El blog jurídico de Sepín

La AP de Asturias, en una reciente sentencia de 28 de mayo del 2024 (SP/SENT/1231248) realiza un interesante análisis sobre la responsabilidad de las entidades bancarias cuando sus clientes son víctimas de la estafa conocida como "phising", que suele consistir en un enlace incluido en un email o SMS, que redirige a una página web fraudulenta para que introduzca su número de tarjeta de crédito, DNI, la contraseña de acceso a la banca online, etc.

Aunque el título de este post pueda resultar redundante, el uso de la utilización privativa, considero que es importante conocer el alcance de este tipo de elementos que, siendo comunes, en el Título Constitutivo o por acuerdo de la Junta, se les ha otorgado un uso especifico, determinando una utilización privativa y, en la mayoría de los supuestos, excluyente para el resto.

No obstante, no puede desconocerse el citado carácter común y, por lo tanto, sometido a ciertas limitaciones, de tal modo que, será necesario comprender el significado y alcance de este uso.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse nuevamente sobre la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de la defensa; cuestión que tantísimo afecta a nuestro colectivo, el de los abogados, durante nuestro ejercicio profesional, tanto en nuestras actuaciones en Sala, como en los escritos procesales que debemos formular y presentar a lo largo de un proceso. Y, esta vez lo ha hecho a través de su reciente Sentencia 1217/2024, de 8 de julio (SP/SENT/1230476).

1. Supuesto de hecho y acción ejercitada en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 octubre de 2024

La sentencia nº 1232/2024, de la que es ponente el Excmo. Sr. don Pedro José Vela Torres, resuelve el recurso de casación interpuesto contra la SAP de Madrid (Sec. 10ª) de 6 julio 2022 (SP/SENT/1160676) por la comunidad de propietarios, revocando así la sentencia de la alzada y confirmando la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda interpuesta por la mercantil propietaria en ejercicio de una acción de impugnación de acuerdos de la junta de propietarios ex art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

En la presente resolución (SP/SENT/1231742) se plantean cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3.1 del Reglamento (UE) 2015/848 (SP/LEG/17813), en relación con el concepto de "centro de intereses principales" y "establecimiento".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) debe determinar si el lugar en el que el deudor gestiona de manera habitual y reconocible sus intereses es el criterio principal para determinar la competencia en la apertura de procedimientos de insolvencia.

El caso en cuestión surge de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia presentada por el estado federado de Berlín contra un deudor con múltiples domicilios en Alemania y el extranjero.

Descubre las implicaciones fiscales que conllevan la remuneración por la captación de nuevos clientes y programas de fidelización.

1. Introducción

El Real Decreto 434/2024, promulgado el 30 de abril del mismo año, representa un paso trascendental en el marco normativo que regula los derechos de los profesionales de la Procura en el territorio español. Este decreto, mediante su primer precepto, introduce una modificación de gran calado al conceder una libertad ampliada tanto a los procuradores como a sus clientes en lo referente a la negociación de la compensación por los servicios prestados. Esta libertad incluye la posibilidad de establecer acuerdos remuneratorios que puedan estar por debajo de los montos fijados en el arancel oficial. A primera vista, esta medida podría parecer sencilla, pero sus repercusiones se extienden de manera significativa en los ámbitos jurídico y económico.