El blog jurídico de Sepín

La responsabilidad penal de Jueces y Magistrados. El caso del “preso olvidado”

Introducción

        

Hablando de la responsabilidad penal de Jueces y Magistrados, el delito por excelencia por el que estos suelen ser condenados, es el delito de prevaricación judicial, pero en el ámbito exclusivamente penal existen otros y hoy ha requerido nuestra atención a este respecto el delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público,

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La adopción de un acuerdo, en el régimen de propiedad horizontal de Cataluña, ¿vincula a todos los propietarios?

Debemos partir de un principio básico en el régimen de propiedad horizontal que será la respuesta a este interrogante: la Junta es soberana para la adopción de acuerdos, y una vez aprobados, vinculan a todos los propietarios así, a tenor de lo preceptuado en el art. 553.29 del CCCat (SP/LEG/3159), el acuerdo será ejecutivo desde el momento en el que se adopta, a diferencia de lo establecido la LPH dónde lo será desde el cierre del acta salvo que la ley previere lo contrario, como señala el art. 19.3 LPH (SP/LEG/1894).

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La desheredación por maltrato psicológico

Nuestro Código Civil regula la desheredación en sus artículos 848 al 857.Conforme a dichos preceptos la desheredación sólo podrá realizarse en testamento, en el que deberá recogerse la causa que será algunas de las que señala la ley.

En sus artículos 853, 854 y 855 regula las causas para desheredar a hijos descendientes, ascendientes y el cónyuge viudo. Sin perjuicio de la incapacidad por indignidad para suceder regulada en el código (art. 852).

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Próxima regulación del arrendamiento de temporada, habitación, viviendas turísticas y otros de corta duración

 

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, introdujo numerosas medidas respecto al arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con limitaciones respecto a la duración y prórrogas del contrato, la fijación de la renta y su actualización, incentivos fiscales e importantes modificaciones en los juicios de desahucio, ahora bien, no todos los contratos de arrendamientos de vivienda quedaban sujetos a esta regulación, ya que si atendemos a la definición del art. 2 de la LAU, deben recaer “sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.". En consecuencia, el arrendamiento de temporada, de habitación o las viviendas turísticas, no encajaban en la “necesidad permanente de vivienda” y no les sería de aplicación ni el plazo mínimo y prórroga legal del art. 9 y 10 de la LAU, ni las prórrogas extraordinarias de uno o tres años que añadió la Ley por el derecho a la vivienda. Tampoco la limitación de renta en caso de vivienda en zona de mercado residencial tensionado y arrendador gran tenedor de los nuevos apartados 6 y 7 del artículo 17, y los límites de las revisiones de renta, conforme el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo.

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En un accidente de trabajo, ¿la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas debe considerarse en todo caso como una imprudencia temeraria?

No. En relación a la conducción con dosis de alcoholemia, el Tribunal Supremo ha rechazado hacer una declaración general sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad,

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Sobre la compatibilidad de las circunstancias de alevosía y abuso de confianza para agravar la pena

Introducción

En el ámbito del Derecho Penal, la interpretación y aplicación de las agravantes es fundamental para garantizar que la normativa penal produzca efectos de manera equitativa y proporcional. Las agravantes son circunstancias que incrementan la gravedad de un delito y, por ende, la severidad de la pena. Su correcta aplicación es crucial para reflejar la magnitud del daño causado y para asegurar que las decisiones judiciales respondan adecuadamente a la naturaleza y circunstancias del delito.

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El Banco responde de las transferencias realizadas desde la cuenta online de la clienta que fue víctima de un SMS que la redireccionó a una página web espejo (phishing)

La AP de Asturias, en una reciente sentencia de 28 de mayo del 2024 (SP/SENT/1231248) realiza un interesante análisis sobre la responsabilidad de las entidades bancarias cuando sus clientes son víctimas de la estafa conocida como "phising", que suele consistir en un enlace incluido en un email o SMS, que redirige a una página web fraudulenta para que introduzca su número de tarjeta de crédito, DNI, la contraseña de acceso a la banca online, etc.

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El uso de los “elementos comunes de utilización privativa”

Aunque el título de este post pueda resultar redundante, el uso de la utilización privativa, considero que es importante conocer el alcance de este tipo de elementos que, siendo comunes, en el Título Constitutivo o por acuerdo de la Junta, se les ha otorgado un uso especifico, determinando una utilización privativa y, en la mayoría de los supuestos, excluyente para el resto.

No obstante, no puede desconocerse el citado carácter común y, por lo tanto, sometido a ciertas limitaciones, de tal modo que, será necesario comprender el significado y alcance de este uso.

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Falta de consideración a la parte contraria vs libertad de expresión del abogado: Doctrina del TS

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse nuevamente sobre la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de la defensa; cuestión que tantísimo afecta a nuestro colectivo, el de los abogados, durante nuestro ejercicio profesional, tanto en nuestras actuaciones en Sala, como en los escritos procesales que debemos formular y presentar a lo largo de un proceso. Y, esta vez lo ha hecho a través de su reciente Sentencia 1217/2024, de 8 de julio (SP/SENT/1230476).

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La prohibición de las viviendas turísticas en las Comunidades de Propietarios. Comentarios a las STS de 3 de octubre de 2024

  1. Supuesto de hecho y acción ejercitada en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 octubre de 2024

La sentencia nº 1232/2024, de la que es ponente el Excmo. Sr. don Pedro José Vela Torres, resuelve el recurso de casación interpuesto contra la SAP de Madrid (Sec. 10ª) de 6 julio 2022 (SP/SENT/1160676) por la comunidad de propietarios, revocando así la sentencia de la alzada y confirmando la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda interpuesta por la mercantil propietaria en ejercicio de una acción de impugnación de acuerdos de la junta de propietarios ex art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

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Competencia territorial y concepto de “centro de intereses principales” en procedimientos de insolvencia. STJUE, Sala Octava, 19-9-2024

En la presente resolución (SP/SENT/1231742) se plantean cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3.1 del Reglamento (UE) 2015/848 (SP/LEG/17813), en relación con el concepto de "centro de intereses principales" y "establecimiento".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) debe determinar si el lugar en el que el deudor gestiona de manera habitual y reconocible sus intereses es el criterio principal para determinar la competencia en la apertura de procedimientos de insolvencia.

El caso en cuestión surge de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia presentada por el estado federado de Berlín contra un deudor con múltiples domicilios en Alemania y el extranjero.

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La libertad de pactos sobre el arancel de la Procura y el control de abusividad

1. Introducción

El Real Decreto 434/2024, promulgado el 30 de abril del mismo año, representa un paso trascendental en el marco normativo que regula los derechos de los profesionales de la Procura en el territorio español. Este decreto, mediante su primer precepto, introduce una modificación de gran calado al conceder una libertad ampliada tanto a los procuradores como a sus clientes en lo referente a la negociación de la compensación por los servicios prestados. Esta libertad incluye la posibilidad de establecer acuerdos remuneratorios que puedan estar por debajo de los montos fijados en el arancel oficial. A primera vista, esta medida podría parecer sencilla, pero sus repercusiones se extienden de manera significativa en los ámbitos jurídico y económico.

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