El blog jurídico de Sepín

Desde el año 2006, cada 28 de enero celebramos el día internacional de la protección de datos personales, fecha en la que debemos recordar los derechos y obligaciones que corresponden tener todos los usuarios digitales, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos ha aprovechado la ocasión para presentar el  PACTO DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, cuyo objetivo es promover el compromiso firme con la privacidad en las políticas y modelos de negocio de las organizaciones, garantizando la protección de datos en la innovación, la ética y competitividad empresarial.

Ayer, 27 de enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Estado el último paquete de medidas sociales aprobadas por el gobierno para paliar los efectos generados por el coronavirus en nuestro país. El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, donde se adoptan importantes actuaciones como la ampliación de  los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, el  refuerzo a las ayudas a los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo y por último una nueva prórroga de los contratos y moratoria de las rentas de alquiler de vivienda.

Hechos enjuiciados

El caso enjuiciado en la STS, Sala Segunda, de lo Penal, 701/2020, de 16 de diciembre (SP/SENT/1076863) es el ya conocido como “Caso Gabriel”.

Si bien la jurisprudencia ha declarado de forma unánime que la acción de nulidad de una cláusula abusiva es de carácter imprescriptible, así como que el hecho de que el préstamo hipotecario esté cancelado, no afecta a la posibilidad de entablar la acción de nulidad y de reclamación, la cuestión problemática y en la que nuestros tribunales no se ponen de acuerdo, es si la acción de reclamación de la devolución de los gastos hipotecarios abonados en virtud de la cláusula nula, está sujeta o no a un plazo de prescripción y en caso de estarlo, desde cuándo debe computarse.

Esta es la curiosa situación sobre la que se ha tenido que pronunciar la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en una sentencia que, pese a que fue dictada el pasado 27 de noviembre, acaba de ser publicada (SP/SENT/1078906).

Cada vez que se habla de fomentar la mediación, siempre hay alguien que pone el foco en los mediadores, apuntando a que si la mediación no termina de integrarse en nuestro sistema es porque falta “excelencia” en la formación de estos profesionales analistas del conflicto.

La situación climatológica adversa sufrida en los últimos días ha obligado a las empresas y compañías a tomar decisiones excepcionales, siendo muchos los consumidores que se han visto afectados por las mismas. De hecho, el Ministerio de Consumo en una nota informativa publicada el pasado 9 de enero (SP/DOCT/108193) ha instado a las compañías de viajes, agencias y operadores a que, a causa del temporal Filomena, actúen con flexibilidad y den la posibilidad de cancelar u ofrecer alternativas a las personas consumidoras que puedan verse afectadas.

Son muy frecuentes los contratos celebrados por distintas entidades, empresas automovilísticas, bancos y empresas financieras vinculadas al sector automovilístico para financiar la adquisición de automóviles.

Aunque es este un tema ya tratado en otras ocasiones, no está exento de polémica, por lo que nos ha parecido apropiado volver a escribir al respeto aclarando algunas dudas que parecen seguir existiendo.

Aunque todavía es pronto para evaluar todos los daños causados por Filomena, ya que van a ir surgiendo muchos perjuicios derivados del temporal, como lesiones por caídas por el hielo, lucros cesantes, daños en vehículos por derrumbe de nieve o de ramas, etc.., si pueden establecerse ciertas pautas sobre la asunción de ciertos deterioros en viviendas.

El pasado 23 de diciembre el BOE publicó dos importantes Reales Decretos que afectan directamente a los arrendamientos urbanos, el 35/2020 a los de locales de negocio y el 37/2020 a los de vivienda, ambos de 22 de diciembre, el segundo, que comentamos a continuación, denominado de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 1080/2020, de fecha 03/12/2020, recaída en el RCUD nº 1518/2018[1], en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 91/2018, de fecha 08/02/2018, recaída en el Recurso de Suplicación nº 836/2017[2], interpuesto por la parte actora frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de los de Madrid nº 214/2016, de fecha 12/04/2016, en sus Autos nº  372/2015, en materia de prestaciones de Seguridad Social.