Recientemente hemos conocido la sanción por la Agencia Española de Protección de Datos a Facebook INC y a WhatsApp INC. En dicha resolución, la AEPD ha impuesto una multa de 300.000€ a WhatsApp por ceder datos a la entidad Facebook sin el requerido consentimiento; y otra de la misma cantidad a Facebook, por realizar un tratamiento de dichos datos de carácter personal.
La dispensa de la obligación de denunciar y declarar, regulada en los arts. 261 y 416 LECrim., tiene su fundamento en el conflicto de intereses que se crea en los parientes de las personas investigadas en un proceso penal entre su deber como ciudadanos de comunicar unos hechos delictivos y la lealtad y afecto hacia su familia. Con este sentido se redactaron ambos artículos y se han venido aplicando hasta la actualidad. Este tema ya lo tratamos anteriormente en el artículo «Algunas cuestiones acerca de la dispensa de la obligación de declarar de las víctimas de la violencia de género«.
La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha publicado recientemente una nota informativa con ocasión de la celebración de la Semana Santa y recordando las previsiones que deben tener en cuenta los extranjeros que aprovechando estos días vayan a salir del país entre el 23 de marzo y el 2 de abril de 2018.
Antecedentes legislativos
Los derechos que se reconocen a las personas investigadas, detenidas y presas en el ámbito procesal penal se recogen en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus arts. 118 (derechos de los investigados y encausados) y 520 (derechos de los detenidos y presos). Ambos preceptos fueron reformados hace casi tres años, a través de dos normas:
La sentencia 148/2018, del Pleno del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de marzo, ha decidido sobre una cláusula que imponía todos los gastos por tributación del préstamo hipotecario al prestatario sin discriminación alguna, en el sentido de considerar que es una cláusula nula por abusiva.
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que afecta claramente a los arrendamientos urbanos y que entró en vigor el pasado 11 de marzo de 2018.
Una de las cláusulas más habituales que se incluyen en los contratos de intermediación inmobiliaria, es la denominada cláusula de exclusividad. Mediante esta estipulación, la agencia inmobiliaria, a la que se le encarga la realización de las gestiones necesarias para conseguir un comprador del inmueble, se asegura, que será la única que puede llevarlas a cargo, sin que el propietario pueda encomendar ese cometido a otro agente.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 81/2018, de fecha 31 de enero, recaída en el rec. 3914/2015, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto, ya que, como hemos tenido ocasión de analizar en anteriores ocasiones, ante la falta de concurrencia del requisito de contradicción que se exige en el art. 219 de la Ley 36/2011 , de 10 de octubre, “las causas de inadmisión se convierten en causas de desestimación si el procedimiento se halla en la fase de dictar Sentencia” [Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 20 de julio de 2017 (rec. 3358/2015); 30 de marzo de 2017 (rec. 2155/2015); y 29 de marzo de 2017 (rec. 2185/2015), entre otras].
La Directiva 2011/95/UE establece unos requisitos y un estatuto uniforme para los beneficiarios de protección internacional, ya sean refugiados, apátridas o personas con derecho a protección subsidiaria.
En esta Directiva, cuando introduce el concepto común del motivo de persecución “pertenencia a un determinado grupo social”, incluye, entre las causas que se tendrán debidamente en cuenta, la identidad de género y la orientación sexual, ya que pueden estar vinculadas a ciertas tradiciones jurídicas y costumbres de las que puede derivarse, por ejemplo, la mutilación genital, la esterilización forzada o el aborto forzado.
Hoy, 9 de marzo de 2018, entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), incorporando al ordenamiento jurídico interno así, con casi dos años de demora, las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, ambas de 26 de febrero.
Hace unos días, tuve la ocasión de coincidir con un grupo de compañeros en una formación sobre empresa familiar impartida por “Promediación”. A la palestra saltó el caso de la emblemática fábrica de porcelana de lujo valenciana, Lladró, que, debido a las desavenencias familiares, acabó con la fábrica y su prestigio en un fondo internacional que intentará dar un nuevo empuje a las pérdidas que acumuló.
En la mayoría de los Juzgados de España, cuando se presenta un juicio monitorio y el deudor se opone, se procede tal y como determina el art. 818 LEC.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
La renta obtenida por arrendamiento de un particular de un apartamento turístico deberá declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un rendimiento del capital inmobiliario (art. 21 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF; art. 30 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Bizkaia; art. 30 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Gipuzkoa y art. 30 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018 establece claramente cuando ha de empezar a computar el plazo de la acción de anulabilidad de un contrato de swap, basada en error de consentimiento, determinando que este plazo comenzará a partir de la consumación del contrato. La entidad bancaria oponía la caducidad de la acción
