El blog jurídico de Sepín

La reforma de la LECrim., adaptándose a la realidad del tiempo actual, impone la posibilidad de interceptación tanto de contenidos como de datos relacionados a accesos o contactos en los que intervengan prestadores de servicios de la sociedad de la información. Así se deduce con claridad de la lectura conjunta de los párrafos primero y tercero del art. 588 ter a, con su correlato en el art. 588 ter e.1. Existe una obligación de colaborar que alcanza al acceso a contenidos y datos de tráfico que se generen o que se conserven de ellos. Sin embargo, ello nos lleva, inexorablemente, a enfrentarnos a serios problemas de dimensión transnacional, y que afectarán, principalmente, a dos dimensiones hasta ahora ajenas al clásico esquema de la interceptación de las comunicaciones electrónicas:

Ser empresario tiene muchas dificultades y, por tanto, no está exento de tener conflictos. En este post se ofrece una serie de preguntas para valorar si sus problemas pueden resolverse a través de mediación:

En esta ocasión, hemos decidido dedicar el presente espacio al cobro de lo indebido, que nuestro Código Civil conceptúa como modalidad de “cuasi contrato” u obligación que se contrae sin convenio, y que contempla en el art. 1.895.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (SP/LEG/5720), vino a descargar a los Jueces y Magistrados de diversas tareas jurisdiccionales para traspasárselas a los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia, nuevas funciones que los mismos llevarían a cabo a través de dos tipos de resoluciones: diligencias de ordenación y decretos. En relación con estos últimos se estableció un régimen impugnatorio, en virtud del cuál frente a los mismos cabe la formulación de recurso de reposición, excepto en los supuestos concretos en que la ley establece expresamente la posibilidad de interposición directa de recurso de revisión. Aquel recurso de reposición lo resuelve el propio Letrado de la Administración de Justicia a través de decreto, contra el cuál ya no cabe interponer recurso alguno.

En primer lugar, habrá de estarse a lo dispuesto en el Título Constitutivo y a la descripción de la propia finca, como señala el art. 553-9 b) CCCat.

El pasado 1 de marzo de 2016 Arnaldo Otegui salió del centro penitenciario de Logroño, tras cumplir la condena de seis años y seis meses de prisión que le fue impuesta por el Tribunal Supremo, tras reducir la pena a la que había sido condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su pertenencia a la banda terrorista ETA. Desde el instante de su puesta en libertad se reavivó la información -que ya se venía anunciando por parte de sus allegados- de que iba a presentarse a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, pese a que las resoluciones judiciales dictadas determinaban que la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que también fue condenado se extinguiría el día 28 de febrero de 2021, es decir, dentro de casi cinco años.

El principio de presunción de inocencia es el derecho fundamental que tiene todo imputado en un proceso penal y por el que debe ser tratado como si fuese inocente hasta que una sentencia firme establezca su condena. Este principio, en nuestro derecho, se encuentra recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, así como en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la reciente Directiva (UE) 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

Es práctica habitual que una Cooperativa de Viviendas cuya finalidad es la de llevar a cabo todo el proceso constructivo de un edificio para posteriormente transmitirlos a sus socios, contrate a una empresa, denominada entidad gestora, cuya función es la prestación de servicios en relación con toda la asistencia técnica, económica, jurídica y administrativa que sea necesaria para llevar a cabo la promoción, debido a que normalmente, los socios cooperativistas carecen de esos conocimientos técnicos y legales.

Desde ayer, 15 de marzo de 2016, se suprime la exigencia de viajar con visado al Espacio Schengen a todos los ciudadanos peruanos que lo deseen.

Desde estas líneas quiero dar la enhorabuena a la organización, y a los ponentes por el excelente congreso sobre Derecho de Daños, al que tuve el placer de asistir, celebrado en el magnifico enclave del Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sito en Madrid, y con un elenco de participantes superlativo, como se verá a continuación.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo nº 65/2016, de fecha 03/02/2016, recaída en el Recurso nº 2576/2014, en cuya parte dispositiva se desestima el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, frente a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 2750/2014, de fecha 09/04/2014 (Recurso nº 16/2014), en la que se confirma íntegramente la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona, con fecha 18/09/2013 (Autos nº 147/2013), sobre reconocimiento de derecho e impugnación de las resoluciones del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

Me gustaría transmitir  mi experiencia de 16 horas de entrenamiento en “Mediación Transformativa “ con Joseph P. Folguer en las jornadas organizadas por Ágora Formación, en Madrid, los pasados 4 y 5 de Marzo.

Origen de la cuestión

El 26 de mayo del año 2010, la Junta General Extraordinaria del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Representación Gratuita y Turno de Oficio; dicho Acuerdo suponía que todos los Procuradores incorporados al I.C.P.M, salvo supuestos muy excepcionales, estarían adscritos al servicio de representación gratuita y venían obligados a las prestaciones profesionales correspondientes.

Entre los trámites que debemos cumplimentar cuando pretendemos vender nuestra propiedad, si esta se encuentra dentro de una Comunidad de Propietarios, está el de solicitar el “Certificado de deudas” que será necesario, como señala la LPH para el otorgamiento del documento público. No obstante, como luego señalo, siempre existe la posibilidad de inscripción de la compraventa en la que no se incorpora la certificación de la Comunidad de Propietarios de estar al corriente de los pagos, cuando la compradora lo acepta y exonera al vendedor, así se ha pronunciado la resolución de la DGRN de 25 de abril de 2012 (SP/SENT/677787) .

Aprovechando las últimas modificaciones en materia tributaria, realizamos un análisis práctico acerca de los impuestos que debe llevar un recibo de arrendamiento de un local de negocio, separado en dos bloques: por un lado, los supuestos en los que el arrendador es una persona física, y, por tanto, su renta está sujeta al IRPF, con independencia de si el arrendatario es persona física o jurídica; y,  por otro, cuando el  arrendador es persona jurídica, sujeto, salvo excepciones, al Impuesto de Sociedades.

Natalia García García y Ana Canturiense Santos

Departamento Jurídico de Sepín Familia

Se ha celebrado en Madrid los día 4 y 5 de Marzo el XXIII Encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia, bajo el lema: “Más reformas, nuevos retos”. Como siempre, un éxito de asistentes, donde pudimos coincidir, además de Abogados, Mediadores, Psicólogos, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y Magistrados, todos, sin duda, movidos por el interés y la vocación por el Derecho de Familia.

El Departamento TOP Jurídico Extranjería ha recibido hace poco una Sentencia (SP/SENT/833374) que confirma la denegación de la solicitud de concesión de la tarjeta de residente de familiar de ciudadano de la Unión Europea por carecer de residencia legal.

¿Cuál es el grado de parentesco de un sobrino por afinidad tras el fallecimiento de un tío político en el Impuesto sobre Sucesiones? Para la Administración Tributaria ninguno reduciéndolo a un vínculo social frente al legal.

Una de las consecuencias de la introducción del uso de las redes sociales en la cotidianidad de nuestra vida es el aumento de los litigios derivados de su mal uso.