Conforme a lo establecido en el art. 164 del RDLeg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS - SP/LEG/18667) la responsabilidad en el pago del recargo no es asegurable por parte del empresario.
La autorización judicial para la entrada en domicilios, constitucionalmente protegidos y declarados inviolables es una institución jurídica regulada y sobre la que existe una prolífica jurisprudencia emanada de los más altos Tribunales y que ha sido tratada con igual habitualidad por la doctrina científica; hace ya una década, analizábamos los requisitos de las entradas en domicilio es este mismo blog (Autorización judicial para entrada en domicilios: ¿y qué se entiende por domicilio?).
Introducción
La fijación de la cuantía es una exigencia ineludible en casi todos los procedimientos civiles y sirve para muchas finalidades entre las que se encuentran: determinar el procedimiento, la competencia, la necesidad o no de postulación, la recurribilidad en apelación… o, finalmente, fijar el importe que servirá de base a las costas.
Definición del nuevo derecho de garantía de la intimidad informática, en el que se limita a la Administración Tributaria en actuaciones de incautación, precinto y volcado de información contenida en un ordenador.
Tras finalizar el VIII Congreso organizado por ASEMIP sobre la "Protección de la infancia y la Parentalidad positiva" quiero, a través de esta crónica, dar a conocer los temas abordados por los distintos expertos que intervinieron en el mismo, así como:
Los seres humanos tenemos la tendencia a evadir todo aquello que nos genere incomodidad. Pensamos y posponemos demasiado, antes de abordar esas situaciones mientras la tensión se acumula y el descontento crece, y acaban convirtiéndose en conflictos por no haber sostenido a tiempo estas conversaciones incómodas pero imprescindibles.
La duda de cómo realizarla, es un problema habitual en las Comunidades, por lo que existe numerosa casuística al respecto, tanto doctrinal como jurisprudencial, pues en el régimen de propiedad horizontal estatal, no es preceptivo, en ningún supuesto, que las notificaciones o requerimientos se hagan de forma fehaciente, aunque en algunos supuestos, como veremos, sea recomendable, por eso, cobra mayor importancia la prueba. ¿Cuándo, dónde y cómo debe realizarse?
Dña. Marí Juana, propietaria de una vivienda sita en la Comunidad de Madrid, sufrió una inundación causada al rebosar agua con espuma desde su inodoro en junio de 2018, procediendo el agua de la red de saneamiento comunitario. Esta situación comenzó a repetirse con una frecuencia de dos o tres veces por semana, causando daños en el cuarto de baño, daños que se van agravando al ser la situación continuada.
Recientemente los 27 Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para la elaboración de un nuevo Reglamento de Crisis. Se trata de un conjunto de propuestas legislativas que ya fueron presentadas por la Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020 para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).
Es necesario que en el ámbito de la exoneración se incluyan aquellas que eventualmente puedan dimanar de un proceso ejecutivo contra los posibles inmuebles que vaya el deudor a mantener en su propiedad.
La concesión automática de indemnizaciones en aquellos casos en los que se vulneran los derechos fundamentales de las personas elimina la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas en busca de pruebas irrefutables que puedan corroborar esta situación, otorgándoles así la compensación pertinente sin poner demasiadas trabas en el proceso. La intepretación de estas concesiones bajo casos de vulneración del derecho a la igualdad a la hora de denegar los derechos de conciliación laboral por parte de la empresa, temas de vital importancia para un abogado laboralista Sevilla, ha cambiado por completo desde la emisión por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del 25/05/2023.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con entrada en vigor el 26 de mayo, ha modificado aspectos fundamentales en los arrendamientos de vivienda, uno de ellos, sin duda, es la limitación extraordinaria en la actualización de la renta durante los años 2023, 2024 y 2025.
La Disposición Final Sexta de la citada Ley modifica el art. 46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, precepto que ya indicaba en su Preámbulo: "Teniendo en cuenta la evolución reciente del Índice de Precios al Consumo, se hace preciso adoptar medidas para evitar, en el marco de un mismo contrato, un excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda, al utilizar de referencia para actualizar anualmente la renta un índice cuya evolución obedece a elementos del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito de la vivienda, por lo que se considera necesario establecer una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulada en el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos…"
Nuestro Código Civil no contiene una norma expresa, de carácter general, que regule las relaciones de vecindad entre fundos, si bien contempla, dentro del título destinado a las servidumbres legales, la mayor parte de las obligaciones y restricciones derivadas del derecho de vecindad recogidas en la sección denominada «De las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones.», concretamente en sus artículos 589 a 593, ambos inclusive. Servidumbre legal, por la que se establece la prohibición de edificar o realizar determinadas plantaciones en finca propia por poder afectar al dueño de la finca colindante.
El Código Civil, en su art. 405, determina que, la división de la cosa común, no afectará a terceros, que seguirán conservando los derechos de hipoteca, servidumbres y cualquier otro derecho real que le pertenecieran antes de hacer la partición. Y de igual forma, se establece que los derechos personales que tenga un tercero contra la comunidad, se conservarán.
La valoración de los medios económicos siempre ha sido conflictiva al venir referenciada, a veces al IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples), a veces al SMI (Salario mínimo interprofesional), lo que tiene consecuencias diversas.
