El pasado 24 de mayo de 2019, el BOCAM publicó la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por las que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de viviendas (17.040.000 euros), correspondientes al año 2019. siendo el plazo de solicitud desde el 27 de mayo al 14 de junio, ambas fechas incluidas.
Introducción
Hace ahora un año empresas y usuarios españoles estábamos inmersos en un caos como consecuencia de la entrada en aplicación, el 25 de mayo de 2018 (2 años después de su aprobación y publicación) del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (SP/LEG/19835), más conocido por Reglamento de Protección de Datos o simplemente por sus siglas, GDPR (versión inglés) o RGPD (versión española).
Hace poco nos plantearon a través del servicio de consultas una cuestión muy interesante relacionada con la posibilidad de invocar el art. 1.124 CC para solicitar la resolución por incumplimiento del contrato de préstamo hipotecario ante el impago de las cuotas.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 294/2019, de fecha 04/04/2019, recaída en Recurso nº 1865/2018, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el FOGASA, y se confirma la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede de Burgos nº 135/2018, de fecha 14/03/2018, recaída en el Recurso de Suplicación nº 74/2018, en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por FOGASA, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Burgos con fecha 19/10/2017 en los Autos nº 353/2017 seguidos a instancia de la trabajadora en materia de despido.
Como ya ocurrió en el post anterior, nuevamente tenemos que hacer referencia a una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona, si bien, en este caso la cuestión planteada trata sobre la posibilidad de acudir al juicio de desahucio por precario por el adjudicatario de la vivienda ante el mantenimiento de la posesión por el propietario ejecutado.
Apuntes personales previos
A través del departamento de consultas de SEPÍN hace unas semanas un suscriptor nos preguntaba diversas cuestiones relacionadas con un procedimiento por abusos sexuales supuestamente cometidos por un sacerdote respecto a un menor a quien impartía catequesis. La cabeza me trasladó a dos profesores conocidos por mí, de dos distintos colegios; uno ya condenado y el otro actualmente investigado por actos delictivos similares perpetrados en los centros en los que impartían enseñanza. En su momento no me podía creer las respectivas noticias que sucesivamente me llegaron. Me impactaron mucho. Ambos eran profesores que consideraba ejemplares y estuve convencido durante un tiempo de que esas noticias sólo podían obedecer a una terrible equivocación. Así pensábamos todos quienes les conocíamos. Pues no; las noticias resultaron ser reales, aunque sigo con los ojos como platos.
Las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre indemnización de daños y perjuicios, en caso de incumplimiento contractual al comercializar productos financieros, están intentando despejar las dudas y aclarar los conceptos de pérdida patrimonial y de daño indemnizable. Esto sucede porque muchas Audiencias Provinciales están manteniendo criterios distintos, en unos casos se reconoce el derecho de la entidad financiera a obtener la devolución de los rendimientos pagados a los titulares de los productos, (deuda subordinada y participaciones preferentes), durante la vida del contrato, pero en otros casos se deniega bajo razonamientos y motivaciones diversas.
La realidad siempre va por delante de la situación jurídica consolidada. Estoy segura de que antes de que se regulase la custodia compartida ya existían familias en que los progenitores se repartían los cuidados y estancias de sus hijos de manera equilibrada, pero con un régimen legal de custodia monoparental y visitas para el progenitor no custodio. Eso, entre otras cosas, provocaría llegado el momento que se regulara de manera legal la custodia compartida y se incluyera en el art. 92 del Código Civil.
Que un divorcio es una de las experiencias más traumáticas por las que puede pasar un ser humano, ya no nos cabe duda. Además de la debacle emocional se unen numerosos dilemas y variables para tener en cuenta. Una de ellas es añadir la tenencia de animales domésticos en el hogar.
Para Tributos, que un inmueble tenga consumos de electricidad escasos es un motivo suficiente para abrir un procedimiento de comprobación y proceder a su eliminación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la deducción por la adquisición de vivienda habitual, con devolución de las cantidades incorrectamente deducidas. Recordemos que desde el 1 de enero de 2013 la deducción cuestionada solo se aplica por contribuyentes que venían deduciéndose las cantidades invertidas previamente o satisfecho cantidades para la construcción en fecha anterior.
Tal como expresa la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, “Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.
Las cuestiones comunitarias han de ser sometidas a Junta de propietarios y será en las citadas reuniones cuando, mediante los correspondientes quorum que señala la LPH, se adopten los acuerdos.
El 12 de abril de 2019, el BOCAM ha publicado el Decreto 29/2019, de 9 de abril, que regula los Apartamentos y las Viviendas de Uso Turístico (VUT), con entrada en vigor el 13 del mismo mes, modificando parcialmente el Decreto de 10 de julio de 2014.
