Los contratos de crédito al consumo son aquellos dirigidos a los consumidores cuya finalidad consiste en financiar la prestación de un servicio o la compra de un bien, facilitando su adquisición, pues permite abonar lo adquirido pagando cómodas cuotas en función de las circunstancias personales del interesado.
Las nuevas Elecciones Generales previstas para el próximo mes de noviembre supondrán la cuarta ocasión en la que los electores somos llamados a las urnas en los últimos cuatro años.
Cada día resulta más frecuente encontrar esta modalidad de alquiler, son muchos los arrendatarios que, ante el disparatado importe del arrendamiento de una vivienda habitual, optan por residir en una habitación compartiendo servicios comunes como cocina y baño. Nos encontramos ante la alternativa a otros tipos de contratos de arrendamiento de vivienda, como el residencial o el de temporada, con rentas mensuales muy elevadas, y ni que decir tiene, con el arrendamiento turístico que, a la larga, igualmente resulta inviable.
Tanto el concepto de marca como el nombre comercial son signos distintivos que confieren al titular el derecho exclusivo y excluyente de uso de los mismos. La marca consiste en un signo utilizado para diferenciar los productos o servicios del comerciante, mientras que cuando hablamos de nombre comercial hacemos referencia a la identificación de la empresa en el tráfico mercantil (no debemos confundirlo con la denominación social que se refiere a la persona jurídica como sujeto de relaciones, derechos y obligaciones, inscribible en el Registro Mercantil). Tanto la marca como el nombre comercial son objeto de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
El juicio verbal sumario de suspensión de obra nueva, antiguamente denominado interdicto de obra nueva, tiene como finalidad la paralización de una obra que se está llevando a cabo por quien resulta demandado, ante la posibilidad de causar un daño o un perjuicio en la propiedad, posesión o cualquier derecho real del actor.
A. INTRODUCCIÓN
El pasado mes de abril se aprobó por el Parlamento Europeo la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción (whistleblower) con el voto favorable de una amplia mayoría de los miembros de esa Cámara. Esto supone que para el año 2021 los diferentes Estados han de acomodar sus legislaciones al modelo que introduce esta Directiva, que no solo contempla garantías para proteger a los denunciantes, sino que además introduce un elenco de características que han de reunir los canales de denuncias internos, que se establecen como obligatorios en determinados casos.
Todo contrainterrogatorio supone enfrentarnos a una situación difícil y complicada en la que van a intervenir numerosos factores, entre los que destaca la inicial oposición (hostilidad) del testigo a realizar concesión alguna a quien va a cuestionar el testimonio que este ya ha presentado durante el interrogatorio directo. Dicha hostilidad dependerá, a su vez, del tipo de cliente a interrogar, pues podremos encontrarnos con testigos que mienten voluntariamente (“testigos deshonestos”) en los que dicha hostilidad es mayor y otros que lo hacen de forma involuntaria (por errores de observación, defectos físicos o psíquicos, sugestión, fallos de memoria, etc.) que llamaremos “testigos honestos” y cuya hostilidad es más reducida, siendo lógico que la forma de aproximarnos a uno u otro varíe notablemente.
*Parte II de este post disponible desde este enlace
La disparidad de legislación administrativa, sobre todo en materia de nuevas titulaciones, conlleva el desconocimiento general de las actuales categorías profesionales, no solo en lo referente a las ciencias de la salud. Por ello, se ha intentado recoger en este post su ordenación actual, porque siendo un alto porcentaje de causas judiciales las derivadas de la responsabilidad de los profesionales de la medicina, será fundamental delimitar sus funciones para establecer una posible extralimitación que pudiera ser considerada como causa de algún perjuicio.
Desde siempre, al adentrarnos en un territorio desconocido, los mapas han jugado un rol importante a lo largo de la historia ya que a través de dibujos o signos, se nos transmite una visión global de la realidad que nos permite ir en la dirección correcta, o utilizado como técnica, dimensionar mejor la situación existente.
Hasta hace aproximadamente una década nadie había oído hablar de los influencers y mucho menos de campañas publicitarias realizadas a través de éstos. En aquél entonces destacaban otros medios para llegar al público como la televisión, las vallas publicitarias o incluso la radio. Medios a través de los cuales la publicidad se abría paso para aumentar las ventas de productos y servicios de todas las marcas del mercado.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Constitucional nº 56/2019, de fecha 06/05/2019, recaída en el Recurso de Amparo nº 901/2018, en cuya parte dispositiva se estima el Recurso interpuesto por un funcionario de la Administración Pública, y en su virtud se declara que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la integridad moral ex artículo 15 de la Constitución, y se le restablece en su derecho y, en consecuencia, se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas.
Se han publicado hoy, 10 de septiembre, como estaba previsto, las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo sobre el índice de referencia IRPH.
Ya escribí en un post anterior sobre los elementos comunes, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.b) LPH, en el régimen de propiedad establecido en el art. 396 del Código Civil corresponde a cada piso o local: «La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de los restantes elementos, (entendiendo los no privativos) pertenencias y servicios comunes.»
Cuando hablamos de inmigración, de forma casi automática, todos pensamos en personas de edad adulta que vienen a nuestro país en busca de un futuro mejor. Debemos ser conscientes de que también llegan a territorio español menores de edad que no se encuentran acompañados por personas de edad adulta, y que también, buscan poder tener un futuro.
Tras la reforma introducida por el RDL 4/2014, de 12 de enero, el primer párrafo del art. 172 bis.1 dispone lo siguiente: “Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”.
Varias son las dudas que genera el tratamiento fiscal de la percepción de las costas procesales del vencedor en un juicio y, en concreto, sobre lo adecuado o inadecuado de la decisión de la Agencia Tributaria de considerarlas como una ganancia patrimonial a integrar en la base imponible general del impuesto, ya que no procede de la transmisión de elementos patrimoniales. ¿En todos los supuestos un contribuyente debe incluir en su IRPF la condena en costas a su favor?
La posesión desempeña un papel fundamental en la usucapión, pues es uno de los presupuestos exigidos en el Código Civil para que la misma pueda ser apreciada.
