El blog jurídico de Sepín

Mucho tiempo estuvimos esperando la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y mucho hemos comentado durante este año en nuestro Blog de Sepín y en la Editorial dedicada a los arrendamientos urbanos desde hace más de 40, donde hemos analizado las cuestiones más polémicas y de actualidad. Recordamos que el 27 de abril de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley, y tras su remisión al Senado, el Pleno ratificó el mismo el 18 de mayo, sin admitir ninguna enmienda. La misma fue publicada en el B.O.E. el 25 de mayo de 2023 con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, conforme su disposición final novena, con la única excepción de la disposición final segunda "Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda", que entraría en vigor el 1 de enero de 2024.

Introducción

Este año 2024 han muerto siete menores a manos de sus padres víctimas de la llamada “violencia vicaria” en España; un número muy elevado si tenemos en cuenta que estamos solo en mayo y la cifra podría arrojar peores resultados a final de año.

El derecho a la desconexión digital viene reconocido en el art. 20 bis del Estatuto de los trabajadores (SP/LEG/18609), controlando los límites de la jornada laboral y garantizando un tiempo mínimo de descanso, evitando así la exposición de las personas trabajadoras a riesgos psicosociales con el fin de garantizar el derecho a la salud y a la intimidad personal.

1.- Planteamiento

El monitorio nació para ser un proceso sencillo que, como señalaba la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012), “resolviera de una manera rápida la protección rápida y eficaz el crédito dinerario líquido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños”.

Nos encontramos ante uno de los procedimientos más importantes de nuestro país, como ya he expuesto muchas veces en el Blog de Sepín, al menos cuantitativamente y los números lo avalan. Sus cifras demuestran que, durante los 24 años de vigencia de la norma rituaria civil, el monitorio no ha parado de crecer.

El art. 18 de la LPH, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, introdujo, este requisito para poder impugnar el acuerdo, haber salvado el voto en Junta.

Esta expresión fue objeto de numerosas interpretaciones, pero el Tribunal Supremo, como veremos, ya se ha pronunciado al respecto, así, podría entenderse que no hay duda alguna, que no tiene sentido aclarar nada, máxime teniendo en cuenta que este tema ya fue tratado en un post anterior. No obstante, tras una consulta que llegó a sepín, considero que merece la pena dedicarle unas líneas esperando que, su lectura haga que no se cometan errores y, de este modo, los propietarios, se puedan ver impedidos de ir en contra de lo acordado en Junta, mediante la correspondiente impugnación, en el caso de que, se consideren con posibilidades de defender la citada acción judicial para anular un acuerdo comunitario.

El RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCYU) regula de forma general el derecho de desistimiento en los arts. 68 a 79, y también lo desarrolla específicamente en los arts. 102 a 108 para los contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.

I. Próximas reformas penales anunciadas

El nuevo Decreto Ley 6/2024, de 24 de abril, de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Generalitat de Cataluña, con entrada en vigor el 26 de abril de 2024 y pendiente de su convalidación en el plazo de 30 días, introduce entre varias medidas, un nuevo artículo 66 Bis en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, concretamente en el Capítulo VI sobre “Transmisión y arrendamiento de la vivienda”, con la denominación “Arrendamientos para uso de vivienda”, que es objeto de análisis en estos comentarios.

El TJUE, con fecha de 25 de abril de 2024, ha dictado dos nuevas sentencias sobre el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios y el momento en que debe empezar el inicio del cómputo.

Es frecuente que para el control de las cargas o finanzas domésticas, las familias opten por tener más de una cuenta bancaria, la individual de los respectivos cónyuges, las de hijos e hijas a las que se destinan el ingreso del sueldo, pensión, salario o paga y, en lo que interesa en estas líneas, otra cuyo destino de los fondos es en exclusiva afrontar los gastos del hogar (alquiler, gas, luz, agua, etc.).