Antes de contestar a esta pregunta vamos a dar marcha atrás en el tiempo.
El presente post tiene por objeto delimitar cuales son las consecuencias jurídicas para la regulación de las llamadas plataformas de prestación de servicios de Internet, en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017 (asunto Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain S.L)
A finales de diciembre se ha publicado en algunos medios de comunicación la noticia de la unión de varias cortes españolas para que España logre convertirse en el centro mundial del arbitraje internacional y de este modo, transformarse en una institución a la altura de Londres, sede tradicional del arbitraje europeo hasta que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea, o Nueva York.
El art. 1.967 CC establece un plazo de tres años para la prescripción de acciones correspondientes a los profesionales para exigir el pago de honorarios o retribuciones.
Para contestar a las anteriores preguntas, se debe acudir a la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos (LRCAV), que define el estacionamiento público como un espacio en un local o recinto del que es titular una persona, que cede, como actividad mercantil, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio. Por lo que, en principio, la vigilancia sí es obligatoria.
Establece el art. 1324 CC: “Para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges.”
La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, de 14 de diciembre de 2017, se ha pronunciado sobre la cláusula IRPH. Esta cláusula, presente todavía en muchos contratos de préstamo hipotecario, estaba siendo ampliamente debatida en múltiples procesos judiciales. En el caso resuelto por el Tribunal, la cláusula en cuestión recogía lo siguiente:
Estas líneas tienen una sola finalidad y es aclarar la normativa que hay que aplicar a los arrendamientos de “uso turístico” y de “temporada”. Este es un tema lleno de inquietudes, discrepancias y definiciones en las redes sociales, que no siempre parten de lo que la normativa legal establece y que tampoco cumplen las autoridades administrativas, como veremos más adelante. Pues bien, conviene aclarar, primero, lo que indican las Leyes que resultan aplicables y los derechos y obligaciones de las partes.
¿Un extranjero con autorización por cuenta ajena hasta el 27 de marzo de 2018 está obligado a solicitar una autorización de regreso por la salida de España durante el período navideño?
Dispone el art. 464 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
