El blog jurídico de Sepín

Introducción

Una de las novedades más publicitadas de las introducidas por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha sido la relativa a la posibilidad de que los órganos judiciales puedan conocer del delito de allanamiento de morada durante el servicio de guardia bajo la modalidad de diligencias urgentes. Así, parece ofrecerse una respuesta legislativa rápida y contundente a la evidente preocupación actual que envuelve a todas aquellas modalidades delictivas que afectan al derecho de propiedad inmobiliario. No obstante, precisamente la rapidez referida ha resultado en una reforma legislativa deficiente e incompleta que viene a ofrecer más interrogantes que certezas. Es por ello que conviene efectuar un análisis pausado del texto de la norma con el objetivo de evidenciar una serie de dudas que abarcan a diferentes operadores jurídicos que serán los que, a fin de cuentas, se vean obligados a aplicar el tenor literal de la ley.

I. Introducción

El problema de la ocupación de inmuebles está lejos de encontrar una solución. Con una redacción vigente e inalterada desde la entrada en vigor de nuestro Código Penal (SP/LEG/2486), el actual art. 245.2 CP dispone que:

Introducción

El derecho del acusado a declarar en último lugar constituye un tema de indudable relevancia en el ámbito del proceso penal, no solo por su incidencia directa en la configuración del juicio oral, sino también por su profunda vinculación con los principios constitucionales fundamentales que informan el sistema procesal español. Entre estos principios, destacan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (SP/LEG/44145), ha introducido una reforma trascendental en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487), estableciendo de manera expresa la posibilidad de que el acusado declare en último lugar durante el juicio oral.

Introducción

La reforma operada por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (SP/LEG/43799), más conocido como el Reglamento de Extranjería no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral, de las personas extranjeras en España.

I. Introducción

En el contexto de la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (en adelante, DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana, se ha observado un fenómeno perturbador: el aprovechamiento de desastres naturales para la comisión de delitos. La Fiscalía Provincial de Valencia ha respondido a esta crisis mediante una política de severidad extrema, solicitando la medida cautelar de prisión provisional para aquellos detenidos bajo sospecha de robo, saqueo y hurto en las zonas afectadas. Esta medida excepcional plantea diversas cuestiones desde el ámbito penal y ético, destacando la justificación de la prisión provisional en casos donde el delito se agrava por el aprovechamiento de una situación de desastre, en virtud del artículo 22 del Código Penal.

Introducción

Hablando de la responsabilidad penal de Jueces y Magistrados, el delito por excelencia por el que estos suelen ser condenados, es el delito de prevaricación judicial, pero en el ámbito exclusivamente penal existen otros y hoy ha requerido nuestra atención a este respecto el delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público,

Introducción

En el ámbito del Derecho Penal, la interpretación y aplicación de las agravantes es fundamental para garantizar que la normativa penal produzca efectos de manera equitativa y proporcional. Las agravantes son circunstancias que incrementan la gravedad de un delito y, por ende, la severidad de la pena. Su correcta aplicación es crucial para reflejar la magnitud del daño causado y para asegurar que las decisiones judiciales respondan adecuadamente a la naturaleza y circunstancias del delito.

I. Introducción y antecedentes

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1ª) 89/2024, de 25 de abril, constituye una resolución judicial de considerable relevancia dentro del ámbito del Derecho Penal, especialmente en lo que concierne al tratamiento de la conspiración para cometer delitos contra el patrimonio. Su fallo se centra en el recurso de apelación interpuesto por D. Samuel, quien fue condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 4 de Pamplona/Iruña por conspiración para cometer un delito de robo con fuerza en casa habitada.

Introducción

Los artículos 139.1.1 y 140.1.1 del Código Penal (SP/LEG/2486) pueden dar lugar a entender que por un mismo hecho, el ataque a una persona vulnerable para acabar con su vida, supone dos agravaciones, por un lado el paso del homicidio al asesinato y, por otro, al asesinato hiperagravado que conlleva la pena de prisión permanente revisable.

No es disimulable la importancia de la prueba pericial en el proceso penal en tanto en cuanto instrumento dirigido a facilitar al Juez el conocimiento sobre “algún hecho o circunstancia importante en el sumario” para el que “fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos” (art. 456 LECrim).