La tendencia de alquilar por días o semanas la vivienda habitual para fines turísticos, unido al avance en nuevas tecnologías y la creación de empresas que a través de sus páginas web ofertan este tipo de alojamientos, ha dado lugar a un fenómeno imparable y lleno de polémica.
La figura del Coordinador de parentalidad surge en los Estados Unidos entre los años ochenta y noventa[1], cuando se plantea el problema creciente de un gran número de separaciones y divorcios que conllevan un riesgo elevado para los niños. Susan Boyne y Anne Marie Termini fueron las pioneras en desarrollar esta figura y quienes, tras su experiencia, crearon el primer manual de entrenamiento para futuros coordinadores de parentalidad en 2003. Una ADR (Alternative Dispute Resolution) centrada en los niños.
En los últimos días, y como consecuencia del anuncio de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, comúnmente denominadas elecciones «generales», se ha hecho virar en las redes sociales un mensaje que viene a decir, para aquellos pocos que aun no lo hayáis recibido, que la fecha de la convocatoria obedece a que el actual Presidente, para el caso de no ser reelegido, se aseguraría estar en el cargo al menos un año y, con ello, se generaría a su favor el derecho al cobro de un sueldo vitalicio.
El derecho de retracto de comuneros es la posibilidad que ofrece el Código Civil al copropietario de una cosa común, de subrogarse en la posición del comprador, cuando se produce la enajenación o dación en pago a un tercero de la parte de todos los demás cotitulares o de algún de ellos.
Tal y como establece el art. 49 LRSCySCVM la cuantía de la indemnización según los valores de las tablas se actualizará con el incremento del Índice de revaloración de las pensiones (IRP), sin necesidad de esperar a su publicación por la Dirección General de Seguros. En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, dicho índice se ha establecido mediante el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó a lo largo del pasado año 2018 dos sentencias de enorme relevancia para muchos de quienes participan como aspirantes en los concursos-oposiciones para el ingreso como personal estatutario de los Servicios de Salud.
El Anteproyecto ha tenido acogida desigual dependiendo desde el cristal con el que se mire.
En esta ocasión, hemos seleccionado la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1068/2018, de fecha 14/12/2018, recaída en el Recurso nº 3472/2017, por su interés, al determinar si el beneficiario de una renta activa de inserción, que no ha comparecido al requerimiento que le efectuó la Entidad Gestora para aportar determinada documentación, debe ser sancionado con la baja definitiva en el programa o con la baja temporal, por un mes, en el mismo[1].
Blockchain significa cadena de bloques, se trata de una base de datos asentada en la confianza de los participantes (nodos), en la que los registros (bloques) se encuentran cifrados y enlazados de tal manera que protegen de manera inalterable las transacciones realizadas, los nodos se conectan en redes per-to-per, que utilizan el mismo protocolo, estas se encuentran conectadas entre sí y son descentralizadas. Actualmente el uso más conocido es para operaciones financieras, como la conocida moneda virtual bitcoin, pero su alcance puede llegar a muchos ámbitos de nuestra vida junto con los smart contracts, de los que ya hablamos en otra ocasión. Las cadenas de bloques pueden ser privadas, donde para acceder necesitas la invitación o publicas en las que cualquier persona puede adherirse sin restricciones, como Ethereum.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad del art. 146 CC, la cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o medios del alimentante y a las necesidades del alimentista. Así, el mínimo vital se constituye como un concepto jurídico nacido de la doctrina jurisprudencial y no de la normativa. Este consiste en la cuantía mínima imprescindible para cubrir los gastos ordinarios de los menores. Con este mínimo, se pretende evitar casos como el de suspensión o extinción de la pensión alimenticia, para así salvaguardar el interés superior del menor y que no quede sin sus necesidades básicas cubiertas.
En el marco del procedimiento judicial contra una conocida franquicia dental, destacamos un importante Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional el 5-2-2019 por el que se adopta una medida cautelar consistente en la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del Grupo IDENTAL.
UNE, a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance tributario (que preside quien escribe estás páginas), ha redactado un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios de forma proporcional y que incluye la estructura de alto nivel de ISO.
La futura norma UNE “19602: Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” tendrá una doble finalidad. De un lado, proporciona pautas a las organizaciones (con independencia de su tamaño) para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar sus riesgos tributarios (uno de los principales que afectan a las personas jurídicas) y, en caso de producirse, facilita la creación de mecanismos de detección y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos.
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Cuando leí en el portal del Consejo General de la Abogacía el post «Consideración de excesivos los honorarios de letrado del demandante en asuntos de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios ¿Cómo afecta al consumidor?» de la compañera Cristina Vallejo no salía de mi asombro.
Pero bueno ¿cómo el Auto del Tribunal Supremo de 18/12/2018 fijaba los honorarios de letrado en 150 euros IVA incluido? ¿Hasta donde iba a llegar la valoración económica de nuestro trabajo profesional?¿estaba tan denodada la profesión de Abogado?
Luego leí en múltiples foros críticas y más críticas.
Tras los últimos acontecimientos acaecidos, fruto del descontento tanto del sector del taxi como de las VTC, así como de la nefasta regulación del legislador patente en los últimos decretos de ámbito autonómico y estatal, el presente comentario tiene como objeto la puesta en consideración de algunos aspectos que, gracias a la magnífica labor de la CNMC y la elaboración de su informe PRO/CNMC/003/18, puedo traer a colación para su análisis.
La llamada “doctrina Barbulescu” sobre la investigación de los “emails” de sus trabajadores ha llegado a la jurisdicción penal. La STS 489/2018, de 23 de octubre (SP/SENT/978410) la aplica en un supuesto en el que una empresa se querelló contra su directivo por deslealtad en la administración social.
El artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero (SP/LEG/2576) indica que teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, se podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España, dando habilitación a su vez, para establecer un número de visados de búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones. Por su parte, el reglamento de desarrollo (RD 557/2011, de 20 de abril – SP/LEG/7493-) configura en su artículo 169 el diseño de la norma que apruebe la gestión colectiva de contrataciones en origen estableciendo las particularidades que estime conveniente.
El principio de inmediación se recoge en el art. 137 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que dispone:
«1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente».
