El blog jurídico de Sepín

La STS de 18 de abril de 2023 (SP/SENT/1180353) cuyo ponente es el Magistrado Pedro Jose Vela Torres, analiza un supuesto en el que tras ejercitar el socio su derecho de separación, se produce la devolución de aportaciones que realizó en ampliaciones de capital; veremos cómo se valoran estas condicionadas por la forma en la que ejercitó sus derechos de separación y de suscripción preferente. En el caso, la herencia yacente del socio, D. Lázaro, recurre contra la sentencia de apelación de la AP Cádiz, Sección 5.ª, que dimana del juicio ordinario n.º 453/2016, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Ceuta.

Vamos a analizar el auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba de 6 de marzo de 2023 sobre persona natural que solicita concurso voluntario y que se declara ex art 37 bis TRLC (SP/LEG/29544) sin masa. Hay concurso sin masa cuando concurren estos supuestos y por este orden:

a) Concursado sin bienes ni derechos legalmente embargables.
b) Coste de realización de sus bienes y derechos manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal.
c) Los bienes y derechos libres de cargas son de valor inferior al previsible coste del procedimiento.
d) Los gravámenes y cargas sobre bienes y derechos son de importe superior a su valor de mercado.

 

Transcurrido el plazo de 15 días del art 37 ter (SP/LEG/29544) sin que ningún acreedor solicite nombramiento de AC, el concursado solicita EPI (exoneración del pasivo insatisfecho) y nadie se opone.

La SAP Madrid, sección 11.ª del 28-2-2022 (SP/SENT/1172667) analiza el fraude del CEO y la responsabilidad del BBVA por realizar transferencias no autorizadas desde una cuenta corriente (cc) de UNÍSONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A (UNISONO) a un banco de China, que lo solicitara una administrativa de la mercantil era algo tan absolutamente irregular, que el banco debió tomar inmediatas medidas para detectarlo; Pero no hizo nada. Se trata de un tipo de estafa por la que un empleado, recibe un correo, supuestamente de su jefe, CEO, presidente o director en el que le pide ayuda para realizar una operación financiera confidencial y urgente, normalmente transferencias o para acceder a datos bancarios.

La sentencia n.º 5/2023 de 9-1-2023 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 Granada -de marcas, patentes y protección jurídica del diseño industrial-, resuelve un incidente concursal de oposición de la AEAT a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) a un deudor. Para ello como veremos a continuación se fundamenta en el art 178 bis de la Ley Concursal 22/2003 (SP/LEG/7986).

La STS, Civil sección 1 1-12-2022 (SP/SENT/1166742), a mi modo de ver con acierto, sobre la exclusión o no de la condición de deudor de buena fe a un concursado, persona natural, que dañó en una riña vecinal el vehículo de un tercero. Tal condición es requisito imprescindible para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. Tanto la previa SAP de Asturias, Sección 1.ª, núm.: 2418/2019, como de procedencia del Juzgado Mercantil n.º 3 de Oviedo (Gijón), denegaron al concursado la exoneración y su petición subsidiaria de aprobar, el Plan de pagos presentado, estimando oposición de TGSS y BBVA.

En este post pre navideño nos ha parecido importante y útil resaltar e incluir todo lo que está produciendo, a marchas forzadas, el Departamento de Mercantil y Concursal de nuestra Editorial jurídica, Sepín, en torno a la reciente reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.

La sentencia TS, Sala 1.ª, de lo Civil, Pleno, 579/2022, de 26 de julio (SP/SENT/1155337) vuelve a constituir un nuevo ejemplo de cómo el TJUE pide a nuestro Alto Tribunal una postura más ajustada a la Jurisprudencia comunitaria en una materia como la abusividad de las condiciones generales de la contratación, en contratos de adhesión seriados, que las entidades financieras suscriben con los consumidores y que tantísima repercusión y polémica generan y me temo, seguirá generando.

Adela del Olmo

Directora de Mercantil, Concursal y Reclamaciones bancarias de Sepín

La sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 365/2022, de 4 de mayo (SP/SENT/1144020) se podría resumir del siguiente modo, concurre caducidad de la acción de anulabilidad del contrato de adquisición de PPR (participaciones preferentes) y obligaciones subordinadas porque el plazo de cómputo comenzó cuando los suscriptores del contrato de adquisición conocieron la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y la imposibilidad de recuperar la inversión. Tampoco se estima el otro motivo peticionado de resolución del mencionado contrato porque el deber de información, que pesaba sobre el banco, se produce en fase pre- contractual y no contractual.