-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
En primer lugar, quiero aclarar a los lectores que, este post, será aplicable solo a las Comunidades regidas por la propiedad horizontal de Cataluña, no al resto, pues la respuesta al interrogante planteado será diferente si tenemos en cuenta la LPH estatal.
Hace justo veinte años que se aprobó por unanimidad, fruto del trabajo de todos los grupos parlamentarios y del colectivo feminista, la Ley Orgánica 1/2024, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral contra la violencia de género (SP/LEG/2884). La publicación de esta Ley sirvió para poner en el foco del debate social la violencia de género como un problema de Estado, así como para fijar un marco jurídico de protección que abarcara todos los ámbitos: civil, penal, social, administrativo, incluyendo el educativo.
Comentamos en estas líneas la sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 1626/2024, de 4 de diciembre. Recurso 7904/2023 (SP/SENT/1239271). Esta Sentencia del Pleno del TS, resuelve un caso sobre reconocimiento de paternidad derivado de un contrato extranjero de gestación subrogada, conforme a la legislación española y manteniendo el criterio de nuestro TS, a estos efectos la Sentencia, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 277/2022, de 31 de marzo. Recurso 907/2021 (SP/SENT/1138768).
En el Boletín oficial del Estado nº3, del día 3 de enero de 2025 se ha publicado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia (SP/LEG/44145).
