De las infraestructuras hidráulicas a las infraestructuras jurídicas

En este contexto de devastación que actualmente lo preside todo, si realmente fuera posible y, en su caso, oportuno y pertinente, procurar una reflexión serena de lo sucedido en la Comunidad Valenciana, se podría alcanzar una primera conclusión que, sin duda, por su carácter objetivo sería compartida por la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Analizábamos en nuestro comentario anterior, como la DANA sufrida por la Comunidad Valenciana va a implicar la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos, en otros, su suspensión, unido ello al concepto de inhabitabilidad en el caso de las viviendas; quedando en un segundo término la posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus derivada de la situación extraordinaria e imprevisible que ha supuesto la DANA y que requerirá, en ocasiones, reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes en los contratos de arrendamiento de local de negocio. Sin embargo, el RD-ley 7/2024, de 11 de noviembre, dictado en el día de ayer que modifica el anterior RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre, nos obliga a volver a escribir sobre este asunto al añadir una cuestión jurídica de consecuencias difíciles de prever, al fijar una serie de ayudas a propietarios y arrendatarios por la destrucción de la vivienda o daños en enseres, condicionada a que la persona propietaria acepte la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento, se dice, en las mismas condiciones.

Centraremos nuestro post en el estudio en las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, ambas sobre custodia compartida, abarcando la segunda resolución el establecimiento de la vivienda familiar como casa nido. Cada una de ellas adjudica a la relación entre los progenitores un papel fundamental a tener en cuenta a la hora de resolver. Examinando en ambos casos la relación entre las partes, y la necesidad de entendimiento entre los progenitores para dictaminar en un sentido o en otro.

En el BOE del día 14 de noviembre se ha hecho pública la LO 5/2024, de 11 de noviembre del derecho de defensa (SP/LEG/43750) que entrará en vigor el día 4 diciembre de 2024.

El hecho de que el empresario venga obligado al abono de los salarios de preaviso no significa, para un sector de la doctrina judicial y científica, que esta última expresión suponga que su naturaleza sea salarial, sino indemnizatoria

En este artículo vamos a analizar si la medida de expulsión del extranjero condenado por delito doloso castigado en el ordenamiento jurídico con pena de prisión superior a un año, regulada en el artículo 57.2 de la LO 4/2000[1], en adelante LOEX (SP/LEG/2576), tiene o no periodo de prescripción, dado que se le ha negado su naturaleza sancionadora.

Como nos ocurrió con la pandemia del Covid-19, no resulta sencillo escribir sobre estas cuestiones estando tan reciente la tragedia vivida, sin embargo, se hace necesario recordar la experiencia anterior para evitar muchos de los errores cometidos y ser conscientes de que la situación, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es notoriamente diferente a la vivida con la pandemia.

I. Introducción

En el contexto de la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (en adelante, DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana, se ha observado un fenómeno perturbador: el aprovechamiento de desastres naturales para la comisión de delitos. La Fiscalía Provincial de Valencia ha respondido a esta crisis mediante una política de severidad extrema, solicitando la medida cautelar de prisión provisional para aquellos detenidos bajo sospecha de robo, saqueo y hurto en las zonas afectadas. Esta medida excepcional plantea diversas cuestiones desde el ámbito penal y ético, destacando la justificación de la prisión provisional en casos donde el delito se agrava por el aprovechamiento de una situación de desastre, en virtud del artículo 22 del Código Penal.

Las personas que hayan sufrido daños derivados de la DANA en Valencia, Castilla–La Mancha, Cataluña o Andalucía podrán solicitar las correspondientes indemnizaciones a las compañías de seguro, al Consorcio de Compensación de Seguros o aquellas ayudas que puedan establecerse por la destrucción de sus inmuebles y vehículos.

Desde estas líneas analizamos el tratamiento a efectos impositivos de ayudas e indemnizaciones percibidas por el siniestro natural de la DANA.

El reciente Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 (SP/LEG/43675), en su artículo 11, establece un sistema de ayudas directas para apoyar a las empresas y profesionales que se han visto afectados por este desastre natural.