nuestro país en la CE y en particular desde el momento de su participación de pleno derecho en la estructura financiera creada por el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria, y la consiguiente globalización financiera determinada por el Euro desde su entrada en vigor.

A partir de ese momento, se produce una aproximación de nuestra economía a las más avanzadas, que determina la necesidad de dotar al sector exterior de la competitividad y flexibilidad necesaria para no quedar descolgados en un mundo en que el mercado interior pierde capacidad de demanda, acuciado especialmente por la reciente crisis cuya salida aún apenas se atisba.

 Cuando se reformó la LOPJ por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, y se añadió a la norma orgánica la Disposición Adicional Decimoquinta por la que se instauraba el depósito obligatorio para recurrir, SEPIN ya señaló a través de sus consultas (SP/CONS/73604 y SP/CONS/74606) y colaboraciones doctrinales (SP/DOCT/4281 y SP/DOCT/13925) que la interpretación de los apartados sexto y séptimo de la citada Disposición suscitaría problemas.

 Así fuimos de los primeros en poner de relieve la polémica sobre la subsanabilidad o no del depósito para recurrir y publicamos las primeras resoluciones de nuestras Audiencias Provinciales sobre la materia. La duda era clara ¿era subsanable la simple omisión o incumplimiento del requisito del abono del depósito en la Preparación (o actual interposición) o sólo la falta de acreditación?

 ¿Se impondría la tesis de no considerar subsanable la pura omisión, sino tan solo la falta de su acreditación que venía sosteniendo la doctrina jurisprudencial que interpretaba el art. 449 LEC?

La respuesta es clara; sin duda, deberá pagar siempre el propietario. Es una de sus obligaciones como comunero, según señala la LPH en su art. 9.1 e), sin que las relaciones que este pueda tener por cualquier motivo vinculen en modo alguno a la Comunidad.

No obstante, señalo a continuación algunos de los supuestos con los que nos podemos encontrar.

Hoy, 13 de mayo de 2014, hemos conocido la esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso “Google vs AEPD” y el derecho al olvido.

Esta resolución responde a las cuestiones prejudiciales que la Audiencia Nacional planteó ante este órgano en el caso instado contra Google por un ciudadano español, el cual solicitó que al introducir su nombre y apellidos en la página no apareciesen los resultados relativos a una subasta de inmuebles que había sido resuelta 10 años antes y aparecía en una noticia periodística.

El pasado sábado se publicó la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa.

En términos generales, las principales novedades que presenta esta Ley son las siguientes:

Aunque no se conozca de común, todo arrendamiento de un inmueble que se encuentre exento de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido y cuyo destino principal sea el de vivienda, habrá de ser objeto de tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Así queda preceptuado en el art. 7.1 b) del RDLeg. 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que indica que “Son transmisiones patrimoniales sujetas (…) B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aeropuertos”.

En estos días, muchos ciudadanos están recibiendo en sus domicilios notificaciones en virtud de las cuales se les comunica que han sido designados como miembros de una Mesa Electoral, ya sea para ocupar el cargo de Presidente de la misma o el de vocales (titulares o suplentes), de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo.

Para determinar en un contrato de arrendamiento quién es el responsable de pagar los importes de impuestos que el inmueble arrendado lleva consigo, tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (antiguamente llamado «Contribución Urbana»), o bien las tasas de basuras o las de alcantarillado, entre otros, habrá que estar en primer lugar a la fecha del contrato, pues, dependiendo de esta, el régimen jurídico aplicable será distinto. No todos los impuestos son repercutibles.

El hecho de encargar a un taller mecánico la reparación de nuestro coche constituye un contrato de arrendamiento de obra en virtud del cual el taller se compromete a un determinado resultado (la reparación del vehículo), para lo cual es necesario la entrega del automóvil.

No es uniforme el criterio que las Audiencias Provinciales mantienen sobre si la estadía del vehículo en el taller mientras el propietario decide si lleva a cabo o no la reparación constituye o no un contrato de depósito, siendo numerosas las reclamaciones judiciales de los gastos producidos como consecuencia de dicha estancia.

Esta es la cuestión prejudicial que ha planteado recientemente la Sala 3ª del TS ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para entender la disyuntiva que se plantea dicha Sala, es necesario partir de la base de que el solicitante fue condenado a una pena de 9 meses de prisión por delito de violencia doméstica y lesiones, que posteriormente le fue concedida la suspensión provisional de la misma y que, al momento de la solicitud, tenía pendiente de resolver una solicitud de cancelación de antecedentes penales.

Además de la existencia de esos antecedentes penales, también es indispensable conocer