-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
Analizamos la tributación en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de la operación por la que un local comercial se modifica a vivienda y la posibilidad de mantener criterios discordantes en su declaración.
Con la llegada del buen tiempo, no solo las carreteras y ciudades, también la sierra y diferentes espacios naturales, como la casa de campo, y otros, se llenan de entusiastas de las bicis que realizan rutas diversas. Pero es general el desconocimiento de las normas que regulan la circulación de estos ciclos por estas zonas, pues no pueden considerarse como parques y jardines públicos urbanos o como carreteras, calzadas o carril bici. Y es por ello, que en ests post se presenta la regulación a tener en cuenta para una convivencia adecuada entre naturaleza y deporte.
Ya hemos hablado en posts anteriores (Gastos hipotecarios: el TS establece que el inicio del cómputo de prescripción es desde la sentencia firme que declara la nulidad de la cláusula-TJUE: la acción restitutoria de los gastos hipotecarios comienza desde la sentencia que declara la nulidad de la cláusula) sobre el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios tras la Sentencia TJUE 25 de abril de 2024, asunto C 561/21(SP/SENT/1218384), Sentencia TJUE 25 de abril de 2024, asunto C 484/21 (SP/SENT/1218383) y la STS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 857/2024, de 14 junio (SP/SENT/1223942), que determinaron que, como norma general, el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de reclamación de devolución de los gastos hipotecarios comienza a contar desde que, la sentencia que declara la nulidad de la cláusula, adquiere firmeza, a no ser que, la entidad prestamista, consiga demostrar que el prestatario pudo conocer con anterioridad que, la concreta cláusula sobre gastos incorporada en su préstamo hipotecario, era abusiva.
Los tipos de obligaciones, mancomunadas y solidarias, se encuentran reguladas en los arts. 1137 y ss. del Código Civil (SP/LEG/2311). Aunque el Código solo contempla un tipo de solidaridad, la jurisprudencia ha creado las obligaciones in solidum o impropias para dar respuesta a determinados supuestos de responsabilidad extracontractual.
Tras varios años al frente de este blog de Propiedad Horizontal, son muchos los temas tratados, por eso, cuando mensualmente vuelvo a escribir, siempre lo reviso, para no repetirme, pues, aunque nunca sería igual, siempre trato de buscar sentencias recientes, y en esta materia la casuística permite nuevos comentarios, considero que, en la medida de lo posible, es más interesante abordar nuevos temas.
La medida de limitación o contención de rentas a nivel estatal fue introducida por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que regula aspectos esenciales del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La disposición final primera de la citada Ley reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, y añadió los apartados 6 y 7 al artículo 17, con el fin de establecer un régimen de limitación de rentas en las zonas de mercado residencial tensionado, que debían ser declaradas por cada Comunidad Autónoma, y que deberían regirse por el sistema de índice de precios de referencia. A estos efectos, el Ministerio de Vivienda y Agenda urbana (MIVAU), con fecha 27 de febrero de 2024 presentó el Índice de Precios de Referencia, que opera de manera estatal y sirve para cualquier Comunidad Autónoma. La herramienta para obtener el rango de valores de referencia de precios de alquiler de vivienda: Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda se encuentra habilitada en https://serpavi.mivau.gob.es/. La Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana aprobó el sistema estatal de índices de precios de referencia a efectos del artículo 17.7 de la LAU.
El 3 de enero de este año se publicó en el BOE la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), que viene, entre otras mejoras, a cambiar el modelo de órganos unipersonales creado con la Ley Orgánica del Poder Judicial (SP/LEG/2015) por un modelo de órganos colegiados —los Tribunales de Instancia—, que da una respuesta más acorde al modelo social actual, a crear y constituir las Oficinas de Justicia en los municipios, dotadas de medios tecnológicos, y a crear una justicia más participativa introduciendo mecanismos que reduzcan la judicialización de los asuntos —los MASC—.
Este ensayo examina la naturaleza administrativa de la emisión del certificado sucesorio europeo, con base en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de enero de 2025, dictada en el asunto C-187/23. Se analiza la prohibición de expedir el certificado en presencia de objeciones, la calificación de la autoridad emisora como no jurisdiccional y las implicaciones para la seguridad jurídica en las sucesiones transfronterizas. Se concluye que esta interpretación refuerza la fiabilidad del certificado, aunque plantea desafíos para la eficiencia procesal.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de febrero del 2025 estima los argumentos del contribuyente que, tras la ruptura de su unión de hecho, mantuvo la aplicación de la deducción de las cantidades destinadas en la adquisición de vivienda habitual, pese a la atribución del uso del inmueble a su hija y la progenitora custodia por resolución judicial.
Una de las cuestiones que más discusión ha generado durante los últimos años en el ámbito procesal (entiéndase el término discusión como una mera contraposición de criterios profesionales) ha sido la interpretación del art. 324 LECrim (SP/LEG/2487) y, especialmente, su aplicación en aquellos casos en que una diligencia tan trascendente como la declaración del investigado se ha acordado una vez que se ha agotado el plazo (originario o prorrogado) que nuestra ley habilita para la investigación penal.
