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La LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), modificó el enjuiciamiento de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, si bien planteando algunas dudas en cuanto a la adecuación o duplicidad de procedimientos.
Pongamos que hablamos hoy sobre las declaraciones prestadas por una persona, que aún no ha sido requerida ante el órgano instructor en condición de investigado, ni tampoco ha sido detenida a los efectos de los arts. 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487); imaginemos que esa misma persona ha sido requerida a comparecer ante la policía debido a que su nombre ha aparecido (recordemos, no como investigado, perjudicado…) en el seno de una causa judicial ya instruida. Para colmo, una vez que acude al llamamiento policial, esa persona (un verdadero apátrida procesal) tiene a bien declarar ante los agentes policiales y que, exista la posibilidad, de un ulterior procesamiento y condena por esos mismos hechos.
Una de las cuestiones que más discusión ha generado durante los últimos años en el ámbito procesal (entiéndase el término discusión como una mera contraposición de criterios profesionales) ha sido la interpretación del art. 324 LECrim (SP/LEG/2487) y, especialmente, su aplicación en aquellos casos en que una diligencia tan trascendente como la declaración del investigado se ha acordado una vez que se ha agotado el plazo (originario o prorrogado) que nuestra ley habilita para la investigación penal.
En el ámbito del derecho penal, los casos que transitan desde una condena inicial hasta una absolución en instancias superiores no son meros incidentes aislados, sino ejemplos paradigmáticos de la complejidad inherente a la administración de justicia. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de Apelación Penal) 109/2025, de 28 de marzo (SP/SENT/1250879), en el marco del recurso de apelación número 279/2024, constituye un caso emblemático que ilustra esta dinámica. Daniel Alves, el futbolista al que la sentencia comentada se refiere como Secundino (resulta irónica la anonimización en este supuesto, aunque es totalmente correcta), enfrentó en primera instancia una condena por un delito de violación que le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión, acompañada de medidas accesorias como la libertad vigilada y la prohibición de acercamiento a la víctima, Rafaela. Sin embargo, este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante, TSJCAT) marcó una revisión judicial que culminó en su absolución, un desenlace que no solo alteró el destino personal del acusado, sino que también puso en el centro del debate principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.
Una de las novedades más publicitadas de las introducidas por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha sido la relativa a la posibilidad de que los órganos judiciales puedan conocer del delito de allanamiento de morada durante el servicio de guardia bajo la modalidad de diligencias urgentes. Así, parece ofrecerse una respuesta legislativa rápida y contundente a la evidente preocupación actual que envuelve a todas aquellas modalidades delictivas que afectan al derecho de propiedad inmobiliario. No obstante, precisamente la rapidez referida ha resultado en una reforma legislativa deficiente e incompleta que viene a ofrecer más interrogantes que certezas. Es por ello que conviene efectuar un análisis pausado del texto de la norma con el objetivo de evidenciar una serie de dudas que abarcan a diferentes operadores jurídicos que serán los que, a fin de cuentas, se vean obligados a aplicar el tenor literal de la ley.
El problema de la ocupación de inmuebles está lejos de encontrar una solución. Con una redacción vigente e inalterada desde la entrada en vigor de nuestro Código Penal (SP/LEG/2486), el actual art. 245.2 CP dispone que:
El derecho del acusado a declarar en último lugar constituye un tema de indudable relevancia en el ámbito del proceso penal, no solo por su incidencia directa en la configuración del juicio oral, sino también por su profunda vinculación con los principios constitucionales fundamentales que informan el sistema procesal español. Entre estos principios, destacan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (SP/LEG/44145), ha introducido una reforma trascendental en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487), estableciendo de manera expresa la posibilidad de que el acusado declare en último lugar durante el juicio oral.
La reforma operada por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (SP/LEG/43799), más conocido como el Reglamento de Extranjería no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral, de las personas extranjeras en España.
En el contexto de la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (en adelante, DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana, se ha observado un fenómeno perturbador: el aprovechamiento de desastres naturales para la comisión de delitos. La Fiscalía Provincial de Valencia ha respondido a esta crisis mediante una política de severidad extrema, solicitando la medida cautelar de prisión provisional para aquellos detenidos bajo sospecha de robo, saqueo y hurto en las zonas afectadas. Esta medida excepcional plantea diversas cuestiones desde el ámbito penal y ético, destacando la justificación de la prisión provisional en casos donde el delito se agrava por el aprovechamiento de una situación de desastre, en virtud del artículo 22 del Código Penal.
Hablando de la responsabilidad penal de Jueces y Magistrados, el delito por excelencia por el que estos suelen ser condenados, es el delito de prevaricación judicial, pero en el ámbito exclusivamente penal existen otros y hoy ha requerido nuestra atención a este respecto el delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público,
